En septiembre pasado, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, aseguró ante la Cámara de Diputados que no había conflicto de interés en el nombramiento del ex subsecretario de Energía y Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler, como consejero independiente del Fondo Mexicano del Petróleo, una especie de “caja” receptora de los recursos –miles de millones de pesos– que dejen al país los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos.
Pero Téllez forma parte de empresas directamente vinculadas con el sector energético, como Sempra Energy o Grupo México, ganadoras de concesiones y contratos millonarios con el Gobierno federal.
Pero el de Téllez es sólo uno de los muchos casos de funcionarios que, sobre todo en los últimos 25 años, han transitado en la “puerta giratoria” del sector público a los consejos de administración de la iniciativa privada. Y es así, dicen analistas, como los intereses de las empresas han “secuestrado” al Estado, definiendo políticas públicas en su beneficio.
El resultado, dicen, es que en apenas unos años una nata de mexicanos poderosos se ha apropiado de casi un tercio de la riqueza nacional, profundizando la desigualdad y la pobreza en México.
PRIMERA PARTE
Ciudad de México, 9 de marzo (SinEmbargo).- El 27 de abril de 2001, cuando aún se hablaba de la derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la elección presidencial como una “transición a la democracia”, la empresa minera y transportista Grupo México celebró una asamblea general ordinaria en el Distrito Federal para nombrar un nuevo integrante de su consejo directivo. Luis Téllez Kuenzler, que cuatro meses atrás había dejado su cargo como Secretario de Energía, firmó ese día como “consejero propietario” del consorcio que, gracias al Gobierno para el que había trabajado, se quedó con la concesión de las principales vías férreas que habían sido públicas. Antes, en el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) –en el que Téllez fue subsecretario de Agricultura- Grupo México ya se había quedado, a precio de ganga, con concesiones para explotar diferentes minas.
En ese acto protocolario de abril de 2001, documentado en el folio 253318 del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, Téllez se asoció no sólo con Germán y Genaro Larrea Mota Velasco, hermanos y, respectivamente, presidente y vicepresidente de Grupo México, sino con otros de los capitalistas más poderosos del país, como Claudio Xavier González Laporte, presidente del Consejo de Administración de Kimberly Clark de México y del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN); los hoy finados Rómulo O’Farril, directivo de Televisa, y Juan Sánchez Navarro, vicepresidente de Grupo Modelo; así como Juan Ignacio Gallardo Thurlow, cuñado de los Larrea, directivo de Pepsicola, Bombardier, Santander y, también con Salinas de Gortari, negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
El de Grupo México, según los datos del Registro Público, fue al menos el segundo consejo directivo al que se sumó Téllez en cuanto dejó el gabinete del ex Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, en diciembre de 2000. El 28 de marzo siguiente, un mes antes de hacer sociedad con los Larrea, se había convertido en presidente de Grupo Irsa (o Girsa, Desc y hoy Grupo Kuo), que fusionó a empresas como Resistol y Monsanto México, y a la que ese día entró Téllez en sustitución de Fernando Senderos Mestre, hijo del fundador de la compañía y cercano a Carlos Salinas desde que ambos formaron parte del equipo ecuestre que representó a México en los Juegos Panamericanos de Cali, Colombia, en 1971.
Ahí, en Girsa, Téllez compartió la dirección administrativa con otros importantes hombres de negocios, como Ernesto Vega Velasco, director de Walmart de México, consejero de Carso y hoy de Ixe y del Grupo Aeroportuario del Pacífico; Carlos Gómez y Gómez, directivo de Aeroméxico, de Transportación Marítima Mexicana y de Banco Santander; Alfredo Ruiz Trillo, consejero de Semillas y Agroproductos Monsanto, y el propio Senderos Mestre, a la fecha consejero de Carso y, desde Kuo, propietario de alimentos Herdez y Del Fuerte que, a su vez, controlan otras marcas como Búfalo y Doña María.
Eduardo Medina Mora, hoy Embajador de México en Estados Unidos y quien, según el acta de la asamblea, renunció ese 28 de marzo de 2001 a su cargo como consejero en Girsa, tenía ya tres meses a cargo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el gabinete del panista Vicente Fox.
Y así siguió Téllez, sumando participación en consejos administrativos y redes empresariales, todas inversionistas en sectores productivos clave para la economía de México -agricultura, energía, comunicaciones, transportes- y sobre los cuales ha tenido información y poder como funcionario público.
Uno de los consejos que destacan en su perfil es el de Carlyle Group, al cual llegó en enero de 2004 para abrir en México la oficina de esta firma conocida en el mundo por la participación de ex funcionarios de la administración Bush en su directiva.
Con Téllez llegó para abrir la representación en la capital del país Mack McLarty, ex consejero de negocios del Presidente de Estados Unidos Bill Clinton y, aún, socio del ex Secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger en una consultora –Kissinger McLarty Associates- que vende “consejos estratégicos” a empresas trasnacionales que buscan hacer negocios en América Latina.
En el boletín en el que Carlyle presentó a Téllez como su nuevo socio, difundido el 14 de diciembre de 2003, informó que el mexicano era también parte de Kissinger McLarty Associates, así como consejero de Fomento Económico Mexicano (Femsa, el embotellador de Coca Cola más grande del mundo), Fundación Televisa y otras empresas.
