Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).– Ante el retraso del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF) para dictar sentencia en un juicio de nulidad relacionado con el proyecto Ciudad Progresiva, en la colonia Xoco de la Delegación Benito Juárez, Oswaldo Mendoza Santana, representante vecinal y promovente del juicio, interpuso un amparo a fin de que la instancia judicial emita la resolución y se le notifique antes de que venza el plazo para apelar un posible dictamen desfavorable.
Mendoza Santana detalló en entrevista con SinEmbargo que presentó el amparo el pasado 5 de enero, al reanudarse las actividades del Tribunal. Hasta el pasado 11 de diciembre –el penúltimo día que el órgano judicial laboró en 2014–, el TCADF no había emitido su fallo, según constató él mismo, pese a que para entonces ya había vencido el plazo legal para hacerlo.
El 7 de noviembre de 2012, Mendoza Santana promovió un juicio de nulidad ante el Tribunal, que quedó registrado bajo con el folio I-68603/2012, por un presunto conflicto de interés en el proceso de aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que avaló el proyecto Ciudad Progresiva.
El proyecto, aprobado en la administración de Marcelo Ebrard Casaubon, contempla la construcción de siete edificios, entre ellos un rascacielos de 267 metros de altura, conocido como Torre Mitikah. Desde hace dos años vecinos de Xoco han manifestado su inconformidad con la obra, que se ubica en el predio de calle Real de Mayorazgo 130, además de denunciar irregularidades en los procedimientos administrativos que permitieron su edificación, como haber autorizado un cambio de uso de suelo sin informar a los vecinos.
El caso que desde hace dos años sigue Mendoza Santana es porque la MIA fue elaborada por la empresa consultora Sistemas Integrales de Gestión Ambiental (Sigea) y autorizada en agosto de 2009 por Alejandro Nyssen Ocaranza, desde su cargo como director general de Regulación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal (Sedema). Pero Nyssen también era ex accionista y socio fundador de Sigea.
Por este hecho, el TCADF ordenó anular el procedimiento administrativo por el cual se había autorizado la MIA del proyecto Ciudad Progresiva. En su resolución, emitida el pasado 21 de mayo, el Tribunal también ordenó suspender la obra a fin de determinar posibles conductas irregulares de los servidores públicos involucrados en la emisión de la Manifestación.
Sin embargo, el Gobierno del Distrito Federal y Grupo Financiero HSBC División Fiduciaria (que figura como tercer perjudicado), impugnaron el fallo.
El Grupo Financiero HSBC División Fiduciaria figura como tercer perjudicado en el caso debido a que la institución compró en 2008 el predio de Real de Mayorazgo 130, cuya superficie es de 47 mil 244.84 metros cuadrados, así como un predio de 62 mil 361.74 metros cuadrados ubicado en avenida Universidad 1200. La institución bancaria tiene ambos predios bajo los fideicomisos F/249513 y F/249530, respectivamente.
La primera sala ordinaria del TCADF admitió la apelación el 1 de octubre pasado. El artículo 139 de la Ley Orgánica del TCADF establece un plazo de 60 días para que informe a la sala Superior sobre el fallo de la apelación.
Pero al menos hasta el 11 de diciembre de 2014, ello no había ocurrido, de acuerdo con Mendoza Santana.
La precaución de Mendoza Santana al presentar un amparo contra este retraso tiene un antecedente: cuando el TCADF emitió la sentencia del juicio de nulidad el 21 de mayo, ninguna de las partes involucradas fue notificada.
Sin notificación a todas las partes, la sentencia no puede causar Estado, es decir aplicarse. También se limita a los involucrados la posibilidad de impugnarla.
Mendoza Santana dice que él se enteró de la resolución del TCADF el 25 de junio, cuando se encontraba, precisamente, en proceso de presentar un amparo ante un tribunal federal contra lo que hasta ese momento consideraba una omisión del TCADF.
Entonces supo que tampoco la Sedema y el banco HSBC, los otros actores involucrados, habían sido notificados de la sentencia.
Mendoza Santana solicitó entonces al TCADF que notificara a las otras partes involucradas.
El GDF y HSBC interpusieron un recurso de apelación, mismo que fue admitido por el TCADF el 1 de octubre pasado.
Vencido el plazo para que el Tribunal emitiera la sentencia final, una vez valorada la apelación, la instancia jurídica de nueva cuenta se ha retrasado.
