Ciudad de México, 27 de México (SinEmbargo).–El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) responsabilizó a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y al gobierno de Baja California Sur por «alentar» un embargo pesquero que podría imponer Estados Unidos en consecuencia de la mortandad de miles de tortugas.
En sólo unas semanas se cumplirá el plazo para que el gobierno de Estados Unidos implemente sanciones económicas a México por la detención del Acuerdo de Área de Refugio para la Tortuga Caguama en el Golfo de Ulloa del mismo estado, pues no está publicado en el Diario Oficial de la Federación.
El Departamento de Comercio de Estados Unidos amenazó que si México no adoptaba políticas y regulaciones de pesca comparables e igualmente efectivas a las que se rigen en ese país, se implementarían sanciones económicas.
Esto, como parte de las medidas que sugirió luego de que se registrara una alta mortandad de tortugas caguama o amarilla (caretta caretta) del Pacífico norte a causa de la pesca incidental.
En febrero, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) determinó que “debido a que el gobierno de México ha propuesto el establecimiento de una zona de refugio (para las tortugas caguama o amarilla) y demostrado el progreso hacia la adopción de un programa regulador de captura incidental, el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas (NFMS) está retrasando su certificación hasta mayo de 2015 para determinar si la regulación implementada es comparable en eficacia como las medidas regulatorias de Estados Unidos”.
Sin embargo, Gustavo Alanís Ortega, director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) consideró que lo que propone la Conapesca y el gobierno de Baja California Sur no son las vías adecuadas ni equiparables a las medidas que adopta Estados Unidos para la protección de la tortuga caguama.
«Si no se publica a la brevedad el área de refugio ya propuesta, esto llevaría a que Estados Unidos no certifique a México en mayo del 2015, y a un riesgo serio de embargo pesquero”, advirtió Alanís Ortega.
El CEMDA señala que son el gobierno de Baja California Sur, encabezado por Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor y la Conapesca los responsables de detener el proceso de la publicación. Las sanciones comerciales son de por lo menos 400 millones de dólares, a pesar del compromiso internacional que mantiene México con Estados Unidos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores ha aceptado que una certificación negativa sobre las actividades pesqueras en México podría implicar la pérdida de acceso a puertos estadounidenses para embarcaciones pesqueras mexicanas y derivar en restricciones a exportaciones pesqueras del país.
Desde que se decretó la Ley General de Vida Silvestre en el año 2000, es facultad de la Semarnat el manejo y conservación de las tortugas marinas, señaló Juan Carlos Cantú, Director de programas de Defenders of Wildlife de México.
“Si la Conapesca quiere arriesgar el medio de subsistencia de decenas de miles de pescadores mexicanos de los dos litorales apostando a que no habrá embargo, será su decisión y negligencia”, declaró Juan Carlos Cantú.
El directo de Defenders of Wildlife de México resaltó que la Semarnat no tiene por qué «seguirle el juego» y exhortó a decretar el área de refugio para salvaguardar el bienestar de una especie en peligro de extinción que se encuentra bajo su tutela, así como el bienestar económico de los pescadores mexicanos.
Para concluir, Gustavo Alanís hizo un llamado de urgencia a las dependencias públicas de México involucradas en este asunto para acordar una protección para la tortuga amarilla a través de un área de refugio que ya está lista para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
“Postergar la protección de los quelonios implicaría una sanción unilateral y negativa por parte del país del norte. Está en manos del gobierno mexicano detener el embargo” finalizó Alanís Ortega.
