Originario del estado mexicano de Chihuahua, Lozoya Austin comenzó a ganar el reconocimiento internacional por su labor de investigación y consultoría financiera y por la creación de un exitoso fondo de inversión.
En 1999 colaboró en el central Banco de México como analista responsable de la inversión de las reservas internacionales en valores; en el BID con la Corporación Interamericana de Inversiones, un mecanismo que promueve el desarrollo económico de América Latina y el Caribe a través del sector privado.
México, 13 feb (EFE).– Emilio Lozoya Austin, economista de buenas credenciales y miembro del primer círculo del Presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) como director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), está en el centro de la trama de supuestos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en México.
El que fuera director de Pemex de 2012 a 2016 fue detenido este miércoles en Málaga, España, tras meses de estar prófugo, acusado de recibir sobornos de Odebrecht en la campaña presidencial de Peña Nieto y participar en la compraventa irregular de una planta de fertilizantes.
Odebrecht habría pagado esa cifra millonaria a Lozoya para que en el futuro el Gobierno de Peña Nieto ganara una licitación valorada en 115 millones de dólares para remodelar una refinería.
Lozoya, de 45 años de edad, es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Además, tiene una maestría en Desarrollo Internacional de Harvard.
Hijo de Emilio Lozoya Thalman, funcionario del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Lozoya Austin fue de 2006 a 2009 director en jefe para América Latina del Foro Económico Mundial, que en el 2012 lo reconoció como uno de sus jóvenes líderes mundiales.
Originario del estado mexicano de Chihuahua, Lozoya Austin comenzó a ganar el reconocimiento internacional por su labor de investigación y consultoría financiera y por la creación de un exitoso fondo de inversión.
En 1999 colaboró en el central Banco de México como analista responsable de la inversión de las reservas internacionales en valores; en el BID con la Corporación Interamericana de Inversiones, un mecanismo que promueve el desarrollo económico de América Latina y el Caribe a través del sector privado.
Estas credenciales, con el enlace de Luis Videgaray, le abrieron las puertas del primer círculo de Peña Nieto cuando gobernó el Estado de México (2005-2011), más tarde lo acompañó en la campaña presidencial y en parte de su Gobierno (2012-2018).
En la campaña de Peña, Lozoya fue coordinador de Vinculación Internacional y en este cargo fue donde supuestamente Odebrecht le habría entregado unos 10 millones de dólares como contribución electoral, según testimonios de ex directivos de la constructora.
A la llegada de Peña a la Presidencia de México, Lozoya Austin tomó la dirección general de Pemex, un cargo que ocupó hasta febrero de 2016, y fue cuando ostentaba este cargo que se le acusa de la compraventa irregular de una planta de fertilizantes.
Su familia tiene un antiguos vínculos con el poder político de México. Su abuelo, Jesús Lozoya Solís, fue Gobernador interino de Chihuahua (1955-56); su padre, Emilio Lozoya Thalmen Secretario de Energía y titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con Salinas.
La dimensión internacional del caso Odebrecht se conoció a fines de 2016 cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que la constructora había admitido que pagó unos 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, incluido el propio Brasil.
La Fiscalía General de la República (FGR) de México confirmó este miércoles la detención de Lozoya Austin y recordó que llevaba varios meses prófugo de la justicia y en paradero desconocido y que contaba con una orden de captura internacional en su contra.
El pasado 6 de febrero, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) validó la inhabilitación a cualquier cargo público por 10 años impuesta contra Lozoya en mayo del 2019 por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
