Artículo 19 y Fundar consideraron que de no revertirse la reforma, la libertad de expresión seguirá siendo vulnerada.
Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- Las organizaciones Artículo 19 y Fundar exhortaron al Senado de la República a reconsiderar la iniciativa de Reforma a la Ley General de Comunicación Social, la llamada “Ley Chayote”, que da al Gobierno mano libre para gastar sin reglas los recursos de la publicidad oficial, como parte del paquete de reformas electorales, ya que “incumple con los más altos estándares en libertad de expresión“, por lo que “se mantienen las condiciones para censura sutil y falta de transparencia“.
Artículo 19 y Fundar consideraron que si el Senado no revierte la reforma a la Ley General de Comunicación Social, aprobada por la Cámara de Diputados, “la garantía del derecho a la libertad de expresión y a la información seguirán siendo vulneradas”.
Las organizaciones prevén que con la reforma aprobada por la Cámara de Diputados “persistirán malas prácticas en la asignación y contratación de la publicidad oficial”, puesto que se debería de revertir el “uso condicionado del gasto de comunicación social como forma de manipulación sobre las líneas editoriales de periodistas y medios de comunicación”.
Asimismo, advierten que con la rapidez que se aprobó en la Cámara de Diputados no hubo discusión porque se pretende mantener las graves omisiones, además de que no toma en cuenta el asesoramiento de la academia, periodistas, medios de comunicación independientes y sociedad civil que han empujado desde hace años los cambios necesarios en la materia.
El pasado 8 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de la Unión corregir las deficiencias de la “Ley Chayote” y declaró su inconstitucionalidad.
De acuerdo con Artículo 19, la “Ley Chayote” incentiva el uso proselitista de la publicidad oficial, pues considera que las campañas de comunicación pueden tener como objeto la difusión de “logros de los gobiernos y sujetos obligados”, abriendo la posibilidad de que ésta se siga utilizando como una herramienta para promover figuras públicas o partidos políticos generando una sobrexposición de los mismos a la sociedad mexicana.
La Ley General de Comunicación Social omite por completo la elaboración de controles descentralizados para vigilar y fiscalizar el uso de la publicidad oficial, ya que no dispone de transparencia y regulación de la medición de audiencia, circulación, visitas y rating, puntos medulares que debe contemplar una correcta regulación.
A pesar de que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha reducido casi a una quinta parte de lo que asignaba Enrique Peña Nieto a publicidad oficial, la actual administración ha mantenido la discrecionalidad que se traduce en la concentración del 53 por ciento gasto de comunicación social en 10 medios, mientras el resto (más de 300 medios) recibe el 47 por ciento. Hoy destaca en el “top 10”, por ejemplo, los medios del Grupo Cantón vinculados al Diputado morenista Cantón-Zetina.
-Con información de Leopoldo Maldonado
