Por Gerardo Zúñiga Pacheco, especial para SinEmbargo
Ciudad de México, 16 de marzo (SinEmbargo/Zeta).– Antonio Cervantes García, reportero del semanario Zeta en Baja California Sur, fue agredido a puñetazos por el oficial de la Policía Estatal Preventiva del estado, Cristian Alberto León Aguilar tras grabar la escena de un crimen al concluír una balacera en La Paz, el pasado 7 de marzo.
El oficial no estaba debidamente capacitado, actualizado ni, mucho menos, especializado en teoría y práctica de actitudes, aptitudes, habilidades, destrezas y conocimientos en la función policial, según la institución que lo ha empleado.
A pesar de no haber cursado la Academia Estatal de Policía, el servidor público causó alta como “oficial de policía” el 1 de septiembre del 2013, cuando el actual Procurador Adonaí Carreón Estrada era el Subsecretario de Seguridad Pública Estatal (SSPE) en el cuatrienio del gobernador Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor.
Durante todo ese periodo, el agente de seguridad no fue sometido a cursos de actualización que –según los principios de la institución— rigen la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos decretados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Peor aún. El oficial de policía presentó una evaluación incompleta –de acuerdo a la ficha de registro del Centro de Control y Confianza— sobre el proceso de formación, profesionalización, promoción, estímulos y régimen disciplinario en el 2014. Y en el primer trimestre de 2015, no ha sido evaluado en el desempeño de sus funciones policiales.
El periodista había descendido de su automóvil particular –tras haber sido avisado del incidente— y empezó a tomar fotografías y grabar video con su teléfono celular sobre el ataque sangriento, y el cual tuvo como saldo una persona herida y otra muerta.
El reportero de Zeta, Antonio Cervantes García, relató que hacía un acercamiento con su cámara cuando observó que paramédicos de la Cruz Roja subían a una ambulancia a uno de los dos agredidos, cuando repentinamente sintió un golpe en la frente. Cuando volteó a ver a su agresor, empezó a recibir manotazos en el rostro y empujones de parte del oficial de policía hasta hacerlo retroceder casi 10 metros.
El comunicador que estaba fuera de la línea de seguridad de la escena del crimen, tal como quedó grabado en una imagen de video que logró captar segundos antes de la agresión, solo atinó a decir: ¿Por qué me agredes?
La grabación captó el momento del golpeteo.
Policía: ¿Por qué grabas?
Reportero: ¡Calmado!
Policía: ¡Hazte a un lado, pues!
Reportero: ¿Por qué me agredes?
Policía: ¡Quítate!
Reportero: ¿Estoy grabando? ¡Soy reportero, viejo!
Policía: ¡Grábale aquí! ¡Reporta lo que quieras!
Reportero: ¡Claro que sí! ¡Aguántame! ¡Déjame agarrarte la cara! ¡Voltea pues!
Otro policía: ¡Deja tu celular, camarada!
Reportero: No lo voy a dejar, viejo, soy reportero.
Después de la agresión, el policía estatal preventivo se marchó y fue y se refugió dentro de la patrulla marcada con el número económico 0637, de donde sacó una capucha de color negro, y se la puso para evitar ser identificado por su víctima.
No obstante el comunicador Antonio Cervantes García, permaneció en la escena del crimen hasta que el policía estatal preventivo pudo ser fotografiado y denunciado.
El periodista –según el diagnóstico médico— presentaba un hematoma en la frente, algunos rasguños en la cara y un ligero derrame en el ojo izquierdo. Dos días después de la agresión, el reportero de ZETA presentó, el 9 de marzo, una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra el policía Cristian Alberto León Aguiar por la agresión física de la que fue objeto y –al cierre de esta edición— se preparaba una denuncia penal por la agresión.
Durante una entrevista con este semanario, el subsecretario de seguridad pública estatal de Baja California Sur, Juan Pablo Noriega Rangel, informó que “el policía agresor” fue citado a dar explicaciones sobre el incidente, y tras analizar y revisar detalladamente la videograbación del propio periodista, fue bajado de la unidad, sacado del grupo de operaciones y arrestado, así como se le abrió un procedimiento administrativo que resolverá en su momento la Comisión de Honor y Justicia de la Policía Estatal Preventiva.
El titular de SPE admitió que su oficial se extralimitó en sus funciones, tanto que incluso el propio policía se dio cuenta y mejor se fue después de la agresión, por lo que –según Noriega— no va a permitir este tipo de abusos de autoridad.
El propio funcionario aceptó que el oficial de policía no curso la Academia Estatal de Policía, como casi el 10% de los agentes de la corporación y reconoció que no han cumplido las metas de evaluación en el 2013 y el 2014, y lo que va del 2015.
Sin embargo, y por tener relativamente poco dentro del cargo –tomó protesta el 22 de enero pasado— la capacitación y profesionalización de la Policía Estatal Preventiva, es uno de sus principales ejes en su plan de trabajo.
Sobre la agresión, la organización Reporteros Sin Fronteras en México, condenó el ataque contra el reportero de ZETA, Antonio Cervantes García, y emitió un comunicado donde exhortó a las autoridades a respetar el trabajo informativo de los periodistas durante balaceras y ataques armados en Baja California Sur, y a condenar firmemente las agresiones a los comunicadores de prensa escrita, radio y televisión.
El propio Gobernador de Baja California Sur, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, reprobó la agresión al periodista de este semanario.
“Yo creo que para nadie es un secreto el respeto que el gobernador ha tenido con ZETA y todos los medios, y hemos sido bastante respetuosos de su crítica, de su trabajo profesional que hacen y nos guste o no de lo que se diga del trabajo de gobierno, siempre hemos respetado y jamás hemos hablado con alguien para reclamar algún comentario o noticia, porque respetamos la libertad de expresión”, dijo finalmente.
Cabe destacar que no es la primera vez que el agente de la Policía Estatal Preventiva, Cristian Alberto León Aguiar, agrede a la ciudadanía que está obligado a salvaguardar.
La penúltima vez fue en agravio del ciudadano Juan Antonio Álvarez –cuando según su denuncia enviada a este semanario— tomaba algunas fotografías de un homicidio y fue amenazado de que, si no se alejaba de la escena del crimen, sería detenido y su cámara fotográfica recogida.
