Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).– La transparencia y la rendición de cuentas es uno de los temas de la presente administración y a pesar de que se han llevado a cabo avances importantes respecto al tema, especialistas consideran que una parte importante para que se cumplan de manera eficiente y concisa es que la información, en especial aquella relacionada con el manejo de los recursos y las finanzas públicas que periodicamente suben a sus páginas de Internet la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México (Banxico), sea comprensible para el público en general, demandaron expertos en acceso a la información y transparencia.
En este sentido, no sólo se fortalece el ejercicio de la rendición de cuentas, sino también se permite reconstruir el vínculo entre el ciudadano y el gobierno en dos sentidos: en cuanto al ciudadano respecto a su participación dentro de un gobierno que se proclama como abierto, y en cuanto a las instituciones, a recuperar la confianza que desde la perspectiva de los expertos, hoy en día se encuentra debilitada.
De acuerdo con especialistas consultados por SinEmbargo, la transparencia y la rendición de cuentas por parte del Estado o la administración pública no sólo se refiere a proporcionar los medios ni facilitar el acceso a los datos, sino a dar información de calidad y comprensible para la ciudadanía.
Un ejemplo muy claro de este tipo de información son los reportes o informes trimestrales económicos que tanto la SHCP como el Banxico publican periódicamente a través de sus páginas de Internet.
INFORMAN, PERO NO EXPLICAN
Tanto la transparencia como la rendición de cuentas a través de la práctica, comprenden distintas elementos que permiten su fortalecimiento, y en este sentido los expertos en el tema reconocen que se han hecho grandes avances respecto a la información que los organismos gubernamentales aportan, pero que se quedan cortos en cuanto al entendimiento que se puedan tener de ellos.
De acuerdo con Eduardo Bohórquez López, director de Transparencia Mexicana, informó que el proceso de la transparencia se constituye por la transparencia focalizada o proactiva y el lenguaje ciudadano, elementos centrales para la rendición de cuentas que permite al ciudadano entender de manera sencilla lo que se hace dentro de la administración pública.
“Estas son políticas que ya llevan varios años y que todavía no rinden frutos, por ejemplo, la transparencia focalizada busca que asuntos que pueden ser del interés público se presenten en formatos apropiados para que la opinión pública pueda entenderlos, discutirlos y criticarlos” dijo.
En cuanto al lenguaje ciudadano agregó que “todas las democracias modernas están trabajando en este momento en traducir a lenguajes de no expertos, la información técnica que produce el Estado. Y aunque no hay una obligación son políticas públicas de vanguardia para hacer que la ciudadanía se acerque más al gobierno y se disminuya la brecha entre ciudadanos y gobernantes.”
En este sentido, la SHCP ha avanzado solamente en el fácil acceso y comprensión en lo que respecta a la Ley de Ingresos y a Presupuesto de Egresos, debido a que a partir de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se obligó a rendir versiones ciudadanas a nivel federal, estatal y municipal en donde se expliquen estos dos documentos presupuestales básicos y cómo es que se utilizan los recursos públicos.
Liliana Ruiz Ortega, investigadora del área de Presupuestos y Políticas Públicas de Fundar, informó que “antes la información era muy técnica, a veces sólo la entendían los expertos y en ocasiones ni ellos. Una de las cuestiones es que se haga más sencilla para que no sólo ese grupo de expertos entienda, por ejemplo el presupuesto y el gasto, sino que cualquier ciudadano pueda entender de este tema”.
“La transparencia es una condición necesaria para que mejore la eficiencia de la institución y del gasto, pero no es suficiente que el gobierno dé más información. Esta información tiene que estar en formatos accesibles, amigables. Ahora se está impulsando que la información ya no se dé en PDF sino en Excel para que uno pueda hacer las gráficas y cálculos. También se necesita que esa información sea utilizada, es decir que se fomente la participación ciudadana”, agregó.
Dicha ley se aprobó en 2008 y tuvo una reforma en 2012, antes del término de la administración del Presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), que incorporó la obligación de elaborar versiones ciudadanas. De esta manera, la primera versión amigable y accesible fue en 2010, por obra de la Secretaría de Hacienda en colaboración con la Sociedad Civil, y la cual no tenía ninguna relación u obligación legal.
Debido a que cada dos años se contestaban cuestionarios sobre cómo se encontraba México en transparencia presupuestaria, Hacienda salió con una calificación baja, lo que fomentó que tanto Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos tuvieran una versión que la ciudadanía pudiera entender.
Sin embargo, esta obligación no ha ido más allá, como a otro tipo de documentos que expidan temas que no sean los presupuestales, por ejemplo aquellos reportes en donde se habla acerca del desarrollo de los sectores o el crecimiento económico nacional.
Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dijo que “lamentablemente el marco regulatorio no contempla otro tipo de informes, sólo aquellos de usos de recursos que son demasiado técnicos, inclusive muchos de ellos ya son de cuenta pública o de fiscalización, en las que están involucrados otros órganos como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o las estatales”.
Por su parte, el director de Transparencia Mexicana informó que la transparencia se ha quedado corta en la parte de acceso a la información, pues no se están implementado políticas específicas para la compresión de estos documentos.
“La SHCP tiene un área que se llama transparencia presupuestaria que ha avanzado en esta discusión que ha hecho versiones ciudadanas del presupuesto, pero no sólo se trata que esto tenga una versión más amigable y entendible para un ciudadano común y corriente sino también los reportes trimestrales y todos aquellos documentos que establece la Ley de Contabilidad y Responsabilidad Hacendaria, pero ahí no hay una obligación de traducirlos”, dijo.
Mientras que Liliana Ruiz manifestó que “se ha avanzado en que están elaborando las versiones. Habría que ver su calidad si hay mejores unos que otros. Hay unos que son más didácticos y te explican, otros sólo lo hacen por el requisito.”
LOS BENEFICIOS DE LA “TRADUCCIÓN”
Desde la perspectivas de los especialistas, la relación entre gobierno y sociedad es una relación prácticamente rota, especialmente en términos de comunicación fluida, por lo que hacer comprensible la información que hace pública ayudaría y permitiría la reconstrucción de esa relación, para generar confianza en la institución pública por parte del ciudadano.
En este sentido, actualmente se está tratando de implementar la idea del “gobierno abierto”, marco mediante el cual se están implementando este tipo de políticas por el hecho de involucrar más al ciudadano en el tema de la política pública, para lo que es indispensable traducir los aspectos técnicos de los documentos oficiales, sobre todos aquellos que tengan que ver con aspectos económicos.
Eduardo Bohórquez dijo que ”el nudo en el que estamos es que si se le pregunta a la Secretaría de Hacienda que si se tiene acceso a la información, va a responder que sí, en términos de haberlos publicado en la página web pero no son accesibles en el sentido de que posibiliten una mejor comprensión y una mayor exigencia social respecto al trabajo de la Secretaría”.
“Muchos de estos temas técnicos requieren de enorme esfuerzo para ser traducidos a la opinión pública que no conocen algunas leyes. En un momento hay tal distancia entre sociedad y gobierno que es indispensable empezar a construir estos puentes. Además permite entender que no todo lo que hace el gobierno es necesariamente equivocado, lo que pasa ahorita es que es imposible entenderlo, entonces necesita hacerse, que si entendiéramos mejor, sabríamos que en algunas cosas hay aciertos y en otros desaciertos”, agregó.
Por su parte, Liliana Ruíz dijo que aunque hay que reconocer avances pero todavía no son suficientea, pues en muchos casos todavía no se tiene la información tan desagregada como se necesita para dar un seguimiento puntual a las acciones de la institución gubernamental.
“Hacer esto, por parte de Hacienda, le da más credibilidad y confianza, la hace un ente más confiable, está dando información de lo que hace, comunicándose con el ciudadano que debería de ser una obligación y que está reportando. Responder a esta rendición de cuentas como cualquier institución gubernamental”, dijo.
Y agregó que “al ciudadano le conviene porque va a encontrar que es más fácil entender mejor que antes los aspectos técnicos, teniendo muchas más herramientas. Hacienda tiene mucha información en su página de transparencia y han hecho un esfuerzo para hacerla de fácil comprensión”.
En este sentido, Manuel Guadarrama informó que la elaboración de los documentos posteriores a la Ley de Ingresos o Presupuesto de Egresos ayudarían a tener todo el mapa completo del destino y gasto de recursos.
“Sin embargo, con la elaboración de este tipo de reportes, por ejemplo los informes trimestrales que la propia federación está obligada a presentar en términos de deuda pública o de recursos federalizados, permitirá un panorama mejor, ver si corresponde la presupuestación con la ejecución y finalmente destino, contemplar todo el ciclo”, dijo.
Y agregó que “sin duda si se logra modificar el marco normativo para que se incorporen este tipo de documentos de una versión ciudadana, claro que van a fomentar la transparencia y la rendición de cuentas. Necesitamos presionar para que se incorporen en todos los informes que se elaboren versiones ciudadanas”.
Eduardo Bohórquez informó que una comprensión por parte de la ciudadanía en el manejo de la economía de la Secretaría de Hacienda respecto a las finanzas públicas, les facilitaría contribuir fiscalmente. Sin embargo, destacó que en las áreas donde se dan estas traducciones incluso llegan a un extremo al ser condescendientes con la opinión publica, presentando los documentos con caricaturas o cómics.
“Hay un paso intermedio y no hay una política ni de lenguaje ciudadano ni de transparencia focalizada acorde a la traducción de estos documentos en la Secretaría de Hacienda”, concluyó.