Citado en el comunicado, Téllez dijo entonces estar “particularmente contento” de trabajar con McLarty, “mi amigo y socio desde hace tiempo”, y que “su punto de vista estratégico será crítico para nuestro éxito”. McLarty, a su vez, dijo que él y Carlyle tenían particular interés en la industria de autopartes, transporte, energía y, “por su puesto”, en México y en toda América Latina. “México presenta una gran oportunidad y con Luis (…) encabezando este esfuerzo, Carlyle podrá realmente impactar el clima de inversión”, dijo el norteamericano.
El 9 de junio de 2006, siendo aún director de Carlyle, Téllez fue presentado como nuevo integrante del consejo de administración de Sempra Energy, una compañía fundada en California para desarrollar infraestructura en todo el continente y que, desde que su nuevo socio era Secretario de Energía, obtuvo permisos para la transportación y distribución de gas natural en México. Uno de estos permisos, de 1999, les otorgó la licitación para la distribución de gas natural en la zona La Laguna-Durango, una de las regiones más ricas en este recurso.
Seis meses después de llegar a Sempra, en diciembre de 2006, Téllez fue nombrado Secretario de Comunicaciones y Transportes por el nuevo Presidente, el panista, Felipe Calderón Hinojosa.
CASO DE CONFLICTO DE INTERÉS
De acuerdo con la información que Sempra entrega cada año a las autoridades financieras de Estados Unidos, Téllez renunció a su cargo en el consejo de administración cuando entró al gabinete de Calderón, del cual tuvo que salir casi al final, luego de que en 2009 se difundiera una conversación telefónica personal en la que decía que el ex Presidente Salinas se había robado “la mitad de la cuenta secreta”.
Sin mayor investigación por parte del Gobierno, Téllez dejó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y, en 2010, regresó a Sempra Energy como integrante del consejo directivo; y ahí aparecía su nombre todavía en diciembre de 2014, recibiendo una compensación de 195 mil 500 dólares al año.
En 2013, cuando Téllez también encabezaba la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Sempra se convirtió en México en Infraestructura Energética Nova (Ienova), la cual acaba de ganar uno de los primeros contratos requeridos por la actual Reforma Energética: la construcción de un gasoducto en el estado de Chihuahua, en la región de Ojinaga –rica también en depósitos de gas- y otorgado apenas en noviembre pasado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El actual director general de la CFE que le asignó este contrato a Ienova, por lo demás, es Enrique Ochoa Reza, ex subsecretario de Hidrocarburos, ex integrante del Consejo de Petróleos Mexicanos (Pemex) y, durante el sexenio de Zedillo, ex asesor de Luis Téllez cuando éste fue Secretario de Energía.
Pese a todas estas relaciones y sus potenciales conflictos de interés, el Ejecutivo federal –a través de su Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray- propuso en septiembre pasado a Luis Téllez como consejero independiente del Instituto Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, entidad creada también por la Reforma para administrar los recursos que deje al país la asignación de contratos para exploración y extracción de hidrocarburos, médula de la modificación constitucional.
“El caso de Téllez es muy emblemático”, dice Benjamin Cokelet, director del proyecto Poder e integrante de “Quién es quién”, ambas organizaciones dedicadas a observar la transparencia corporativa, la rendición de cuentas y los conflictos de interés en América Latina.
“Es el clásico ejemplo de la puerta giratoria (del sector público al privado); estuvo en Carlyle Group, en Grupo México, estuvo a cargo de la Bolsa Mexicana de Valores y ahora está en el Fondo Mexicano del Petróleo; conoce a fondo el sector petrolero desde el sector público y tiene acceso a las más altas esferas del poder y del capital (…) esto nos habla mucho de cuáles son las redes de contacto que esta persona tiene”, agrega el también autor de una investigación sobre las relaciones entre los empresarios y el Gobierno en México.
El conflicto del ex Secretario se convirtió en tema de cuestionamiento en los medios de comunicación en cuanto Videgaray lo propuso como nuevo integrante del fondo petrolero el otoño pasado. Tanto, que el 9 de septiembre Téllez tuvo que enviar una carta a la redacción de Aristeguinoticias citando la definición de “conflicto de interés” contenida en la nueva ley del Fondo Mexicano del Petróleo –aprobada en agosto de 2014- y para asegurar que Sempra estaba en el negocio de la electricidad y el gas, mas no en el de la “exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, por lo que no puede haber conflicto de interés”.
La misma interpretación de la nueva ley hizo Videgaray días después, cuando acudió a la Cámara de Diputados para defender su propuesta de que Téllez ocupara un lugar en el consejo del nuevo fondo petrolero: “Al enviar sus propuestas el Ejecutivo federal al Senado, se cuidó que no existiera ninguna violación o conflicto de interés conforme las labores que realizarán los integrantes del Comité Técnico”, dijo el Secretario.
La Asociación Mexicana de la Industria del Petróleo ha reportado a SinEmbargo, que la filial mexicana de Sempra, Ienova, sí busca contratos de hidrocarburos y, de hecho, es de los pocos consorcios que cumple con los requisitos para participar en la llamada “Ronda Uno” o primera fase de la asignación de contratos derivados de la Reforma.
“Téllez coquetea con violar los supuestos del conflicto de interés todo el tiempo”, coincide Óscar Arredondo Pico, investigador de políticas públicas para la organización no gubernamental Fundar, también especializada en transparencia y rendición de cuentas.
“Aún teniendo tantos nexos con la administración pública y el sector empresarial, puede colarse, ‘saltarse las trancas’ porque la regulación es muy pobre, por el tiempo, porque dice que en al menos dos años anteriores no pudo haber sido funcionario público o no ser accionista o dueño o tener relación con cualquier asignatario o contratista, pero los vínculos empresariales no desaparecen en dos años”, agrega.
