El fundamento del proyecto político obradorista era primordialmente ético. El discurso y la acción colectiva de MORENA, partido y movimiento, tiene en el sustrato ético un elemento de identidad. Más allá a su adscripción político-ideológica y programática a la izquierda, el obradorismo se propuso una renovación moral (o mejor dicho, ética) de la vida pública bajo la promesa de una transformación radical.

La moral se asocia al conjunto de prácticas y normas sociales en torno a lo “bueno” y lo “malo”. La ética entraña una reflexión crítica y argumentada de dichas normas y acciones, es decir, el uso de la razón para entender y argumentar la moral. La moral apela a la costumbre y puede ser tan arbitraria como contingente; en cambio la ética tiene vocación universal y llevará a cuestionarnos sobre la racionalidad del actuar moral. La ética entiende que la costumbre puede normalizar conductas inapropiadas, o de plano, violentas.

Aún así, en en nuestro uso convencional del lenguaje lo usamos de manera indistinta, pero es importante la diferencia. En términos comparativos, es preferible atender la ética que a la moral. Ejemplo. La moral, por ser costumbre, puede justificar lapidar mujeres por conductas “incorrectas” así consideradas en ciertas sociedades. La ética condena apedrear mujeres por el simple hecho de serlo y someterlas al patriarcado porque considera a todas las personas iguales en dignidad.

De hecho la rica discusión previa a la creación de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) da cuenta de esta diferencia entre ética y moral. Frente a los valores morales propios de Occidente-Oriente, Norte-Sur, se logró confluir en torno a principios mínimos que cualquier comunidad humana suscribe: no hacer daño al prójimo y considerar a las personas como fines en sí mismas y no como medios/instrumentos.

El México contemporáneo tiene una crisis social y política que amerita un examen desde lo ético, no desde la moral. Eso lo comprendió de inmediato el líder social más relevante del presente siglo, quien luchó por la democracia y caminó por el país. La ominosa desigualdad, el fraude electoral y la rapiña de poderosos, fueron elementos centrales que fustigó desde su discurso y que fueron la razón de su llegada al poder.

Por ello la necesidad de una ética pública en un país como el nuestro. Para construir y encaminar el cúmulo de relaciones sociales en torno a valores universales como la honestidad, la equidad, la justicia, la verdad y la solidaridad. Camino nada fácil donde puede no ser inmoral -en nuestra sociedad- dar “mordida”, comprar facturas o plagiar tesis. Ya a nivel macro, hacer trampa en las elecciones, traficar mercancías, lavar dinero, monopolizar sectores enteros de la economía, robar del erario público, amedrentar o de plano censurar voces críticas, cometer atrocidades para dominar mercados ilegales y un largo etcétera.

Desde lo micro a lo macro, desde lo privado a lo público, o de lo interno a lo externo; la apuesta por una ética pública implicaba un compromiso y una congruencia a prueba de todo. Renovar la ética pública, como resorte de una nueva convivencia social, implicaba llevar el idealismo abstracto al terreno mundano a través de prácticas, y de ser posible, leyes. También implicaba llevar un examen de conciencia en el fuero interno de cada persona funcionaria pública en el ámbito de sus responsabilidades.

El caso de la Ministra Yasmín Esquivel, a quien el propio presidente identifica como parte de su proyecto político, mete en serios aprietos esa ética pública que se pregonaba como eje toral del movimiento obradorista: no mentir, no robar, no traicionar. La situación es emblemática pues la ley no da soluciones terminales; la burocracia universitaria y gubernamental, menos. Por eso la ética juega un papel protagónico, pues apela al principio de honradez. Esa misma honradez que debe primar en aras de salvaguardar la legitimidad de las instituciones, que en este caso es nada menos que la Suprema Corte.

Vale la pena invocar lo que Ortega y Gasset llamó moralina: falsa moral o moral superflua y farisaica. Es decir, siendo la ética mejor que la moral, ésta es mejor que la moralina. No fue natural para Esquivel y López Obrador aceptar el acto éticamente reprobable. La primera activó una maquinaria gremial y política para defenderse. No dio un paso a lado para proteger la (mucha o poca) legitimidad del máximo tribunal del país. En su fuero interno, Esquivel no tuvo la mínima intención de actuar en congruencia con principios de honestidad, transparencia y decoro en aras del bien común. Y eso llevó a desplegar una desastrosa estrategia al exterior.

El presidente decidió caer en el relativismo moral, o si me apuran, en la moralina denunciada por Ortega y Gasset: “quién esté libre de pecado que tire la primera piedra”, “ellos (Sheridan y Krauze) han cometido delitos más graves (sic)”, “esto es politiquería”, etc., etc. Defendió a Esquivel como jefe de facción y en retribución a su lealtad con él y su proyecto. No defendió la ética pública que derivaría en la renuncia de la Ministra a su cargo.

Pero no fue todo. El miércoles por la noche, el periodista Jorge García (@jorgegogdl) publicaba contratos de obra a favor de la empresa de José María Riobóo -esposo de Yasmin Esquivel- con la administración de Claudia Sheinbaum. Recordemos que ante los cuestionamientos por la cercanía entre AMLO y el empresario, prometió que no sería contratista del gobierno. No lo fue del federal (hasta donde sabemos), pero sí del local. En este caso, el ámbito difuso del “conflicto de interés” se recarga sobre la ética más que en el derecho. Pero mentir – “no se otorgará ni un solo contrato”- despierta sospechas sobre las relaciones entre el obradorismo y la pareja Riobóo-Esquivel. No es ilegal pero sí antiético.

La insuficiencia del derecho no debe ser el nuevo pretexto para dar vuelta a decisiones determinantes para la salud de la República. AMLO y los suyos pretenden hacerse de la vista gorda respecto a los mismos principios que concitaron a un electorado harto de simulación, opacidad, desmemoria, violencia, corrupción y miedo. Convocaron a una acción colectiva como hace décadas no se había logrado. Nada de eso se ha ido a la basura, algo quedará para las y los ciudadanos comunes que quieren cambiar esta realidad y no depositan el cambio democrático en figuras providenciales. Por lo pronto, en este caso, la ética no va colonizar a la política por propia voluntad ¿Tendrá que ser por la presión pública, es decir, a regañadientes?

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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