Ciudad de México, 27 de febrero (SinEmbargo).– Diputados de oposición exigieron al Presidente Enrique Peña Nieto “no nadar de a muertito” en el combate a la corrupción, en medio de la aprobación de la reforma constitucional por la que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción.
Los legisladores en distintos momentos del debate recogieron la declaración del Presidente Peña “no cabe hacer excepciones, no cabe nadar de a muertito, evadir la responsabilidad y dejar que el gobierno de la República sea el único que afronte su responsabilidad”, expresada en la reciente reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), para exigir resultados en el combate a la corrupción en México.
“No vale nadar de a muertito frente a la corrupción que públicamente se ha denunciado no solo en contra de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray sino también contra gobernadores, presidentes municipales y empresarios que se han enriquecido por sus relaciones de amigos y compadres”, afirmó el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
La reforma por la que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción fue aprobada por una aplastante mayoría en la Cámara de Diputados de 409 votos a favor y es considerada una importante herramienta para combatir este flagelo sustentada en tres ejes principales: prevención, investigación y sanciones a servidores públicos y particulares que incurran en casos de corrupción.
No obstante, se criticó de forma enfática que la reforma no contempla sanciones al Presidente de la República en caso de que incurra en actos de corrupción o en faltas administrativas graves como el conflicto de interés.
Lo cual, a decir de especialistas y algunos legisladores, es una falta grave si se considera que el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto enfrenta una crisis de credibilidad, tras el escándalo generado por la adquisición de la “Casa Blanca” de su esposa, Angélica Rivera Hurtado, el presunto caso de conflicto de interés en que habría incurrido el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, o el favoritismo del Gobierno federal con algunas empresas contratistas mexiquenses.
De allí que varios legisladores llamaran al Presidente Peña Nieto a “no nadar de a muertito” y le exigieran combatir de manera frontal el flagelo de la corrupción, que según algunos datos le cuesta a los mexicanos 1.5 billones de pesos al año, o lo que es lo mismo 45 veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La perredista Amalia García Medina criticó que los legisladores priistas en particular se hayan resistido a reformar el artículo 108 constitucional para establecer la posibilidad de sancionar al Presidente de la República en caso de incurrir en actos de corrupción.
Recordó que en el mundo se han registrado importantes avances en materia de sanciones a mandatarios corruptos, lo cual ha fortalecido la gobernabilidad y ha generado credibilidad a las naciones que se atrevieron a castigar los ilícitos.
Tales son los casos de Fernando Collor de Melo, ex Presidente de Brasil, que dimitió en 1992 cuando el Senado inició un procedimiento para su destitución por actos de corrupción. O Carlos Andrés Pérez, ex Presidente de Venezuela, que fue juzgado por malversación de fondos en 1993. O el muy conocido caso de del ex Presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, que fue llevado a juicio en 1974 y dimitió por el escándalo de espiar de forma ilegal a oponentes políticos conocido a nivel mundial como Watergate.
“Y aquí se considera que el Presidente no puede ser tocado y que solamente en casos de traición a la patria podría ser juzgado. Esto es inaceptable absolutamente. Y un sistema nacional anticorrupción, para que sea completo, tendría que incluir la reforma al artículo 108 constitucional”, afirmó la Diputada perredista.
El Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara también recomendó a la Cámara de Diputados “no nadar de a muertito”, toda vez que, dijo, los legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y del Verde Ecologista de México (PVEM) se ufanan en el Sistema Nacional Anticorrupción pero se resisten a crear la Comisión de Investigación de las empresas del grupo Higa y sus relaciones con las paraestatales.
EL SNA ES UNA SIMULACIÓN, OPOSICIÓN
La Diputada perredista Socorro Ceseñas afirmó que el Sistema Nacional Anticorrupción no podrá tener buen puerto si la misma clase política cuestionada y señalada por la corrupción será la encargada de nombrar a quienes los auditarán, investigarán y sancionarán.
“Me parece ingenuo que quienes violaban derechos humanos hoy sean quienes los vayan a defender. Quien robó o roba, no puede defender la hacienda pública; aquellos que hicieron de la justicia un instrumento para premiar o perseguir a amigos o enemigos”, afirmó.
En tanto, el vicecoordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja, aseguró que el Sistema Nacional Anticorrupción en realidad es un sistema nacional de simulación, porque quienes serán encargados de revisar las acciones de los integrantes del gabinete, gobernadores y en general de todos los servidores públicos serán nombrados por el Ejecutivo o son producto de cuotas partidistas de reparto a través del Senado de la República.
Recordó que el auditor Superior de la Federación es nombrado por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados; el Secretario de la Función Pública es nombrado por el Presidente de la República; el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa y los magistrados del mismo son nombrados por el Presidente de la República y ratificados por mayoría en el Senado.
