Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).– Las elecciones intermedias del próximo 7 de junio representan la primera gran prueba para el Instituto Nacional Electoral (INE), debido al clima de violencia, la corrupción y el desgaste institucional que existe no sólo en los estados en los que se votará, sino en el país entero. El panorama para estos comicios es dudoso y nada esperanzador, coinciden especialistas en el tema.
El caso Ayotzinapa, los llamados al boicot en las urnas, enfrentamientos y tomas de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), sumados a la falta de seguridad, el hartazgo social y a la constante presencia del crimen organizado provocan un cisma en el proceso electoral que se verá reflejado en las urnas, afirman.
El principal foco rojo para las elecciones intermedias es, precisamente, la inseguridad, afirmó Silvia Gómez Tagle, profesora investigadora del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México (Colmex). La especialista planteó que hay por lo menos tres entidades de la República con condiciones muy dudosas para que se realicen elecciones: Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, como entidades completas, pero hay muchos otros municipios en una situación similar y que, por la desinformación tanto de las autoridades electorales como de las federales y locales, no se sabe cuántos están en esa problemática.
Gómez Tagle añadió que esta situación ha ido empeorado en los últimos años; es decir, “las organizaciones criminales han ganado poder evidentemente ante un espacio de discrecionalidad donde no hay justicia”.
Por su parte, el analista en temas electorales Eduardo Huchim May consideró que los principales “focos rojos” están en dos tipos de violencia: la del crimen organizado, en la que no sólo hay peligro de acciones violentas sino la posibilidad de infiltración en las campañas: por ejemplo en su financiamiento, en “el dinero del narcotráfico” en actos proselitistas.
La otra es, como en el caso Guerrero, en donde “ya no es sólo la violencia del narco o de la delincuencia organizada sino la violencia social, derivada de la rabia desencadenada por los problemas que se han presentado desde la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa”, dijo el experto.
Silvia Gómez hizo énfasis en los casos en los que los personajes que llegan a candidatos están condicionados por grupos del crimen organizado para responder a sus intereses.
“[..] El otro lado es por los candidatos, porque hay candidatos que de plano no denuncian [las amenazas del crimen organizado] o hay otros que ante la presión de estas organizaciones, pues aceptan la complicidad para decir: ‘bueno entonces yo voy me someto a ciertas condiciones que ustedes me vayan imponiendo’”, detalló.
También expuso que es un tema de seguridad, porque los candidatos no pueden hacerse responsables de tomar una candidatura en libertad. En algunos casos están amenazados ellos y sus familias, y qué garantías hay que no lo van a matar, añadió.
Sobre una posible presencia de policías y soldados frente a las casillas para garantizar su instalación y vigilar que no haya problemas, el ex Consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) dijo que “es posible, pero es indeseable”.
Afirmó que una elección bajo vigilancia armada no es lo mejor para la democracia: “Nada más temido para la democracia que las armas y nada más deseable que el libre flujo de los ciudadanos a esas urnas; y en vez de tener una fiesta cívica tenemos un proceso bajo vigilancia armada es negativo para el avance democrático”.
LOS FOCOS ROJOS
A principios de este año, una investigación del Centro Woodrow Wilson, de Estados Unidos, alertó que el gobierno mexicano debe prestar particular atención a entidades como Guerrero y Michoacán ya que en ambos estados hay ciudadanos armados para su autodefensa, disputa por grupos de la delincuencia organizada, alta tasa de homicidios y políticos que han sido directamente blanco del crimen organizado. Los analistas consultados por SinEmbargo coinciden en estos estados como los principales puntos de atención.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de la Seguridad Pública (SESNSP) ubica a estas dos entidades dentro de las primeras cinco con más homicidios durante el 2014. El Estado de México ocupa el primer puesto con 2 mil 2787 asesinatos; le sigue Guerrero con mil 514; Chihuahua [mil 289] y Michoacán que cerró el 2014 con mil 085 asesinatos.
Sobre Michoacán, el Centro Woodrow expuso: “Las elecciones una prueba crucial para la administración del Presidente Enrique Peña Nieto. Las elecciones tendrán lugar un año y medio después de la intervención federal para retomar el control del estado y la formación de una fuerza de policía rural a partir de los anteriores grupos de autodefensa (…) miembros de la policía rural siguen investigados por vínculos con la delincuencia organizada, alcaldes están también bajo investigación por su colusión con el crimen organizado”.
