Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).– Distintos representantes de partidos políticos ante el Instituto Nacional Electoral (INE) celebraron el “Código de Integridad y Ética”, que lanzaron ayer cúpulas de la iniciativa privada en México como una medida para evitar la corrupción en su ámbito, en el que exhortaron a las empresas y a los empresarios a no hacer donaciones a fuerzas políticas ni a campañas proselitistas para evitar cualquier conflicto de interés.
Los representantes de los partidos de Movimiento Ciudadano (MC), Partido Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijeron a SinEmbargo que esta iniciativa del sector empresarial es un acierto que responde al tema de la corrupción y que ayuda a sanear el sistema político en México; sin embargo, advirtieron que esta medida no debe quedarse sólo en palabras y que debe cumplirse.
“Es muy positivo el que las organizaciones empresariales estén viendo la gravedad del tema de la corrupción y que ellos mismos estén buscando generar un instrumento que ciertamente no es coactivo, pero que sí puede marcar la línea de comportamiento de los empresarios a quienes contrate el propio gobierno para realizar la obra pública y que son proveedores de bienes y servicios”, expuso Francisco Gárate Chapa, representante del PAN en el INE.
Agregó que es muy importante que se genere un compromiso para que los empresarios asuman también el compromiso de no financiar ni partidos ni a candidatos.
Por su parte, el Diputado perredista Fernando Belauzarán Méndez expuso que “es una llamada de atención a este sistema político, en donde desgradaciadamente, la corrupción es sistémica. Es una llamada de atención y es una medida oportuna del sector empresarial en uso de sus derechos”.
El legislador afirmó que “la corrupción financia la política en México”.
De igual manera se manifestó, el representante del PRI ante el organismo electoral, José Antonio Hernández Fraguas. “Me parece muy importante y muy valioso que la Iniciativa Privada (IP) se comprometa con la transparencia y con una clara convicción del gobierno federal para combatir todo tipo de corrupción”.
Entre los 12 lineamientos, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) plantea que las empresas eviten aportaciones o donativos a partidos políticos, campañas electorales y a cualquier persona física o moral, asociación, organismo, sindicato o cualquier otro tipo de entidad pública o privada, relacionados con actividades políticas, ya sea en México o cualquier país.
Establece que las empresas deberán respetar las preferencias y militancias políticas de sus colaboradores, dentro del marco que fijen las leyes de la materia, sin interferir o restringir la participación de sus colaboradores.
También exhorta a tener políticas, procedimientos y controles verificables para establecer sanciones derivadas del incumplimiento de las políticas que eviten el soborno, corrupción, colusión, cohecho o cualquier acto que implique un pago en dinero o especie, ventajas, privilegios, préstamo de servicios, asunción de deudas u obligaciones o atenciones excesivas.
Al respecto, Juan Miguel Castro Rendón, representante de Movimiento Ciudadano (MC), aseguró que “más de quien se trata, toda iniciativa de Código de Ética si se cumple, viniendo de quien sea, es muy bueno”.
LA CORRUPCIÓN FINANCIA LA POLÍTICA
En medio de los recientes casos de conflictos de interés en los que se ha visto envuelto el gobierno federal, los políticos plantearon que es parte del mismo sistema político mexicano, el que al darse un financiamiento se genera un compromiso.
En las últimas semanas, se han hecho públicos una serie de casos en los que se han visto involucrados el Presidente Enrique Peña Nieto, su esposa, Angélica Rivera Hurtado y el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, por la compra de casas a contratistas del gobierno, principalmente a Grupo Higa.
“Yo estoy cierto que cuando un político recibe un apoyo de una empresa, indudablemente genera un compromiso; y en caso de ganar se ven afectadas las políticas públicas. Por eso es que yo en general veo con muy buenos ojos [esta medida. Me parece que es un parte importante de las organizaciones empresariales el que asuman un compromiso de abonar la política pública de México se sanee”, aseguró Gárate Chapa.
El líder del CCE, Gerardo Gutiérrez Candiani, expuso que precisamente el Código busca promover estos principios como un acto de autocorrección por parte del sector privado mexicano ante los recientes casos de corrupción entre contratistas y funcionarios en los que el sector empresarial ha formado parte.
El empresario reconoció que ellos mismos han sido en parte el problema, del que ahora quieren ser parte de la solución. “La principal razón es que nosotros, muchas empresas, hemos sido parte del problema y hoy queremos ser parte de la solución. Y este código nos lleva a combatir la corrupción de manera irrestricta, eso es lo que asumimos”, afirmó.
Por su parte, Hernández Fraguas refirió que “normalmente la corrupción se realiza porque hay quien deja corromperse y normalmente son los proveedores, los prestadores de servicios o los constructores que tienen que ver con esta prestación de servicios”.
Agregó que esta iniciativa del CCE, “nos obliga a todos, no sólo a los políticos, a los ciudadanos en general a evitar cualquier práctica de corrupción”.
El Diputado Fernando Belauzarán agregó que espera que los empresarios cumplan estas medidas para que no “se reproduzca lo del ‘amigo contratista’, en donde yo te doy contratos y tú me financias”. Detalló que el llamado es pertinente porque “golpean a esa lógica perversa de a cambio de contratos yo financio tu política y tus campañas”.
El legislador acusó que en todas partes se dan estos casos en los que la corrupción financia la política y también las campañas electorales; dijo que eso ocurre “en todo el mundo, en todos los partidos de todo el mundo, los partidos de la derecha hasta los del castillo de la pureza”.
Explicó que ese el punto central del problema, porque cuando hay un escándalo de corrupción se ataca “a un mal funcionario y todos se indignan, pero a lo mejor ese funcionario no es la excepción sino la regla, porque ese funcionario se mueve así por dos razones: porque la corrupción financia a la política y a las campañas políticas, y porque la distribución del poder en México se decide con dinero no fiscalizado”.
