Ciudad de México, 24 de marzo (SinEmbargo).– En una sola sesión, diputados mexicanos desecharon hace unos días cinco iniciativas para combatir la obesidad, el sobrepeso y la diabetes, debido a las presiones de la industria de comida chatarra y de la misma Secretaría de Salud (SSa), denunciaron organizaciones civiles.
“Todo lo que ha hecho la Secretaría de Salud y Cofepris (Comisión Federal para la Protección a los Riesgos Sanitarios) ha sido a favor de la industria”, dijo Alejandro Calvillo Unna, presidente de la asociación El Poder del Consumidor, a SinEmbargo.
El pasado miércoles 18 de marzo, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados desechó cinco iniciativas presentadas entre el 23 de octubre y el 15 de diciembre de 2014, dirigidas a establecer una ley general y regulaciones efectivas para prevenir y combatir la obesidad y los padecimientos derivados de ella.
De acuerdo con el posicionamiento de la Alianza por la Salud Alimentaria, dichas iniciativas fueron desechadas “tras las declaraciones y presiones […] por parte de la Concamin (Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos), ConMéxico (Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo), empresas de alimentos y bebidas en particular, y con dictámenes elaborados a partir de posicionamientos enviados por la Secretaría de Salud y Cofepris”.
En general, lo que estos proyectos buscaban era establecer un etiquetado frontal en alimentos y bebidas que advierta o que, a manera de semáforo, indique la información nutrimental de un producto de manera clara para que los consumidores puedan hacer elecciones más saludables.
También querían definir una regulación realmente efectiva de la publicidad de alimentos “chatarra” dirigida a los niños, ampliando horarios, edades y medios.
Por último, el objetivo era establecer una Ley General para Prevenir y Atender el Sobrepeso y la Obesidad, que incluía las anteriores peticiones, la definición de requerimientos diarios nutrimentales, así como la formación de un Consejo Nacional para la Coordinación de la Acción Social para la promoción y Prevención de tales padecimientos.
El argumento central para desechar las dos iniciativas en las que se propone establecer un etiquetado frontal con un semáforo nutricional que indique con los colores verde, amarillo y rojo si un producto contiene bajas, medias o altas concentraciones de azúcar, grasas y/o sal, es que ya existe una regulación al respecto y sería una reforma “innecesaria”.
“Este argumento para desechar la iniciativa fue elaborado por Secretaría de Salud y Cofepris, a pesar de que existe la evidencia científica suficiente para demostrar que el etiquetado frontal establecido como parte de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes no sólo no es entendible por los consumidores mexicanos, sino que representa un riesgo a la salud de la población por promover el consumo de altas cantidades de azúcar. De esta manera, estas dos instituciones, refrendan su alianza con la industria de la chatarra para mantener el etiquetado y los criterios que esa misma industria diseño”, dicen en un comunicado las organizaciones pertenecientes a la Alianza.
LAS INICIATIVAS
De acuerdo con el pronunciamiento, fueron desechadas también tres iniciativas que proponen la prohibición de publicidad de alimentos y bebidas altas en azúcares, grasas y sal en un horario más amplio de 6:00 a 21:00 horas (actualmente es de 14:30 a 19:30 horas entre semana), ampliar la cobertura a los menores de 16 años (actualmente cubre solamente a los menores de 12 años), incluir otros medios como Internet y los espacios abiertos, además de prohibir en esta publicidad el uso de celebridades y personajes animados, así como de juguetes y promociones, explicaron en conferencia de prensa.
En fechas recientes se publicaron los resultados de un estudio del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), que demuestran que entre los programas que tienen mayor preferencia de los niños están las telenovelas y las series, y que entre las 20:00 y 22:00 horas se da el horario de mayor audiencia infantil, ambas situaciones fuera de regulación.
Para desechar éstas, los dictámenes de la Cámara de Diputados argumentaron que implicaría una sobrerregulación, pues ya existe un apartado en la Ley General de Salud en materia de Publicidad. Su segunda razón fue que “las expresiones comerciales están protegidas por la libertad de expresión” y prohibirla resultaría inconstitucional.
Para las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), tal argumento equipara la publicidad de alimentos con el interés superior del niño, garantía incluida en diversos tratados internacionales.