A un año de la llegada de Alfredo Castillo Cervantes para restablecer la paz en Michoacán, la cifra de delitos en la entidad creció de 13 mil 756 delitos a 14 mil 011, de acuerdo con el documento “Criterios de distribución, fórmulas y variables para la asignación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2015”, publicado el 2 de enero en el Diario Oficial de la Federación.
El documento destaca que el delito que más creció en Michoacán es el homicidio doloso, al pasar de 848 casos entre noviembre de 2012 y octubre de 2013, a mil 014 asesinatos en el mismo lapso de 2014, lo que representa un aumento de 19 por ciento.
El actual Gobernador de la entidad, Salvador Jara Guerrero, llegó al cargo con un estado convulsionado por la violencia, tras el desastroso papel del priista Fausto Vallejo Figueroa, quien dimitió para atender problemas de salud, pero también obligado por el escándalo de la relación de su hijo, Rodrigo Vallejo Mora, con el líder del cártel Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, alias "La Tuta", actualmente prófugo.
El ex Comisionado llegó para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones de procuración de justicia, además de legalizar e integrar a los grupos de autodefensa que surgieron en la entidad en una Fuerza Rural, pero recientemente renunció sin haber cumplido su objetivo.
Apenas el pasado 14 de diciembre, un grupo de personas, algunas de ellas armadas y quienes se identificaron como autodefensas, realizaron varios bloqueos y manifestaciones en distintos municipios de Michoacán, para exigirle a los tres niveles de gobierno que detengan a los líderes de Los Caballeros Templarios; por el contrario amenazaron con volver a tomar las armas, ante la falta de resultados de las autoridades locales y federales.
Tanto Jara como Castillo prometieron generar condiciones para unas elecciones transparentes. Pero para los especialistas aún existen muchas dudas.
En el caso de Guerrero, el Centro Woodrow comentó que “es el estado con la mayor cantidad de ataques contra figuras políticas en 2014 (…) Más allá, el caso [Ayotzinapa] ha mostrado los vínculos entre autoridades locales, policías y crimen organizado. Tal colusión ha resultado en la elección de un ‘narco-candidato’ en Iguala y la reciente desaparición de 43 estudiantes”.
El doctor René Torres Ruiz, de la Universidad Iberoamericana, resumió que Iguala es un caso alarmante porque refleja todos los aspectos en los que el Estado mexicano está actualmente adoleciendo: fortaleza institucional, capacidad de impartir justicia, capacidad de las instituciones para resolver casos tan graves como las desapariciones forzadas.
Así como también la incapacidad del Partido de la Revolución Democrática (PRD), una fuerza política que tradicionalmente se había puesto de lado de las causas sociales y los grupos vulnerables, y ante esta situación demostró “signos de cinismo”, como los que habían practicado otros partidos, como el Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).
Por su parte, la académica Ivonne Acuña Murillo, también de la Universidad Iberoamericana, afirmó que el caso Ayotzinapa puso al PRD en una situación desfavorable, al ser el partido del que emanó el Presidente municipal [José Luis Abarca] acusado de tener nexos con el narcotráfico y quien ordenó el ataque contra los normalistas.
Aunado al caso, la violencia del crimen organizado también se ha ido incrementado en la entidad por la disputa por el control de rutas de trasiego de droga entre los grupos de Los Rojos y Guerreros Unidos; el segundo, señalado como responsable del secuestro de los normalistas.
Además, a raíz del caso Ayotzinapa, en los últimos meses han surgido diversas acciones que pusieron en alerta la realización de los comicios: actores políticos, entre ellos los padres de los normalistas desaparecidos han llamado al boicot, choques violentos de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) con la autoridad, así como movilizaciones de las fuerzas comunitarias.
Sin embargo, ante la crisis social y política, el Instituto Nacional Electoral (INE), en voz de sus consejeros, insistió en que habrá comicios en esas entidades.
Al respecto, el analista René Torres expresó que el Consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello no debería hacer declaraciones tan desafortunadas como las que ha formulado, en el sentido de que debe haber elecciones en Guerrero, sin antes hacer un diagnóstico serio de lo que realmente está pasando en la entidad.
PRI Y PRD PRENDEN ALERTAS
En el documento "Informe Prospectivo 2014-2015", el Partido Revolucionario Institucional (PRI) contempló como focos rojos para las elecciones 2015, cuatro de nueve estados donde habrá renovación de gubernaturas.
