Familiares de desplazados acudieron el 27 de noviembre pasado a buscar una reunión con el Subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno federal, Alejandro Encinas. Acusaron falta de voluntad política en un documento: “no hay una voluntad política para resolver nuestras demandas, regresarnos a nuestras casas”. Los activistas señalan que el desplazamiento forzado no es una prioridad para la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por Vania Pigeonutt
Ciudad de México, 12 de diciembre (Pie de Página).- El desplazamiento forzado interno es otro pendiente de la violencia que heredó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que continúa sin resolverse. Así lo denuncian víctimas del estado de Guerrero, la entidad que suma más casos en el territorio mexicano.
En su último reporte, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) registró de enero a diciembre de 2018 un total de 25 episodios de desplazamiento interno forzado masivo en el territorio mexicano.
Con 13 casos, más de la mitad de esos eventos ocurrieron en Guerrero (13).
A nivel nacional, 11 mil 491 personas fueron forzadas a dejar sus hogares. La CMDPDH registró 5 mil 56 personas desplazadas en Guerrero; 590 son menores de edad.
Los desplazamientos no han parado durante 2019.
Durante este año huyó más gente de las comunidades de la zona serrana en la entidad. También, de Zirándaro, Tierra Caliente, de acuerdo con el Centro Regional José María Morelos y Pavón.
Familiares desplazados acudieron el 27 de noviembre pasado a buscar una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas. Acusaron falta de voluntad política en un documento: “no hay una voluntad política para resolver nuestras demandas, regresarnos a nuestras casas”.
Los activistas señalan que el desplazamiento forzado no es una prioridad del gobierno federal. Para las víctimas, López Obrador ha mostrado negligencia y desdén.
El gobierno federal canceló una cita que tenía con los desplazados de Guerrero este miércoles 11 de diciembre.
Teodomira Rosales dice que la reunión programada con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas se llevará hasta el próximo lunes 16. Considera que el gobierno de López Obrador ha sido negligente, omiso e irresponsable al no darle el peso suficiente a este problema.
Los casos críticos en Guerrero se concentran en la región de la Tierra Caliente. En el municipio de Zirándaro tan sólo hay mil 800 desplazados; en Cundancito, municipio de Coyuca de Catalán, 208 personas están “retenidas por un grupo paramilitar”.
Son lugares fantasma, con iglesias, escuelas y casas abandonadas. En enero participarán con una comisión de funcionarios en la elaboración de una ley que sancione y dé responsabilidades puntuales a los responsables de este despojo. Sólo una vez se pudieron “colar” en una reunión con López Obrador, pero con familiares de desaparecidos. A los desplazados nunca los recibió ni aun acampando más de un mes frente a Palacio Nacional.
“La desaparición va de la mano con el desplazamiento. En Leonardo Bravo se tuvieron qué desplazar familias. A una le quitaron un hijo, un esposo. Los de Copalillo, región norte, les pasó lo mismo. Primero hay desaparecidos y luego el desplazamiento, López Obrador no puede atender sólo a desaparecidos: el desplazamiento va de la mano”, advierte Teodomira.
Otro problema es el desplazamiento hormiga. La gente se va de uno a uno por miedo. Eso ocurre en zonas donde por la presencia de grupos armados, como en Coyuca de Catalán, que hay tres de tráfico de drogas y dos autollamadas policías comunitarias de civiles armados, no pueden llegar. Han pedido el apoyo de la Comisión local de derechos humanos, pero son misiones difíciles de lograr, y cuando llegan ven pueblos abandonados.
El próximo 16 se reunirán en Chilpancingo en la casa diocesana, instalaciones de la iglesia católica. Prevén que haya un representante del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, con quien tampoco han concretado una reunión; personal de la Secretaría de Bienestar; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y Encinas.
“No hay una estrategia de seguridad nacional clara. Y si la hay cuando menos nosotros vemos que este problema del desplazamiento no forma parte de la estrategia de seguridad nacional. Estuvimos en Zirándaro, y la gente dice que el Ejército apoya a alguno de los grupos de la delincuencia que quieren apropiarse del territorio”, acusa Manuel Olivares, secretario técnico del Centro Regional José María Morelos y Pavón.
6 MIL 500 DESPLAZADOS EN GUERRERO
Las 22 comunidades de los ocho municipios afectados en Guerrero el año pasado por el desplazamiento forzado colindan con zonas donde ya habían ocurrido estos hechos desde 2011, en La Laguna, Coyuca de Catalán. Organizaciones acusan que ya habían alertado a las autoridades sobre la importancia de atenderlas.
