Ciudad de México, 26 de marzo (SinEmbargo).– La oposición en el Senado de la República advirtió que no pasará cómo está redactada la iniciativa en materia de seguridad del Presidente Enrique Peña Nieto, que pretende conformar 32 policías estatales que absorban las actuales policías municipales y establece las bases para que la Federación intervenga los ayuntamientos bajo sospecha de haber sido infiltrados por el crimen organizado.
Una vez que las comisiones dictaminadoras se han declarado en sesión permanente, los diferentes grupos parlamentarios han abierto sus cartas y definieron claramente que no permitirán que se minimice la autonomía municipal, ni darán cheques en blanco a los gobernadores estatales para controlar a las policías.
“De ninguna manera, la iniciativa del Presidente Peña no va a pasar como está. Va a tener cambios, le urge una cirugía mayor que atienda realmente a los problemas de seguridad de México y que no atienda solamente a una presión mediática que creemos es la que generó que de botepronto surgiera este decálogo”, afirmó el Senador Fernando Herrera Ávila, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en entrevista para SinEmbargo.
Esta semana las comisiones del Senado de la República reactivaron la discusión sobre las iniciativas en materia de seguridad pública del Presidente Enrique Peña Nieto, a unos días de que llegue el periodo vacacional de Semana Santa.
La propuesta presidencial que ha estado “congelada” 114 días en las comisiones de Puntos Constitucionales, Justicia y Estudios Legislativos Segunda del Senado, se retoma a pocos días de que se cumplan seis meses de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en la ciudad de Iguala, Guerrero.
La propuesta presidencial plantea tres objetivos:
Definir el esquema de Mando Único policial en las entidades federativas; facultar al Congreso para expedir leyes generales en materia penal; y establecer la posibilidad de que el gobierno federal asuma la dirección de un municipio cuando haya indicios de que fue infiltrado por la delincuencia, mediante la Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales.
Por su parte, la bancada de izquierda en el Senado adelantó que existen severas inconsistencias cuyo común denominador es el deslinde de las responsabilidades del Estado mexicano, las cuales traspasan a los estados de la República.
“Es un modelo donde se deslinda a la Federación de todo y lo delega a estados y donde pagan los municipios”, dijo la Senadora Dolores Padierna, vicecoordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
“Esta iniciativa busca deslindar al Ministerio Público Federal de cualquier responsabilidad ante casos por ejemplo de omisión, casi, casi, ya solo le faltó decir en el caso de Ayotzinapa no tiene responsabilidad”, aseveró.
Los legisladores lograron colocar en la mesa de análisis no solo las tres iniciativas del Presidente Peña sino también propuestas de los propios senadores, como la relacionada con desaparición de personas y otras en materia de seguridad pública.
NO A LA INTERVENCIÓN DE LA FEDERACIÓN: PAN
El coordinador de los senadores del PAN Fernando Herrera afirmó que la bancada tiene definido claramente qué es lo que quiere en materia de seguridad pública y su visión no es la misma que tiene Peña Nieto.
En su decálogo presentado el pasado 27 de noviembre, el Presidente Enrique Peña Nieto aseguró que la iniciativa para crear la Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales será fundamental para restituir el Estado de Derecho en todos los rincones del país.
Acción Nacional mantiene la postura inicial respecto a que la desaparición de municipios es un asunto complejo que se debe analizar con mucho cuidado, porque podría atentar contra la soberanía de las instituciones más cercanas a la ciudadanía.
Es un asunto delicado también para el PAN pues el blanquiazul gobierno aproximadamente 450 de dos mil 400 municipios.
El Senador Herrera insistió en que la propuesta peñista traslada el problema de la inseguridad a las policías municipales y da pretextos para ejercer mayor control por parte de la federación a nivel de las alcaldías.
“Nada nos garantiza que un estado o un gobierno estatal por simple decreto sea garantía de pulcritud con este tipo de problemas, teneos ejemplos muy claro que evidentemente no dan la confianza a los estados: estamos hablando de Guerrero, de Tamaulipas, de Michoacán”, afirmó.
Detalló que México es un mosaico que tiene circunstancias muy distintas en el norte, en el centro, en el sur.
“Es por eso que nosotros creemos que las consideraciones deben de hacerse a la regionalidad ciertamente con una carácter general en lo que sea general, pero atendiendo situaciones que sean muy sensibles en cada región del país”, explicó el líder parlamentario.
Por lo que la solución para superar este tema, sería definir exactamente las causales por la cuales la Federación podría intervenir gobierno municipales, ya que dijo, no transitará la posibilidad de que la federación pueda entrar a un municipio a meterle orden.
