Ciudad de México, 26 de febrero (SinEmbargo).– La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular la reforma en materia anticorrupción. La minuta será enviada al Senado de la República para la revisión, discusión y aprobación.
La discusión en general se aprobó con 409 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, la reforma constitucional por la que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción.
En la sesión ordinaria, legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) celebraron la creación del Sistema como una herramienta para generar mejores estándares en el servicio público y combatir de manera definitiva los actos de corrupción.
“Que nadie se atreva a tratar de detener esta reforma, quien lo intente, va a acabar, literalmente, atropellado por una sociedad que está cansada, que está harta de los políticos corruptos que amasan fortunas en periodos muy cortos de tiempo, fortunas que alcanzan para que vivan sus hijos y sus nietos”, afirmó el coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Julio César Moreno, afirmó que la reforma fortalecerá a las instituciones encargadas de investigar y sancionar actos de corrupción para que no sean infiltradas por este flagelo.
“La presente reforma constitucional es una demanda reiterada no solo de la ciudadanía sino de diversos actores y sectores sociales económicos, incluso políticos de nuestro país, ya que este mal lo sufrimos todos en cualquier momento, podemos ser el blanco de él directa e indirectamente”, dijo el legislador perredista.
Durante el debate se mencionaron algunos datos sobre la corrupción. Se dijo que según el índice de Transparencia Internacional, que mide la corrupción de 167 países, México ocupaba el lugar 32 en el año 1995. Sin embargo, descendió al lugar 65 en el año 2005, y en la última medición, en 2014, ocupa la posición 103.
Durante su intervención el Diputado panista Fernando Rodríguez Doval dejó en claro que la corrupción no es un problema cultural, sino un problema de instituciones, de reglas, de Estado de Derecho y de impunidad.
“La corrupción rompe con la idea de un contrato social, en el que el gobernante es un servidor de la sociedad, del ciudadano que le delegó su autoridad. La corrupción permite que un funcionario ocupe su cargo público para obtener beneficios privados, con lo que se rompe, también, el principio de igualdad entre ciudadanos”, expuso.
La reforma fortalece las facultades investigadoras de la Auditoría Superior de la Federación, quita la posibilidad de sanción a la Secretaría de la Función Pública, pasa la atribución de las sanciones al Tribunal Administrativo y establece en la Carta Magna la obligación de todos los servidores públicos de presentar su declaración patrimonial y de intereses.
RECHAZAN EL DICTAMEN
Legisladores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Movimiento Ciudadano (MC) y Partido del Trabajo (PT) votaron en contra del dictamen por considerar que se quedó corto en el intento por resolver de fondo el problema de la corrupción en México.
El Diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, expresó que más que un Sistema Nacional Anticorrupción se trata de un sistema nacional de simulación.
Afirmó que todos los que participarán en el Sistema son nombrados directa o indirectamente por el Presidente de la República.
“El Tribunal Federal de Justicia Administrativa que se va a crear, los magistrados son nombrados por el presidente de la República y ratificados por la mayoría mecánica del Senado. El presidente, que no puede ser juzgado en términos del 108 constitucional, es el que va a nombrar a los magistrados”.
Agregó que un artículo transitorio establece que van a seguir desempeñando la función los magistrados del Tribunal Fiscal y Administrativo, así como el Secretario de la Función Pública, ambos nombrados por el Presidente.
“Puros Andrade, para decirlo en lenguaje coloquial, puros nombrados por el Ejecutivo que van a revisar a todos menos al Presidente de la República”, expresó.
La Diputada Magdalena Núñez Monreal destacó que el dictamen propone la obligación de que los servidores públicos declaren sus bienes y el posible conflicto de interés en el desempeño de su función. “Pero no coopta lo importante, el que no haga mal uso de la información privilegiada con la que cuenta como funcionario público”, dijo la petista.
La legisladora también señaló que no es necesaria la creación de nuevos tribunales administrativos, porque en la actualidad existen suficientes leyes y tribunales para acotar a los malos servidores públicos. “El problema es que no actúan en función de lo que establece el artículo 17 de la Constitución, impartir justicia de manera pronta, completa e imparcial”, sostuvo.
RECOGE PROPUESTAS CIUDADANAS
El dictamen aprobado por la Cámara de Diputados recoge planteamientos de 32 organizaciones de la sociedad civil que presentaron propuestas por escrito para fortalecer la lucha contra la corrupción, como son México Evalúa, Centro de Análisis e Investigación (Fundar), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Transparencia Mexicana, entre otras.
“Deseo señalar que más de 25 propuestas presentadas por la sociedad civil, son recogidas en este documento, por eso la votación del día de ayer en la Comisión de Puntos Constitucionales, y la que esperamos que el día de hoy se dé este pleno de la Cámara de Diputados”, explicó el Diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, del PRI.
Legisladores de distintas fuerzas políticas consideraron que con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción se podrá erradicar esa práctica que tanto daño ha causado a la sociedad mexicana.
Señalaron como un éxito el fortalecimiento a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual podrá auditar en tiempo real, con lo que ya no tendrá que esperar dos años para revisar las cuentas de un servidor público.
Además celebraron que se le confieran mayores facultades al Tribunal de Justicia Administrativa para sancionar tanto a particulares como a servidores públicos que incurran en faltas administrativas graves.
Respecto a las sanciones administrativas aplicables a los servidores públicos, estas consistirán en amonestación, suspensión e inhabilitación, además de sanciones económicas de acuerdo a los daños y perjuicios patrimoniales que causó.
Además, los diputados modificaron el artículo 114 para que la prescripción de las sanciones administrativas no sea inferior a siete años.
En el dictamen, se subraya que según datos del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, en 2010, las mordidas para acceder o facilitar 35 trámites y servicios públicos, alcanzaron los 32 mil millones de pesos.
En el mismo año, el Índice registró 200 millones de actos de corrupción en los distintos órdenes de gobierno. Según el Barómetro de las Américas, en 2010 el 77 por ciento de los ciudadanos encuestados percibieron índices altos de corrupción en el país.
