Ayer me apareció un recuerdo de hace siete años en Facebook. Por estas fechas estaba a punto de comenzar la primera edición del diplomado de política de drogas que dirigía yo en la sede región centro del CIDE. Este año ya no se llevó a cabo el único curso de ese tipo en América Latina, articulado en torno a la crítica del prohibicionismo de las drogas, porque el proceso de desmantelamiento de la libertad académica en curso hizo administrativamente imposible su realización.

El gobierno ha decidido destruir la vida institucional del Centro de Investigación y Docencia Económica. A pesar de que el Presidente de la República y su vocero sustituto en la mañanera se han referido al conflicto del CIDE como un entierro en el que no tienen vela y que esperan “que se resuelva”, la comisaria política de ciencia y tecnología ha convocado a la asamblea de la asociación civil del centro para este viernes, con el objetivo de aprobar un proyecto de reformas al Estatuto General del centro, en clara violación del artículo 42 del propio documento rector hoy vigente, que exige que el Consejo Académico apruebe los cambios antes de su presentación ante la asamblea de asociados.

Las modificaciones propuestas en el proyecto de acuerdo son una clara confesión de parte de que en el nombramiento del director general, José Romero Tellaeche, se violó la normatividad cuando no se tomó la votación del Consejo Directivo para formalizar la designación. También se pretende legitimar el nombramiento de un Secretario Académico ajeno a la comunidad del CIDE, después de la destitución arbitraria de la doctora Catherine Andrews. Se trata de una burda maniobra para darle legitimidad retroactiva a la imposición y a todas las irregularidades en las que han incurrido la arbitraria directora de CONACYT y su valido.

Además de eliminar la necesidad de que el Consejo Directivo formalice el nombramiento del Director General –ahora solo tendría que “tomar conocimiento”– y de quitar el requisito de ser miembro del CIDE para ocupar la Secretaría Académica, el proyecto de reforma pretende quitarle todo poder de decisión al Consejo Académico, órgano fundamental en la vida colegiada del claustro de investigadores, que además del director y de los secretarios está integrado por dos representantes de cada división académica. Ese cuerpo ha sido hasta ahora el espacio de deliberación y acuerdo que articula la vida comunitaria del centro y en el que se toman decisiones claves para el trabajo colectivo. La intención de dejarle un mero carácter testimonial al órgano tiene como objetivo eliminar el principal espacio de resistencia al control burocrático que tiene la comunidad de profesores–investigadores.

El intento de desmantelamiento de toda vida autónoma del CIDE, institucionalizada formalmente por el actual Estatuto, a pesar de que los corifeos del régimen insistan en justificar la arbitrariedad centralizadora por tratarse de una dependencia de la administración pública, no es sino una clara muestra de la aversión de la actual coalición de poder a la pluralidad de pensamiento y a la libertad académica. La tacañería con la que ha sido tratada la investigación científica en esta administración es muestra de desprecio y de temor al cuestionamiento basado en evidencia.

El CIDE se ha caracterizado por su análisis crítico de las políticas públicas no de ahora. Es falso que sus investigaciones solo se hicieron para justificar las políticas neoliberales, como le demostró fehacientemente Mauricio Merino al Presidente de la República en su discurso de diciembre pasado durante el Seminario Internacional sobre Corrupción y Política en América Latina, aunque López Obrador no haya acusado recibo del documentado reclamo. Pero para la doctrinaria directora de CONACYT se trata de un bastión hostil que no se somete a su ridícula “ciencia de la 4T”, pretendidamente comprometida con las causas sociales. No ha bastado con demostrar la pluralidad de temas abordados por los investigadores del CIDE y por las tesis de sus alumnos, muchas de ellas con gran relevancia social, para frenar la calumnia impulsada desde el púlpito presidencial.

La intimidación a la comunidad del CIDE ha tenido incluso visos represivos, pues a finales del año pasado se cambió al servicio de seguridad privada desarmado que cuidaba las instalaciones por la Guardia Nacional, que se presentó armada a las sedes académicas en las que los estudiantes han mantenido un plantón de protesta. La comunidad estudiantil ha cerrado filas para defender su derecho a una educación de calidad y le ha salido al paso a las descalificaciones sufridas por sus profesores.

Mientras entre los académicos no han faltado los colaboracionistas, siempre existentes en los procesos de control autoritario, las alumnas y los alumnos se han convertido en el bastión que sostiene hoy la resistencia a la imposición arbitraria. Para amedrentarlos, el gobierno no ha dudado en enviar a las fuerzas de orden público, con un tufillo que recuerda los peores tiempos del autoritarismo priista, aunque enseguida hayan salido los propagandistas a descalificar la comparación por exagerada.

Pues resulta que no hay tal exageración. El martes se presentaron en la sede de Aguascalientes del CIDE elementos de la Guardia Nacional, esos soldados disfrazados de policías, con armas largas “para cotizar el servicio de seguridad que van a prestar”. Muy claro les advirtieron a los presentes “nosotros no nos andamos con rodeos; si hay conflicto, sometemos y esposamos”.

Lo que ocurra el viernes en la asamblea de asociados del CIDE será decisión del Presidente de la República, aunque se haya lavado las manos del conflicto, pues la mayoría de los integrantes son sus empleados. Solo no le responden directamente el representante del Banco de México y el del Colegio de México. Sabremos entonces si ha decidido someter al CIDE y liquidar su libertad académica, a menos que estemos ante una pataleta de la directora de CONACYT y el gobierno decida frenar el despropósito. Pero los signos ominosos contra la vida intelectual del país no se reducen al “neoliberal” CIDE. También la muy popular Escuela Nacional de Antropología e Historia se enfrenta a un recorte asfixiante. La andanada es contra el pensamiento, antesala de la cara más aberrante del poder.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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