Ciudad de México, 3 de marzo (SinEmbargo).– La Secretaría de Energía (Sener) clasificó como información reservada por cinco años los nombres de las primeras empresas privadas que han solicitado contratos, asignaciones, licencias o permisos para actividades relacionadas con la exploración y extracción de hidrocarburos previstas por la Reforma Energética.
Luego de una petición hecha por SinEmbargo en enero a través del sistema Infomex, la unidad de enlace de la Sener respondió que en diciembre recibió nueve solicitudes de Petróleos Mexicanos (Pemex) para “migrar sus asignaciones” a “contratos para la exploración y extracción”, más otras 322 solicitudes por parte de empresas mineras que buscan permisos para la exploración y extracción de gas natural asociado al carbón mineral.
Pero los nombres de las empresas interesadas, agregó la Sener en su respuesta, son datos que la Dirección General de Contratos Petroleros decidió clasificar para no afectar los proyectos.
“Toda vez que las solicitudes referidas son parte de un procedimiento deliberativo (…) la difusión de datos específicos, como el nombre de la empresa solicitante o de su representante legal, la descripción, características y lugar preciso del proyecto puede menoscabar o inhibir el diseño, la implementación y la ejecución del proyecto del solicitante previo a que se concluya el procedimiento aquí referido”, dice la respuesta.
“Consecuencia de lo anterior, esta Secretaría ha reservado por un periodo de cinco años los datos específicos descritos en el párrafo que antecede, así como la documentación entregada con cada solicitud”, agrega.
LOS ARGUMENTOS DE LA SENER
La nueva Ley de Hidrocarburos asigna a la Sener, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) facultades para definir criterios de selección de empresas contratistas para la exploración y extracción de petróleo y diferentes formas de gas.
La misma, entre el artículo 108, establece que, en caso de que los proyectos de exploración y extracción afecten territorios cuyos propietarios no logren acuerdos con los contratistas, el Ejecutivo, a través de la Sener, podrá generar una “servidumbre legal” para que los trabajos de la empresa se puedan llevar a cabo.
Para tales negociaciones, agrega la misma ley, las empresas que reciban contratos o asignaciones deberán notificar a la Sener el inicio de negociaciones con los propietarios de los terrenos que se podrían afectar.
Ante los lineamientos, SinEmbargo solicitó a la Sener información sobre la cantidad de solicitudes que hubiera recibido por parte de empresas interesadas en obtener “contratos, asignaciones, licencias o demás permisos” para actividades relacionadas con la exploración y extracción de hidrocarburos; fecha de las solicitudes, nombres de las empresas, de sus representantes legales, lugares específicos de cada proyecto, extensión del terreno a afectar, estado de las negociaciones con propietarios, entre otros datos.
La Sener, salvo los datos de las empresas interesadas, respondió al resto de los requerimientos informando que las nueve solicitudes para que Pemex “migre sus asignaciones” a “contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos” fueron presentadas a la Dirección de Contratos Petroleros el pasado 19 de diciembre. Las 322 solicitudes relacionadas con el gas natural, agrega, fueron presentadas entre noviembre y diciembre pasados por “presuntos titulares de concesiones mineras”.
La reserva de los nombres de las empresas interesadas fue justificada por la Sener con base en la fracción VI del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece como “información reservada” la que contenga “opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva”.
La Dirección de Contratos Petroleros, agrega la respuesta, consideró que en ese supuesto se encontraba la información de las empresas solicitantes, toda vez que estaban siendo parte de un “proceso deliberativo” que aún debía definir aspectos como el modelo de contratación y las condiciones económicas por parte de la Secretaría de Hacienda, entre otros.
La Sener respondió también que, debido a que aún no se ha asignado ningún contrato, no tiene registro del inicio de alguna negociación entre empresarios y propietarios de terrenos susceptibles de ser afectados con proyectos de hidrocarburos.
Consultada al respecto, la investigadora de la Universidad de Brownsville y autora de diversos artículos sobre la Reforma Energética en México, Guadalupe Correa, consideró que abrir la información de las empresas que manifiestan interés en obtener este tipo de contratos de hidrocarburos es “básico” para que el público pueda conocer qué tan equitativa será la competencia.
“Sabiendo que el de la energía en un mercado oligopólico, en el que las empresas con más poder son las que terminan recibiendo los contratos (…) por supuesto que es necesario saber quién tiene interés, quiénes ganan y con qué criterios ganan”, dijo Correa en entrevista.
“Es una cuestión de equidad. (Conocer los nombres de todas los participantes) nos hablaría del poder de negociación de las empresas grandes, de qué tan oligopólico será el sector energético, qué tanto poder tendrán unas frente a otras”, agregó.
En octubre pasado, Correa y el también investigador de la Universidad de Rice, Tony Payán, publicaron un artículo académico advirtiendo los potenciales conflictos sociales que podrían derivarse de los términos en los que se aprobó la Reforma Energética.
“Estos potenciales conflictos tienen su raíz en el hecho de que todos estos proyectos requerirán necesariamente el derecho de acceso a obras y a los recursos en el subsuelo, territorio que tiene dueños privados y también sociales (ejidatarios) en las regiones susceptibles de desarrollo energético”, dice el artículo “Propiedad y usos de la tierra bajo la Reforma Energética”.
“En otras palabras, los propietarios y usuarios de la tierra están obligados a ceder permanente o temporalmente sus propiedades a proyectos energéticos. No tienen derecho a negarse. Esta combinación entre las prioridades de desarrollo y el régimen de propiedad y uso de la tierra que se desarrolló en México en el Siglo XX crean el ambiente para potenciales conflictos”, agrega el artículo.
Y ante la negativa de la Sener de revelar los nombres de las empresas que podrían participar en tales proyectos, la autora consideró que la confidencialidad de los datos contradice el carácter estratégico y prioritario de las reformas que se están llevando a cabo.
“Es una cuestión de transparencia, sobre todo de actividades estratégicas que tendrán impacto incluso en la posesión de la tierra; y si la energía está considerada una actividad prioritaria en la ley, entonces deberíamos tener toda la información, empezando por identificar a todos los jugadores”, agrega.
De esa forma, dijo Correa, se evitarían suspicacias, y más en un contexto de evidencias de corrupción e irregularidades en la asignación de contratos.
Ante la reserva de los datos, SinEmbargo interpuso un recurso para que el Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai) revise la respuesta.