Señaló que los comisionados del IFAI y los representantes del Consejo de la Judicatura Federal son nombrados por “las mayorías pre constituidas del PRI y del PAN, puro funcionario producto del reparto partidista que van a formar el Sistema Anticorrupción, la iglesia en manos de Lutero. Por eso no nos vamos con esta engañinfa, como la han definido y no vamos a lavarle la cara al Ejecutivo federal”, afirmó.
El perredista Uriel Flores Aguayo también utilizó la expresión “nadando de a muertito” para referirse al gatopardismo de la clase política mexicana.
Indicó que los que aprobaron la reforma anticorrupción incurrieron en simulación porque aprobaron imponer el candado de que el Senado ratifique al secretario de la Función Pública, pero se negaron a revertir el nombramiento de Virgilio Andrade, amigo del secretario de Hacienda Luis Videgaray.
“Virgilio Andrade se queda. ¿Cuándo lo va a poder ratificar el Senado? Cuando nombren otro, seguramente cuando acabe el sexenio, con otro presidente y con otra Cámara de Senadores. Eso es lo concreto”, recalcó.
SALPICAN LODO EN DEBATE ANTICORRUPCIÓN
Durante el debate para aprobar las modificaciones constitucionales que darán paso al Sistema Nacional Anticorrupción, legisladores de diversos partidos políticos se acusaron mutuamente de ser corresponsables en favorecer la impunidad, al proteger a políticos cuestionados por presuntos casos de corrupción.
Durante el debate resonaron en el Salón de sesiones de la Cámara de Diputados las palabras Fobaproa, Oceanografía, Ficrea, Casa Blanca, Grupo Higa, Malinalco, Línea 12 del metro, entre muchas otras.
La Diputada de Morena Luisa María Alcalde recordó a personajes como el panista Vicente Fox Quesada, cuyo “rancho estaba prácticamente en ruinas cuando inicio su periodo presidencial y ahora tiene hasta un lago artificial en su inmenso rancho en Guanajuato”.
Mencionó también dentro del catálogo de políticos y líderes sindicales cuestionados por presuntos casos de corrupción al líder de los trabajadores petroleros y Senador priista Carlos Romero Deschamps; a Joaquín Gamboa Pascoe, líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), al Senador priista Joel Ayala, líder de los burócratas y “tantos otros líderes de la mafia sindical”.
En su intervención mencionó también a Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, encarcelado por tener cuentas multimillonarias en un banco en Suiza y que “hoy se pasea por las calles exhibiendo la inmensa fortuna que hizo de 10 en 10 por ciento”.
Recordó a los ex gobernadores priista Humberto Moreira Valdés, de Coahuila, y Arturo Montiel Rojas, del Estado de México, que “duermen tranquilos en sus mansiones y palacios, mientras que la familia Murat [del ex gobernador de Oaxaca José Murat] se adueña de lujosos condominios en Nueva York”, según quedó estipulado en una investigación del prestigiado diario The New York Times.
“A todo esto, ¿qué han hecho quienes impulsan, protegen y encubren a estos personajes? Irónicamente celebran la reforma, refrenan su compromiso con la transparencia y prometen que ahora sí se acabará la corrupción en México. Vaya paradoja”, sentenció la legisladora de Morena.
Por su parte, la Diputada Zuleyma Huidobro, de Movimiento Ciudadano, recordó la “Casa Blanca” de Angélica Rivera, la casa de Malinalco del Secretario Luis Videgaray.
“El desencanto actual con el proyecto democrático se explica en gran medida por el hartazgo social de la corrupción de la clase política”, recalcó.
Recordó también los escándalos en la Cámara de Diputados por “moches” o cobro de cuotas de legisladores panistas a diversos servidores públicos para trasladar millones de pesos en efectivo sin poder explicar hasta la fecha su procedencia y mucho menos los fines en que serían utilizados.
“O la compra de las suplencias de diputados en la actual legislatura. Infinitos conflictos de interés, y todo esto entre muchos otros ejemplos han abundado al creciente clima de desencanto de los ciudadanos por sus gobernantes”, reiteró.
El Diputado priista Pedro Ignacio Domínguez Zepeda fue el encargado de recordar a la izquierda los escándalos en los que se han visto envueltos diversos personajes perredistas.
“Aquí se han señalado actos de supuesta corrupción pero han sido omisos, y voy a ayudarles a complementarlos. Qué les parece si recordamos los casos de corrupción de los videoescándalos de Ahumada, o las ligas de René Bejarano, o más recientemente la Línea 12 del metro de la Ciudad de México”, afirmó el priista.
Aseguró que la corrupción “es un mal endémico” que es responsabilidad de todos combatir. Por eso, dijo, los legisladores lo hacen con propuestas, con buena fe, con apertura y con tolerancia.
El dictamen será enviado al Senado para su análisis y en caso de recibir luz verde deberá ser aprobado, posteriormente, por la mitad más uno de los congresos locales.
