Indígenas detenidos ilegalmente y torturados llenan las cárceles mexicanas por decenas. Muchos de ellos incluso están ahí sin sentencias, ese es el patrón documentado por organizaciones humanitarias.
En la próxima sesión del Comité Contra la Tortura de la ONU, el Gobierno mexicano –ahora encabezado por Andrés Manuel López Obrador– deberá responder por estas prácticas, plantear nuevas políticas públicas para erradicarlas y las acciones para reparar el daño cometido por años de negligencia.
Por Ángeles Mariscal
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 13 de febrero (Chiapas Paralelo/SinEmbargo).- Diego López Méndez fue detenido a los 20 años de edad, cuando se encontraba en su lugar de trabajo. La historia de su encarcelamiento incluye una detención sin orden judicial, golpes, descargas eléctricas, asfixia, objetos introducidos en las uñas.
“Lloraba yo de los golpes, sentía que me iban a matar. ‘Tú fuiste’, me decían. Hasta que ya no aguanté y dije: ‘yo creo que sí…’. Ahí dejaron de golpear”.
Lo acusan de homicidio. La única prueba en su contra es la declaración de un compañero de trabajo, al que detuvieron días antes y a quien, también a golpe de tortura, le pidieron diera el nombre de “sus cómplices”. “Yo no sé por qué dio mi nombre, pero luego me dijo que fue por los golpes, y me pidió perdón. Yo lo perdoné, porque a él también lo torturaron mucho”.
Su ex compañero de trabajo logró demostrar su inocencia y salió libre, pero el juez no supo cómo acomodar el proceso contra Diego y declararlo inocente, sin reconocer que había firmado una declaración autoinculpatoria, sin reconocer la tortura en su proceso.
En el expediente penal 59/2017 se señala que Diego fue detenido el 18 de julio de 2012 “por una orden de captura” expedida por una autoridad judicial. De manera contradictoria, el expediente dice también que Luis Abelardo Castro Cruz, primer secretario de Acuerdos, declaró que las autoridades ministeriales detuvieron a Diego “en flagrancia”.
Como el Diego, en México y en Chiapas se cuentan por cientos los casos documentados contra personas indígenas a las que se les obliga a declararse culpables de delitos a través de la tortura practicada por integrantes del aparato de justicia.
Representantes de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), organismo donde confluyen más de 200 organizaciones de la sociedad civil, visitaron hace unos días el estado de Chiapas, como parte de sus actividades previo a la sesión 66 del Comité Contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde el Gobierno mexicano será evaluado por 10 expertos en una audiencia de dos días que tendrá lugar el próximo mes de abril, en Ginebra, Suiza.
La OMCT prepara un “informe sombra” o alternativo al que presentará el Gobierno mexicano, mismo que será entregado a los expertos de la ONU, y servirá también como instrumento para la evaluación del país.
Uno de los temas que abordará el informe alternativo es justamente la desprotección de los pueblos indígenas frente a la tortura.
Los organismos que integran la OMCT aseguran que cuando se tortura a una persona, la otra víctima es la familia.
Eso se vuelve evidente en la comunidad Edén del Carmen, del municipio Ocosingo, ubicada a poco más de tres horas desde la prisión de San Cristóbal de las Casas donde está encarcelado Diego.
Ahí, Pedro López Martínez, padre de Diego, llora y lamenta no haber tenido los 15 mil pesos que les pedía el defensor de oficio que le asignaron a su hijo.
Con ayuda de un traductor, porque Pedro es hablante de tsotsil, el padre de familia lamenta su pobreza, que lo llevó a sacar a su familia del municipio San Juan Cancúc, y llevarla a Edén del Carmen, donde compraron un pequeño lote para construir la casa de madera y piso de tierra donde crecieron Diego y sus 5 hermanos y hermanas; y que aún habitan.
Pedro explica que Diego, el penúltimo de sus hijos, siempre fue muy inquieto y, empecinado en estudiar, pidió que le consiguiera una bicicleta para poder acudir a la comunidad cercana a cursar el nivel secundaria. Pedaleaba una hora y media de ida, y una hora y media de vuelta. Todos los días. Cuando terminó la Secundaría, Diego se marchó a trabajar a San Cristóbal de las Casas: “para ayudarnos a sobrevivir”.
“Un día vinieron a decirnos que estaba detenido. Yo no hablo español, por eso su hermana fue a verlo. Así empezó la tristeza… porque él es inocente pero lo habían golpeado mucho (…) Tuvo un abogado y después otro. Nos pidió (el abogado) 15 mil pesos para que lo liberarán, ¿pero de dónde iba yo a sacar el dinero?”, se lamenta.
En la habitación de madera, a un lado del fogón, Juana Méndez se sostiene constantemente la cabeza con las dos manos, la aprieta con fuerza. Tiene dolor que no se le quita. “La tristeza por Diego (su hijo) la empeoró. Ella se enferma por la tristeza”, explica su esposo.