Entre estos desplazados de 2018, están los mil 680 que salieron de Leonardo Bravo y Zitlala, la primera es zona amapolera y la segunda, indígena. Es el caso de Francisco Barragán, quien murió de un paro cardiaco el 22 marzo casi frente al Palacio Nacional.
Barragán, un agricultor de amapola, tenía 56 años y llevaba 39 días acampando frente a donde despacha el presidente. Como él, cientos de campesinos desplazados reclaman desde el 11 de noviembre de 2018 una solución que les permita volver a sus tierras asoladas por la violencia, sin que las autoridades hayan escuchado sus reclamos.
Manuel Olivares narra cómo desde 2011 han tenido desplazamientos masivos en la entidad. En una documento que su organización ha elaborado durante los últimos ocho años, indican que ha cobrado ya 6 mil 500 víctimas.
Olivares alerta que la problemática es incuantificable. Explica que hay subregistros que ninguna organización en el estado puede cuantificar, pero de lo que tiene certeza es que va en aumento.
ANTECEDENTES
Como ejemplo, Olivares señala el último desplazamiento de al menos 40 familias que huyeron de grupos criminales en Zirándaro, municipio que colinda con Michoacán.
El activista recuerda que el primer caso registrado es del 21 de abril del 2011. Las familias estuvieron ocho meses en la comunidad de Puerto las Ollas, provenientes de La Laguna. Fueron desplazados por hombres armados que se apoderaron de sus tierras, muchas de ellas con árboles con maderas preciosas como el roble y el encino.
Después se instalaron en la Costa Chica. Ellos fueron el antecedente de los asesinatos de familiares ecologistas.
La familia Santana Villa y otras de la comunidad de La Laguna, Coyuca de Catalán, tuvieron que desplazarse a Puerto las Ollas, del mismo municipio en la región de la Tierra Caliente hacia la Costa Chica, en 2012. El motivo: una ola de asesinatos de líderes ecologistas que resguardaron el bosque hasta esa fecha
El detonante fue el asesinato de Rubén Santa Alonso, dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESPCC). El crimen ocurrió en febrero de ese año.
Otros homicidios –incluidos el de su esposa Juventina Villa y su hijo Reynaldo Santana, en noviembre del 2012– los obligaron a desterrarse a Ayutla de los Libres, en la Costa Chica.
“Hay un patrón que las autoridades no han querido ver: todas son comunidades de municipios de la Tierra Caliente, Costa Grande, la parte serrana a Chilpancingo”, dice.
Después de Guerrero está Chiapas con 5 mil 35 personas desplazadas, que representa el 43.82 por ciento del total nacional. Ambos estados, con los mayores índices de pobreza del país representan el 87.82 por ciento del total del problema. Ambos tienen un porcentaje de desplazados de comunidades indígenas.
DESPLAZAMIENTOS ESTRATÉGICOS
El activista señala que las zonas donde ocurren los desplazamientos coinciden en la riqueza de recursos naturales. Son territorios principalmente colindantes con el Estado de México y Michoacán.
“Los desplazamientos se dan en zonas productoras de amapola. En zonas que tienen muchos recursos naturales, como madera y agua, pero también son regiones que tienen concesiones mineras.
“Es una estrategia de Estado. Finalmente para aplicar, ejecutar condiciones mineras, tanto para el Estado como las empresas mineras, es mejor tener zonas despobladas, donde no haya exigencia de nada”.
Aunque las cifras de este centro regional de derechos humanos varían respecto a las de la CMDPDH, coinciden en las zonas. Y marcan un incremento del fenómeno, durante 2018.
El 17 de julio de 2018, 21 familias de la comunidad de Las Ventanas, San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente, huyeron de sus casas. Grupos armados organizados los corrieron.
En total 131 personas entre niños, mujeres y adultos mayores viven refugiados en la comunidad contigua a unas cuatro horas, Río de Santiago, Atoyac, en la Costa Grande.
Otros casos son el pueblo de Corralitos, Leonardo Bravo, y Las Palmas, Eduardo Neri. Son municipios de la región Sierra, zona de sembradíos de amapola, árboles frutales y concesiones mineras.