MANDO ÚNICO SÍ, POLICÍAS ÚNICAS NO: PAN
El Senador Fernando Herrera sostuvo que la solución al problema de inseguridad en México no podrá ser una medida genérica. Aseveró que no funcionará si no toma en cuenta por separado las especificidades de cada región y de cada municipio del país.
Respecto a la propuesta para instalar el mando único policial, el coordinador de los senadores de Acción Nacional fue contundente, “nosotros dijimos policías únicas no, mando único sí, obedeciendo a las características regionales de cada entidad federativa y a las características de los propios municipios”, dijo.
La propuesta del mando único policial fue impulsada por el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, con el argumento de centralizar en un mando estatal la coordinación de las policías municipales, a fin de lograr que las policías municipales funcionen correctamente y se evite la infiltración de la delincuencia.
La iniciativa de Calderón se quedó en la congeladora legislativa en 2010 por falta de acuerdos con la oposición, principalmente de las bancadas priistas que en ese año rechazaron hacer viable la propuesta.
El Senador Herrera aclaró que la idea no es quitar fuerza a la autoridad municipal sino distribuir competencias entre los tres niveles de gobierno para solucionar problemas.
Por ejemplo, con las últimas reformas que se hicieron en materia de seguridad pública el narcomenudeo es un área de combate de las policías municipales, pero en los hechos la persecución de este delito a veces se traslapada con las autoridades estatales y con la federal.
Esta situación podría solucionarse si lo cual dificulta su persecución.
“El mando único depende del esfuerzo estatal que se haga por tener una agrupación de sus policías, evidentemente esto tendrá una vinculación con el ámbito federal, eso es indiscutible, pero una policía nacional, evidentemente no”, explicó el Senador Herrera.
El panista fue claro, apoyar la propuesta del mando único no significa apoyar la creación de una policía nacional ni 32 policías estatales.
“No es necesariamente una policía estatal, sí hay un mando único dentro del estado, donde los municipios que tengan capacidad para tener su policía que lo hagan y aquellos municipios que no tengan capacidad que el estado los apoye, pero todos en coordinación”, sostuvo.
Detalló que las policías municipales seguirán teniendo la oportunidad de incidir de manera directa en la prevención del delito. Sin embargo, la federación podrá apoyar a los ayuntamientos que carezcan de recursos para instalar fuerzas del orden capaces.
“Hay municipios medios con capacidad administrativa que pueden tener la capacidad suficiente para tener su policía y hay municipios que evidentemente requieren una labor subsidiaria del Estado, porque son municipios con población menor a 30 mil habitantes que escasamente tiene recursos para equipar un cuerpo de policía y mucho menos para mantenerlo”, dijo.
LAS PROPUESTAS DE PEÑA
El decálogo de Peña Nieto fue presentado el pasado 27 de noviembre, casi dos meses después de la fecha en que 43 estudiantes normalistas fueron desaparecidos por policías municipales de Iguala, Guerrero.
Desde esa fecha, diputados y senadores de oposición reprocharon al Presidente que en su mensaje hablara de “narcopolítica” en los municipios, pero no en las instituciones federales, a pesar de que existen pruebas de infiltración del crimen organizado en los tres niveles de gobierno.
Como parte del decálogo, Peña Nieto envió el 2 de diciembre tres iniciativas al Congreso de la Unión para reformar la Constitución, a fin de dar paso a la creación de la nueva Ley contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales; redefinirlas competencias de cada autoridad en el combate al delito; y revivir la propuesta de mando único.
La primera ley establecería el mecanismo para que la federación asuma el control o se disuelva un ayuntamiento “cuando existan indicios suficientes de que la autoridad local está involucrada con la delincuencia organizada”.
La segunda busca precisar en la Constitución las competencias de cada autoridad en el combate al delito, a fin de acabar con la dispersión de responsabilidades.
La tercera iniciativa pretende revivir la obligación de establecer las Policías Estatales Únicas, al reformar el artículo 116 constitucional.
La iniciativa pretende reformar los artículos 21, 73, 104, 105, 115, 116 y 123 de la Carta Magna. En el texto se afirma que la propuesta es respuesta a la necesidad de atender la “disparidad” y la “falta de coordinación” entre policías municipales con las estatales y federales, que ha imposibilitado al Estado mexicano a cumplir con su función de dar seguridad a los mexicanos.
Con el Mando Único Estatal, el Presidente Enrique Peña Nieto pretende, según el texto, atacar las causas que han generado la debilidad institucional de las policías a nivel municipal; su vulnerabilidad ante las estructuras delictivas, y en algunos casos la cooptación de algunos elementos por parte de las organizaciones criminales.