Miguel y María, hermanos de Diego, sentados en bancas de madera, escuchan a su padre. En un momento de la conversación, Don Pedro le dice a su hijo Miguel que no quiere que él vaya a la ciudad.
“Pero a veces tiene que salir porque acá sólo gana 50 pesos al día. Yo le digo que se cuide mucho, que se cuide de los policías”, explica.
En la familia de Diego quedó sembrado el miedo a la ciudad, a los policías, a las autoridades.
Desde el inicio del proceso Diego denunció haberse autoinculpado por la tortura a que fue sometido, pero el juez Belisario Filemón ignoró la declaración. En 2018 denunció formalmente el hecho ante la Fiscalía Contra la Tortura. Este 12 de febrero, a 6 años y medio de su detención, tendrá nuevamente una “audiencia de derecho”, a partir de la cual el juez debe emitir una nueva sentencia.
“YA TE VAS LIBRE, FIRMA”
El de Diego es uno ente muchos casos de indígenas encarcelados con base en tortura.
Mariano Pérez Velasco quedó sordo del oído izquierdo por los golpes que recibió el 4 de febrero de 2004, cuando fue detenido por agentes de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas. Entonces tenía 24 años y vivía en el municipio indígena de Mitontic.
Recuerda que lo sacaron de su casa. “Me golpearon, me golpearon fuerte en la oreja y sangré. Me pusieron algodón mojado en la boca y una bolsa en la cabeza, luego pusieron agua en mis pies, y me pusieron un cable con electricidad. Me pedían que dijera que yo había cometido el delito. Un mes me tuvieron así, golpeándome, arraigado en una casa allá por Tuxtla (la capital de Chiapas). Luego me dijeron, ‘ya te vas libre, firma’. Yo no quería firmar pero me agarraron la mano y me hicieron que firmara unas hojas (donde se declara culpable del delito). Yo tenía tapada la cabeza para que no los viera a los que me golpeaban… en ese entonces no hablaba la castilla (español)”.
Mariano supo después que lo acusaban de secuestro.
“Nunca dije que yo lo cometí el delito porque no lo hice. Yo no decía nada, el juez miraba que yo no sabía hablar (español) y decía ‘qué van a saber estos indios’”.
El 4 de febrero cumplió 15 años de que lo detuvieron. Ahora habla español con fluidez, aunque tiene que inclinar constantemente la cabeza hacia sus interlocutores, porque un zumbido persiste en el oído que los policías le reventaron a golpes, y se le dificulta escuchar.
Mariano ha intentado impugnar el proceso penal que lo mantiene en prisión, pero en el juzgado donde se lleva su caso, que depende del Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas, le dijeron que su expediente “está perdido”. Por lo tanto, el proceso en su contra está “congelado”. Hace pocos meses demandó a sus victimarios ante la Fiscalía Contra la Tortura, creada apenas en marzo de 2018.
Mariano comparte la prisión con poco más de 200 presos recluidos en el Centro de Readaptación Social número 5, de San Cristóbal de las Casas. En este lugar, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), hay al menos 15 indígenas tseltales, tsotsiles y tojolabales que fueron detenidos sin una orden de aprehensión en su contra, sometidos con base en tortura, y obligados a firmar documentos donde se declaran culpables.
“ME LLEGÓ A PEDIR PERDÓN”
A Adrián Gómez Jiménez, indígena tsotsil de San Juan Chamula, no hay quien lo acuse. El 3 de febrero de 2004 acudió con un compañero de trabajo a buscar un curandero de la comunidad Saclamantón, para que tratara a su madre enferma. Tomaron un taxi. Por esa fecha se había cometido un secuestro y el coche de la víctima había sido localizado en esa misma comunidad.
“Cuando ya veníamos de regreso nos cerró el paso un coche plateado, se bajaron policías. Nos detuvieron porque el taxi en el que íbamos no tenía placas. Nos dijeron que nosotros habíamos cometido el delito pero nosotros dijimos que no. Como yo dije que soy inocente me pusieron una bolsa de plástico en la cabeza, me pusieron Tehuacán (refresco gasificado) con chile en la nariz, me daban golpes. Así me tuvieron 3 días. Como ya no aguantaba, firmé los papeles que me decían. Me tenían con los ojos tapados, agarraron mi mano y me hicieron firmar como siete hojas”.
Adrián fue llevado ante el juez. No así la parte acusadora. Ni los familiares del secuestrado ni un testigo, nadie.
“El juez dijo: ‘vámonos por peritajes’. El Ministerio Público tenía que presentar pruebas de por qué me acusaba, de por qué me detuvieron, pero tampoco tienen las pruebas, sólo lo que me obligaron a firmar. Mi primer expediente fue el número 54, luego me cambiaron al número 174/2009, actualmente es el número 250/2015, porque no saben qué hacer con mi caso”.
