Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).– El pago de la pensión universal a los adultos mayores en el futuro está en riesgo por el recorte realizado al gasto público por parte de Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), revela un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). La presión que ejercen sobre las finanzas públicas el pago de pensiones a trabajadores actualmente inactivos y el crecimiento del segmento de la población que, año con año, requiere de este beneficio económico son también un factor que agrava la situación.
El pasado 30 de enero, Luis Videgaray Caso, titular de la SHCP, anunció un recorte al gasto público de 124 mil 300 millones de pesos, debido a la caída de los precios internacionales del petróleo que ocasionaron una disminución en los ingresos federales.
Videgaray Caso aseguró que el recorte no afectaría los programas de ayuda social, como es en el caso de PROSPERA, el programa concentrado en vivienda, apoyo universitario y fomento agropecuario; sin embargo, el pago de pensiones para adultos mayores sí se vio afectado.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) detalló en su estudio que, independientemente de que la meta propuesta en el programa de pensión universal será difícilmente alcanzada en esta administración, en realidad el problema es de largo plazo pues al cancelarse dicha pensión, y por las presiones que ejercen sobre las finanzas públicas el pago de jubilados del Instituto Mexicano del Seseguro Social (IMSS), el ISSSTE, Petróleos Mexicanos (Pemex), Ferrocarriles Nacionales (Ferronales) y Luz y Fuerza del Centro (LyFC), para el año 2020 será casi imposible que los adultos mayores alcancen en el futuro una pensión universal.
Alejandra Macías Sánchez, investigadora del CIEP y autora del estudio, afirmó a SinEmbargo que es necesario llevar a cabo una reforma a fondo en el sistema de pensiones que asegure a futuro un apoyo, aunque sea mínimo, a los adultos mayores.
SIN PENSIÓN UNIVERSAL
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2014 contempla que el Programa Pensión para Adultos Mayores continuaría operando en tanto se implementara la Pensión Universal en términos de las disposiciones legales aplicables; es decir, que no contara con pensiones del IMSS, ISSTE y Pemex y atendiera a adultos mayores de 65 años. Por lo que se le asignó 42 mil 225 millones 520 mil 621 pesos.
No obstante, en el PEF 2015, aprobado desde el 3 de noviembre del año pasado, ese programa dejó de existir y sólo dentro del rubro de Desarrollo Social –en el anexo de Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas– se hace mención de “Pensión para Adultos Mayores”, dejando de ser universal. A este rubro se le destinó un monto de 12 mil 958 millones 126 mil 483 mil pesos.
En el anexo Programa Especial Concurrente se asignaron al pago de pensión 35 mil 437 millones de pesos, y dentro del anexo para el Desarrollo Rural Sustentable sobre Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables se asignaron 36 mil 829 millones 939 mil 448 pesos. Ambos igualmente sin ser universales.
En el PEF 2015 se aprobaron mil 075 millones de pesos para la Función Protección Social, lo que representa una caída de 0.21 por ciento en términos reales comparado con el PEF 2014.
“El programa de pensión Universal se creó en la Función Protección Social pero se juntó con el presupuesto de pensiones para adultos mayores de Sedesol [Secretaría de Desarrollo social], básicamente fue dirigido a eso y ahora recibe un recorte el presupuesto para adultos mayores. Aunque desaparece, no lo hace completamente, porque el presupuesto es para lo mismo. Las pensiones del IMSS e ISSSTE son déficits que cubre el gobierno federal de diferentes maneras”, comentó la investigadora.
Por su parte, al IMSS se le dieron 159 mil 859 millones 124 mil 616 pesos para cubrir las pensiones en curso. Asimismo, en los Presupuestos de Egresos de 2014 y 2015, la subfunción Edad Avanzada se puede dividir en dos categorías: Ingresos Propios y Recursos Fiscales.
La primera categoría incluye el pago de pensiones y jubilaciones de Comisión Federal de Electricidad (CFE), actividades de apoyo administrativas del IMSS y una parte de las pensiones en curso de pago de la ley 1973.
La segunda categoría comprende pensiones y jubilaciones del IMSS, ISSSTE, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFAM), Ferrocarriles Nacionales y Luz y Fuerza del Centro. Además, aportaciones y cuotas del IMSS y del ISSSTE. De esta manera, los recursos fiscales representan más del 80 por ciento del presupuesto del la subfunción Edad Avanzada
En este sentido, Alejandra Macías dijo que “la crítica más importante de esto es que son pensiones altas, sobre todo las de LyFC. Estamos hablando que el presupuesto promedio entre 2014 estaba como en 800 mil pesos anuales. Y son muy pocas personas las que reciben este tipo de pensiones más altas.”
Esto, junto con los déficits del IMSS e ISSSTE, ejercen una presión a las finanzas públicas del país, ya que estas empresas no cuentan con trabajadores activos que aporten recursos para el pago de pensiones, por lo que el Gobierno Federal asume la deuda.
“En el caso de los trabajadores tanto de LyFC como de Ferrocarriles, ellos ya son adultos mayores y fueron trabajadores activos, en su momento, de las empresas extintas y el gobierno tiene que respetar los derechos de esos trabajadores. Entonces aunque se eliminen las empresas, tienen que pagar los pasivos de estas empresas cuando el gobierno decide eliminarlas”, agregó la investigadora.
EL FUTURO DE LAS PENSIONES
Uno de los mensajes que el gobierno actual impulsó en 2014 fue la idea de que todos los mexicanos contarían con servicios de salud y pensiones (seguridad social universal). Además de la presión que representan los pasivos de estas empresas estatales extintas y la deuda del IMSS e ISSSTE, se suma el hecho de que cada año hay más personas en edad de recibir una pensión.
De 2010 a 2020, México pasará a tener 10.1 millones de adultos mayores a tener más de 14 millones; esto representa 14 por ciento de la población actual, por lo que Alejandra Macías dijo que “el problema más grande es que va a seguir habiendo adultos mayores que no van a tener una pensión, la idea de crear este programa era precisamente cubrir a todos los adultos que deberían recibir una pensión pero no va a ser así, este momento están cubiertos menos de los que deberían”.
“En el mejor de los casos, se va a mantener que se siga cubriendo al 9.5 millones de adultos mayores con las pensiones contributivas y no contributivas, pero la brecha entre este número y el número total de adultos mayores va a seguir creciendo, porque la población en este tiempo va a crecer bastante rápido”, informó la investigadora.
La entrevistada hizo un llamado a realizar una reforma que permita modificar a fondo el sistema de pensión actual, en donde el gobierno federal garantice un seguro de retiro, aunque sea mínimo.
“Al cambiar de un esquema a otro, de reparto de cuentas individuales, hay un periodo de ajuste donde va a haber déficit. Lo que yo creo que sería muy bueno es que el gobierno garantizara para todos los adultos mayores una pensión mínima aunque”, informó.
No obstante, “si queremos pensar en una reforma que den más recursos en esas partidas, tendría que verse una vía viable para las finanzas públicas que permitan dar una pensión universal de todas maneras”, concluyó.
