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Nancy Pérez / Sin Fronteras

13/01/2017 - 2:55 pm

Política de Detención sin excepción

Nancy Pérez García Directora de Sin Fronteras @Sinfronteras_1  “Las Detenciones migratorias son privaciones de la libertad que deben tener mayor observancia pública para disminuir los riesgos y abusos”, Nancy Pérez, Sin Fronteras.

En esta fotografía del 6 de diciembre de 2016, una mujer descansa su cabeza sobre una mesa dentro de La 72. Foto: Rebecca Blackwell, AP
Mantener una política migratoria basada en la detención y posterior deportación de personas migrantes, no sólo contraviene lo dispuesto en la Constitución Mexicana. Foto: AP

Nancy Pérez García

Directora de Sin Fronteras

@Sinfronteras_1

 “Las Detenciones migratorias son privaciones de la libertad que deben tener mayor observancia pública para disminuir los riesgos y abusos”, Nancy Pérez, Sin Fronteras.

En Sin Fronteras presentamos el informe Detención sin Excepción, el cual,  realiza un balance de 15 años de monitoreo a 26 de las 58 estaciones migratorias del país, un informe que evalúa las principales problemáticas, retos y logros, al tiempo que emite una serie de recomendaciones, dirigidas a diversos actores gubernamentales, encaminadas a una garantía efectiva de los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo, evitando la detención migratoria como regla y no como excepción.

De acuerdo con los boletines estadísticos del Instituto Nacional de Migración (INM), de 2000 a 2015 han ocurrido 2, 126, 666 eventos de detención migratoria en México, de las cuales 1, 659, 105 han sido deportadas, siendo 2015, tras la puesta en marcha del Plan Frontera Sur, el año en que ocurrieron el mayor número de eventos de detención (190,366), de los cuales 82 por ciento se tradujeron en deportaciones.

Para Sin Fronteras, este dato regresivo es preocupante por los potenciales riesgos que enfrentan miles de personas extranjeras que un su condición de indocumentadas, son forzadas a regresar a sus países y reingresarán a México en situaciones de alto riesgo, en muchos casos, entrando en un círculo de movilidad-detención-expulsión que parece interminable ante la ausencia de condiciones que garanticen una vida digna y libre de violencia en los países de origen, tránsito y destino.

Mantener una política migratoria basada en la detención y posterior deportación de personas migrantes, no sólo contraviene lo dispuesto en la Constitución Mexicana, sino también limita las posibilidades de las personas de salvaguardar su vida, al negarles el derecho a recibir protección internacional. Toda vez que muchas personas vienen migrando de situaciones que colocan su vida en peligro. Por lo que deportarlas sin una revisión de su caso, las coloca en riesgo, principalmente a niñas, niños, adolescentes, mujeres víctimas de violencia, grupos LGBTTI y extranjeros extra continentales.

Algunos de los riesgos de mantener una política basada en la detención y expulsión de migrantes podrían revertirse desde las estaciones Migratorias pues éstas son un punto clave para la detección de solicitantes de asilo, y personas en alto riesgo. Sin embargo, mientras la detención sea una política que opera como regla, de forma masiva y no de manera excepcional, se mantendrá el detrimento de la adecuada identificación de personas sujetas de protección internacional.

En la elaboración de este balance, encontramos que aún cuando no se encontró alguna recomendación que haya sido adoptada cabalmente en beneficio de las personas migrantes y sujetas a protección internacional, hay una serie de prácticas e iniciativas en las que se han logrado alianzas entre gobierno y sociedad civil para cambiar el panorama de algunos grupos en detención.

Destacamos que durante el lapso de 2000-2015 se haya establecido un marco normativo en materia migratoria en México así como la Reforma Constitucional en Derechos Humanos de 2011. Con respecto a las leyes existentes es importante señalar: la Ley de Migración, Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, y recientemente, la Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes que incorpora un apartado específicamente para el buen trato y tutela de la niñez migrante.

El principal desafío, que encontramos en materia de política migratoria y detención es que hay una deuda pendiente que se mantiene aún con los cambios de sexenio y la alternancia por el poder: La detención migratoria en México ocurre sin excepción y no a la inversa.

Desde Sin Fronteras, no dejaremos de trabajar por una mayor participación de organizaciones civiles en el monitoreo de los centros de detención, con la finalidad de mayor observancia pública, en búsqueda de disminuir los riesgos y abusos.  Nuestra propuesta será impulsar tres distintos ejercicios de monitoreo que puedan dar cuenta de tres líneas de escrutinio específico: trato durante las detenciones y en los centros de detención, estado de la salud mental de las personas en detención e infancia y adolescencia.

 Descarga todos los materiales de nuestro informe en www.migrarporderecho.sinfronteras.org.mx

Nancy Pérez / Sin Fronteras
Licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Dr. José María Luís Mora. Su área de especialidad es migración internacional. Actualmente cursa el doctorado en Economía Internacional en la UNAM. Desde 2011 es directora general de Sin Fronteras I.A.P. Es Consejera Honoraria de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, miembro del Consejo de Gobierno de Incide Social A.C. y desde 2012 es parte del Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

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