Entre los focos rojos incluye a Guerrero, Michoacán, Baja California Sur y San Luis Potosí.
De Guerrero dice que estuvo al mando un perredista que apoyó el Partido Acción Nacional (PAN). El diagnóstico refiere que el partido se encuentra "desarticulado, con estructuras y liderazgos poco confiables. Con muy mala calificación y percepción pública [y] con grupos políticos muy polarizados".
Del Gobernador con licencia, Ángel Aguirre Rivero, plantea que está "muy mal evaluado y que está operando para que su hijo [Ángel Aguirre Herrera] sea Alcalde de Acapulco". Aun así consideró que el adversario "está representado por la Izquierda”.
Respecto al caso Michoacán, el partido lo ubica como otro foco rojo y dice que el tricolor está "en proceso de renovación, (con) estructuras desactivadas, programas detenidos, poca actividad política, (y) la dirigencia del PRI vinculada políticamente a Jesús Reyna García, el ex Secretario de Gobierno preso por vínculos con el líder Templarios, Servando Gómez.
El PRD, advierte, está "fuerte y tiene de bandera diversos sucesos sociales de seguridad pública y grupos de autodefensa", aunque "el PAN y Luisa María Calderón [Hinojosa] van ganando terreno".
En ese panorama, el gobierno federal sustituyó a Alfredo Castillo Cervantes como encargado de la seguridad de la entidad y el tricolor señala que "las circunstancias del Estado no favorecen al PRI en la contienda”:
Por su parte, la cúpula perredista identificó a Guerrero, Michoacán, y Tamaulipas como “focos rojos” en materia de inseguridad, mientras que Distrito Federal, Puebla, Veracruz, Tabasco y Estado de México, son sujetos de alerta ante posibles conflictos internos por el grado de polarización entre corrientes.
“Los puntos rojos o los riesgos donde pudieran existir en el país, en las circunstancias que tenemos, están en algunas regiones de Michoacán, Guerrero, Tamaulipas”, expusieron el año pasado.
EL INE A PRUEBA
La elección del próximo año será la más grande en la historia de México en términos numéricos, ya que 82 millones de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, podrán emitir su voto en alrededor de 152 mil 500 casillas distribuidas en todo el país, para elegir a los 500 integrantes de la Cámara de Diputados.
Tan sólo para las elecciones locales en 17 estados del país, más de 48 millones de electores podrán acudir a las 92 mil 42 casillas únicas que se instalarán el día de la jornada electoral, para elegir más de mil 600 cargos de representación popular, que incluyen gobernadores, diputados locales y presidentes municipales.
Sin embargo, al protocolo administrativo se le sumaron los conflictos sociales para los que no está preparado el órgano electoral. Y ante ese contexto se vislumbra es un escenario de gran abstencionismo y una bajísima legitimidad, según los entrevistados.
“Básicamente las autoridades electorales nunca estuvieron previstas para esto. Pero esta situación se ha vuelto más crítica en los últimos tres, cuatro años y realmente las autoridades electorales no han hecho nada”, afirmó Silvia Gómez Tagle, analista del Colmex.
Agregó que no se trata de que cuente mal los votos, haya fraude en las casillas o se roben las urnas, sino que los votantes pueden acudir a la urna digamos en libertad. “Ahí tendría que ser un problema de seguridad del Estado. Las autoridades electorales no tienen mucha capacidad para resolver el problema y no tienen posibilidades de ejecutar sentencias ni aprehensiones ni nada; pero sí podrían advertir ‘éste es el riesgo y eso no lo están haciendo’, expuso.
Otro de los grandes conflictos para los comicios de 2015, es la falta de legitimidad del proceso, comentaron los analistas. “No se trata de decir si el INE va a ser capaz de contar los votos, sino de qué grado de libertad podrán tener los candidatos y los ciudadanos para ejercer su derecho”, dijo Gómez Tagle.
En medio de todas las complicaciones administrativas que actualmente existen (el gasto público, el gasto privado, las campañas), el hecho de que ningún partido de los que están registrados, salvo los tres nuevos a los que se les puede dar el beneficio de la duda, los tres reales [PRI, PAN y PRD] son cómplices de esta situación y ninguno ha hecho o dicho algo al respecto, concluyó.