“La Secretaría de Salud está manteniendo criterios nutricionales y una regulación en etiquetado y publicidad que van contra las recomendaciones más recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Establece un etiquetado frontal diseñado por la industria, que los consumidores no entienden y que establece un criterio de consumo de azúcar diario 300 por ciento superior al que la OMS está sugiriendo como el más recomendable para proteger la salud (90 gramos contra 30 gramos). Mantiene una regulación de publicidad que permite la publicidad de productos que están gravados con un impuesto para contribuir a la obesidad. Se opone a una ley general que permitirá establecer criterios en un proceso libre de conflicto de intereses generando una política integral y no contradictoria como la establecida actualmente”, dijo Alejandro Calvillo en un comunicado.
La Ley General, propuesta por el Diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Partido Acción Nacional (PAN), fue considerada por los legisladores como discriminatoria “respecto de otros padecimientos de igual importancia, lo que generaría una tendencia de proponer Leyes específicas”, se lee en el dictamen para el que se tomaron en cuenta las opiniones de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y de la Cofepris.
“El argumento para rechazar esta ley es insostenible ya que de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la discriminación tiene lugar cuando ‘existe una discriminación estructural en contra de un grupo social o sus integrantes individualmente considerados y la autoridad no lleva a cabo las acciones necesarias para eliminar y/o revertir tal situación’. En este caso, no se habla en contra de un grupo específico de personas, sino de la regulación de actividades comerciales”, dijo en el documento Luis Manuel Encarnación de la plataforma ContraPESO.
Al respecto, Javier Zúñiga, asesor legal en El Poder del Consumidor, anotó: “Las leyes no pueden discriminar padecimientos, únicamente personas. Así, el argumento de la Comisión de Salud carece de fundamento […] La norma propuesta está dirigida, principalmente, a un sector comercial publicitario y productores de alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya interacción con la norma tendría como resultado la regulación de sus actividades. En ningún momento se discrimina a personas con algún padecimiento”.
El grupo de organizaciones civiles asegura que la regulación actual “viola el derecho a la salud de las personas en relación al derecho a la información, pues la forma en que está diseñado y regulado el etiquetado no permite que conozcan el contenido real de los alimentos y bebidas no alcohólicas. Una de las consecuencias de esta falta de información es que dañen su salud por el consumo de alimentos altos en azúcares añadidos”.
“LEGISLACIÓN SE QUEDÓ CORTA”: PROFECO
Paralelamente a estas acciones llevadas a cabo a nivel legislativo, el pasado 17 de marzo se realizó un encuentro entre autoridades de la Secretaría de Economía, de Salud y de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en el que durante su participación la titular de este último organismo, Lorena Martínez Rodríguez, criticó la actual reglamentación en materia de etiquetado y publicidad, pues dijo “se quedó muy corta”.
Teniendo como imagen de fondo las etiquetas, la procuradora llamó a “aprovechar las experiencias como el Reglamento Sanitario para el etiquetado de Alimentos Procesados para Consumo Humano del Ministerio de Salud de la República de Ecuador, donde se exige que los productos alimenticios contengan un etiquetado frontal conocido como ‘semáforo nutricional.
Hablemos claro, abordemos un lenguaje coloquial que entiendan todas y todos los consumidores, así, sencillo, con ‘contenido alto, medio o bajo de azúcar, sal, calorías y grasas’ y no como la actual información nutrimental en todas las etiquetas que casi nadie entiende”, dijo.
También expuso que debe implementarse una regulación más estricta en materia de publicidad, pues pese a la oposición de grandes transnacionales, lo que debe prevalecer es la defensa “de los intereses de una alimentación sana para los mexicanos”.
A pesar de la evidencia científica, las contradicciones internas y limitaciones de los reglamentos actuales, las estancias gubernamentales siguen beneficiando a la industria, dijo Calvillo.
Por su parte, las ONGs concluyeron que “tanto la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados como la propia Secretaría de Salud claudicaron ante intereses particulares y económicos, frente al derecho a la salud y su obligación de garantizar un ambiente sano y propicio para el bienestar social.
De nueva cuenta, se olvidan que la Estrategia Nacional es sólo una política de la administración actual, donde desde un inicio su impacto se ve limitado por no estar diseñada con base en la evidencia científica más reciente, reflejando la falta de un compromiso verdadero en el control y la prevención de la obesidad”, finaliza la denuncia civil.
VER ADEMÁS:
ONGs exigen etiquetado coherente, estándar y que garantice buena alimentación
Publicidad aprovecha vulnerabilidad en la niñez para ofrecerle chatarra
Activistas, la OMS y científicos en todo el mundo luchan contra la otra gran droga: el azúcar
