El país atraviesa por un momento “oscuro”, dicen los especialistas, por los casos de corrupción pero también por la indiferencia institucional. Algunos consideran que el Gobierno federal dejó ir una oportunidad cuando, el pasado 3 de febrero, nombró al frente de la Secretaría de la Función Pública (SFP) a Virgilio Andrade Martínez, un personaje cercano al Presidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, titular de la Secretario de Hacienda.
México se mantiene como una de las naciones más corruptas en el mundo, según el índice de Transparencia Internacional. Pero, para los expertos, el tema no es algo que preocupe al Gobierno de la República pues los actores políticos se benefician del ocultamiento de datos.
La crisis de conflicto de interés y corrupción en México inició el pasado mes de noviembre, cuando se hizo público que la Primera Dama Angélica Rivera había comprado una casa de más de 7 millones de dólares a Grupo Higa, uno de los contratistas más favorecidos por el gobierno. La crisis se acentuó con la aparición de casas de Videgaray Caso y del mismo Peña Nieto, también adquiridas a contratistas estatales y/o federales.
Cinco meses después, especialistas acusan al Gobierno federal de querer poner un freno a los pocos avances que se han obtenido en materia de transparencia y acceso a la información. El reclamo alcanza a sindicatos, pero también a todos los partidos políticos....
Ciudad de México, 5 de marzo (SinEmbargo).– México ha caído en un pantano. Los escándalos de mal uso del dinero público brotan descontrolados y por si fuera poco, Organizaciones no Gubernamentales, senadores de oposición y hasta los comisionados del Instituto Federal de Acceso y la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) acusan que se camina hacia atrás en la legislación de la Transparencia y el Acceso a la Información.
Mientras, México se mantiene al fondo de la tabla del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de la organización Transparencia Internacional, entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Entre los actores políticos, pareciera que unos se acusan a otros de este paisaje sombrío. Pero expertos y ex consejeros del IFAI –el emblemático organismo del derecho a la información en México– ven que todos son responsables. Los expertos observan una lógica de ocultamiento de datos que a los actores políticos les beneficia tanto que ni siquiera hay preocupación por el costo en términos de votos en el preámbulo de las elecciones de junio del presente año.
Como ejemplo, está la paradoja que plantea María Marván Laborde, ex comisionada presidenta del IFAI, de 2002 a 2011: “La Ley General de Transparencia se discute en la más marcada opacidad cuando se trata de un logro de la sociedad civil. Hubo una Reforma Constitucional cuando el Pacto por México estaba vigente. El proyecto de ley de la legislación secundaria está listo desde 2 de diciembre y en general, no debería estar estancada”.
Desde noviembre aparecieron, como en cascada, escándalos inmobiliarios que sumieron en una crisis de credibilidad al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, por la presunción de un conflicto de interés al adquirir casas de contratistas del gobierno beneficiados con licitaciones directas y jugosas. En febrero pasado, una investigación del periódico The New York Times reveló que el ex Gobernador priista de Oaxaca (1998-2004) y ex coordinador Ejecutivo del Consejo Rector del Pacto por México, José Murat Casab, posee unas seis propiedades millonarias en distintas ciudades de Estados Unidos, entre ellas Nueva York. Y, aunque las pesquisas no iban por mexicanos, dos investigaciones periodísticas encontraron que grandes fortunas hechas en este país engrosan la lista en una gigantesca cuenta de una filial del banco HSBC de elusión de impuestos.
Además, fue revelado que Carlos Mateo Aguirre Rivero, hermano de Ángel Aguirre, quien fuera Gobernador de Guerrero, malversó 20 millones de dólares. Esa entidad es pobre entre las pobres y en ella se encuentra la Normal Rural Superior Raúl Isidro Burgos, donde estudiaban los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, hecho que descarriló al Gobierno Federal.
Respecto a lo anterior, los partidos políticos no han dicho nada. Marván Laborde se explica ese mutis de esta forma: “Están de acuerdo en esta lógica de ocultamiento de datos. Ni siquiera se preocupan por los costos electorales que ello pueda tener. Su comportamiento se debe a que todos están igualmente criticados por actos de corrupción”.
NADIE RINDE CUENTAS
Una lista de más de veinte agrupaciones; entre ellas, Artículo 19, Fundar, México Evalúa, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), México Infórmate, el mismo IFAI y senadores de oposición temen que el espíritu de la Rendición de Cuentas de marcha atrás, después de que [han señalado] el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos, enviara bajo discreción unas 80 modificaciones a la legislación secundaria de la reforma promulgada por el Ejecutivo en febrero pasado.