Han pasado 15 años desde que fue encarcelado y no ha recibido sentencia. El tiempo promedio que marca la Ley para dictarla es de un año. El 29 de febrero Adrián tiene una nueva audiencia ante el juez, y con ella revive la esperanza de ser declarado inocente.
Adrián no vio el rostro de sus victimarios, pero recuerda el rechinido de los pasos de uno de ellos.
“Un día, cuando estaba ya en prisión, escuché que pasó porque rechinaba igual sus zapatos. Le dije: ‘tú fuiste’. Al principio lo negó pero después me llegó a pedir perdón”.
Estos 15 años en prisión no han borrado en Adrián el brillo en sus ojos y su voz amable. O quizá hayan afinado su caminar pausado y el trato suave con el que se dirige a los demás. En esta prisión, donde apenas cuenta con una litera para dormir y un par de metros para tender el bastidor donde teje hamacas para ganar algunos pesos, Adrián ha perdido la prisa. Reconoce que lo que más le duele es la soledad: sus padres murieron cuando él tenía 17 años, y desde su detención nadie de su familia lo ha visitado. Desconoce qué ha sido de ellos.
TORTURADORES INVESTIGAN LA TORTURA
En 2014, el entonces relator de la ONU contra la tortura, Juan Méndez, documentó que la tortura en México es sistemática. Encontró que en el sistema de justicia es cotidiano para obligar a los detenidos a inculparse, por lo que las cárceles están llenas de personas víctimas de tortura.
Luego del informe de Méndez, México tuvo que responder con acciones. Creó la Ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, que entró en vigor en junio de 2017 sin ser implementada.
“Tiene cláusulas transitorias que ordenan al Estado mexicano tomar medidas, como un programa de prevención, revisar sentencias y casos de personas que han sido condenadas con evidencias producto de la tortura, tiene plazos que no se han cumplido”, explica en entrevista Helena Solá, coordinadora del Programa para América Latina de la OMCT.
Detalla que pese a haber centenares de recomendaciones por parte de organismos nacionales e internacionales al respecto, no se está tomando una postura pública y firme para revertirlo.
“Sigue siendo muy grave. Sigue habiendo personas que llevan 10, 15 años detenidas en procesos fraudulentos, siempre con la presencia de la tortura (…) Nos preocupa el trato y la invisibilización de la tortura en pueblos y grupos más vulnerables, como las comunidades indígenas”.
Gilberto, abogado del Centro Frayba, explica que han documentado al menos 60 casos de presos encarcelados con base en tortura y por tanto, según la Ley, los jueces están obligados a analizar de nuevo los casos y emitir una nueva sentencia.
“De los 15 casos que hemos documentado en personas indígenas, todas han presentado denuncia penal por estos hechos (ante la Fiscalía Contra la Tortura del estado de Chiapas). Hasta el momento no hay un solo caso que se haya judicializado, ni mucho menos que se haya llevado a sentencia (porque) varios de los fiscales que están llevando a cabo procesos de investigación están a su vez involucrados como perpetradores de esos mismos actos. Esto hace que la investigación se distorsione”.
Al laborar en ese nueva Fiscalía, “los torturadores son ahora quienes investigan la tortura”, explica.
Las evidencias de esta situación serán parte del informe que presenten las organizaciones de la sociedad civil, en el examen de México ante el CAT, en abril próximo.
“Será el primer examen importante de la nueva administración de México ante la comunidad internacional. Lo que se espera es que el Estado mexicano muestre su compromiso firme para la erradicación absoluta de la tortura y para la reparación de sus miles y miles de víctimas en el país”, señala Helena Solá.
“DEJEN DE ANDAR DENUNCIANDO”
Una semana después que Helena Solá acudiera al penal de San Cristóbal de las Casas, los presos con los que dialogó fueron desalojados de un espacio de aproximadamente seis metros cuadrados, en el que realizan actividades culturales, educativas y de análisis sobre el funcionamiento del sistema de justicia penal
Antes de ser desalojados del lugar que ocupaban desde más de seis años atrás –como parte de los colectivos “Solidario de la Voz del Amate” y “La Voz de Indígenas en Resistencia”–, el director del penal, Juan José Rodríguez Ruiz, les exigió detener las denuncias.
“[La mañana del 7 de febrero] aproximadamente 30 custodios entraron en el área de la población, posteriormente entró el director del penal, quien nos pidió que ya no sigamos sacando denuncias”, documenta una carta hecha llegar al gobierno de Chiapas por parte del Centro Frayba.
Después de ello, un grupo de internos que forman parte del sistema de autogobierno que existe en el reclusorio rompió las mesas y destruyeron los muebles del grupo de presos indígenas organizados.
Esta no es la primera vez que los castigan, a finales de 2018 el vocero de los reclusos, Alejandro Díaz Sántiz, fue trasladado a otra prisión.
A pesar de ello, señala De la Cruz, originario de San Juan Chamula, torturado y sentenciado a 30 años de prisión, “vamos a seguir denunciando, se tiene que saber lo que nos está pasando”.