La Ley de Acceso a la Información, que ordenó la formación del IFAI, fue publicada en junio de 2002. Con este avance legislativo, México se convirtió en la inspiración para otros países latinoamericanos como Chile. Así lo reconoció el presidente del Consejo para la Transparencia de ese país, Raúl Urrutia, en agosto de 2005, en una visita a nuestro país. Doce años después, las cosas han cambiado. El derecho a saber de los mexicanos tiene escollos como el que señala Haydeé Pérez, analista de Fundar: “De la lucha contra el crimen organizado, no se sabe aún el número de víctimas ni cuál fue el diagnóstico que llevó al Gobierno de Felipe Calderón a iniciar esa política. Y este ha sido un episodio traumático para los ciudadanos, por lo que deberían tener más información”.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Presidencia de la República ha recibido casi tres mil solicitudes de información. La mayoría de las preguntas se ha concentrado sobre la forma en que el mandatario gasta los recursos públicos. Los mexicanos desean saber cómo viven Enrique Peña Nieto y su familia; en específico, cuánto se erogó en la remodelación de la casa oficial de Los Pinos y si el Mandatario cuenta con una fortuna inmobiliaria en paralelo, según los informes del instituto 2013 y 2014 de solicitudes de información del IFAI.
En contra de lo que indican las preguntas ciudadanas, la consejería de la Presidencia de la República envió entre sus propuestas, en diciembre pasado, el artículo 208 cuya letra implica sancionar a los funcionarios de los organismos garantes cuando revelen información que pueda generar daños a los sujetos obligados. Es decir, si el Presidente indica que cierta información lo lastima en alguno de los aspectos de su vida, la información no debe ser brindada.
No sólo el Poder Ejecutivo ha mostrado resistencia al acceso a la información. Sindicatos y partidos políticos habían logrado en el pasado no ser incluidos como sujetos obligados en el IFAI a través de argumentaciones jurídicas. En diciembre pasado, PRI, PAN, PRD y PVEM presentaron en el Senado una iniciativa de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información consensada con Organizaciones no Gubernamentales, que por fin, los incorporaron. En febrero, la propuesta fue aprobada.
“Es un avance”, expone Héctor Rubio, director de Programa en Gestión Social y Cooperación (GESOC), una de las asociaciones civiles que más ha impulsado un marco legal rígido en la Rendición de Cuentas ante el Congreso de la Unión y participante en la iniciativa. El experto en Políticas de Transparencia se basa en la historia: los sindicatos mexicanos y los partidos políticos han ocultado tradicionalmente el destino de sus recursos públicos y lo que ocurre en sus entrañas. Por ahora, sólo presentarán cuentas del dinero que reciben de organismos públicos.
En cuanto a los sindicatos, sus líderes han logrado un enriquecimiento evidente por su ostentosidad. El caso de Carlos Romero Deschamps de los petroleros o Víctor Flores de los ferrocarrileros son sólo botones de muestra. Los Contratos Colectivos de Trabajo, las Condiciones Generales del Trabajo y las respuestas de los mismos organismos públicos a través del IFAI dan cuenta de un flujo monetario exponencial.
Si bien la jurisdicción se amplió a más sujetos obligados, el Poder Legislativo sigue sin ser tocado. Y en ello también hay un riesgo. Lo observa Marván Laborde: “Todo el poder legislativo está hecho para no rendir cuentas. (Los legisladores) se ponen plazos que ellos mismos no cumplen y no pasa nada”.
Ahora bien, ¿el IFAI ha cumplido con su función de acceso a la información? Alberto Begné, quien ocupó la secretaría ejecutiva del instituto de 2003 a 2004, considera que no. “El primer ejercicio de rendición de cuentas sobre el presupuesto lo debiera iniciar en el IFAI. Pero el instituto no ha logrado constituirse en una referencia para la ciudadanía en general. No veo que se haya logrado hacer del instituto el vehículo que transforme la relación entre gobernados y gobernantes”, expresa quien ahora es socio director de Estrategia y Comunicación Política de la empresa Primer Círculo.
Inaugurado como conquista del derecho ciudadano a la información gubernamental en el sexenio de Vicente Fox Quesada (2000-2006), con los años, el instituto perdió dientes. El ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa nombró consejeros que fueron criticados por las mismas Organizaciones no Gubernamentales que ahora desean impulsar otra Ley General de Transparencia. En el último año del gobierno calderonista, el consejo del instituto logró cerrar un capítulo histórico para la Transparencia Mexicana: toda la información relativa a las averiguaciones previas en las que estuvo involucrado el ex Primer Mandatario.
Al llegar a la Presidencia, Enrique Peña Nieto, le propuso al Senado de la República renovar por completo el consejo y nombrar siete comisionados en lugar de tres. El Senado no ratificó a ninguno de los consejeros que ya tenían una silla en el instituto dados sus conflictos internos. En el Pacto por México acordó con los partidos otorgarle más facultades a la IFAI.
Marván Laborde era una de esas consejeras y refiere: “Por distintas razones, el IFAI sufrió un debilitamiento. Un deterioro con conflictos internos, con cierta partidización en la designación de comisionados. Esta reforma de la LGATP para darle plena autonomía había sido un paso importante. Ahora, en la discusión actual se están enfrentando resistencias serias”.