Las víctimas fueron 900 desde el 9 de junio de 2018. De Corralitos 600 y de la otra comunidad 300. Primero se refugiaron en Tlacotepec, la cabecera municipal de Heliodoro Castillo y Chichihualco, la de Leonardo Bravo; pudieron regresar 16 familias en octubre de 2018, pero en noviembre de ese año hubo otro evento violento que concluyó con más de mil 600 personas huyendo de sus casas. En estas comunidades ya han salido, según recuentos locales, unas 2 mil personas.
UN PROBLEMA ARRAIGADO
Hay un contexto desatendido de manera histórica en Guerrero que abre paso al desplazamiento, explica el Centro Morelos en su resumen de episodios de desplazo.
El 18 de abril de 2011 fue asesinado, Javier Torres Cruz, otro miembro de la OCESPCC. Campesinos fueron emboscados en las comunidades aledañas de Dolores y Los Ciruelos: la disputa era por el territorio y la madera. Habían alertado y pedido ayuda gubernamental.
Antes del desplazamiento de 2011, Torres Cruz fue secuestrado por militares– según denuncias de sus deudos– y entregado a gente de Rogaciano Alba Álvarez, el ex alcalde de Petatlán, procesado por narcotráfico. Alba es reconocido como el cacique que más problemas a provocado en esa región.
Torres denunció a Rogaciano Alba de ser el autor intelectual del asesinato de la abogada la activista Digna Ochoa. Este antecedente sembró las condiciones para la posterior desaparición de Marcial Bautista y Eva Alarcón, en diciembre del 2011. Los primeros desplazados de abril de 2011 que llegaron a La Laguna eran 107 personas, la mayoría niños.
Recibieron hasta 2012 una Misión Civil de Observación compuesta por organizaciones sociales y la comisión de derechos humanos guerrerense, que llegaron resguardados por militares. Eran dos mujeres embarazadas, 77 menores de 18 años: 34 eran menores de 5 años viviendo a la intemperie. El desplazamiento inició la noche del 21 de abril.
“El poder político siempre ha estado en caciques, de esta forma de mantener el poder, Guerrero ha sufrido muchas represiones y masacres. No es casual que producto de toda esa represión, marginación que se vive, los jóvenes, mujeres, gente adulta se vean impulsados a involucrarse al crimen organizado, y que en el control tengamos las ejecuciones, los desplazamientos por las mineras, el control de los recursos naturales, por trasiego, mano de obra, para nosotros no es casual esta situación, sino es algo que ha venido evolucionando todo el tiempo” dice.
Olivares lamenta que haya dos pendientes en materia legal: el desplazamiento forzado interno se ha reconocido como uno de los problemas más recientes y estructurales del país, pero ni en la Cámara de Diputados mucho menos en el Senado se ha legislado como un delito.
“INTERESES CREADOS”
Manuel Olivares acuda que el problema no se ha atendido de manera integral, desde que gobernaba el perredista Zeferino Torreblanca, su predecesor, Ángel Aguirre y el actual gobernador priista Héctor Astudillo Flores. Señala que el estado No tienen un diagnóstico claro de por qué la gente deja sus casas y se benefician de eso.
“Se sabía que los ataques que se hacían por parte de la población, a uno les llamaba sicarios, desde ese tiempo en alguno de sus diferentes niveles ha estado involucrado el Ejército, las autoridades de todos sus niveles. No sólo permiten que crezcan y hagan sus actividades, los refuerzan, los acompañan y eso significa que pudiera haber intereses muy creados dentro de las esferas del gobierno”.
Pese a que hay iniciativas de ley al respecto en el Congreso, el desplazamiento forzado aún no está tipificado como un delito.
“Es una violación integral de derechos humanos, porque el gobierno mexicano no es capaz de garantizar esa paz, esa tranquilidad pública”.
DEMANDAS DE LOS DESLAZADOS
El desplazamiento forzado interno debe verse como un fenómeno, considera Teodomira Rosales Sierrra, abogada de las familias –70 en calidad de víctimas– que fueron corridas por supuestos civiles armados en Leonardo Bravo y Eduardo Neri. Estas personas acaparon 39 días frente a Palacio Nacional para ser escuchados pero su caso no tiene mucho avance.
En esos días de protesta murieron Virginia Zúñiga y Francisco Barragán. Estas víctimas de desplazamiento eran originarias de las comunidades amapoleras, cuya producción bajó hasta un 100 por ciento en 2017, y tuvieron que dedicarse a otros cultivos.
El desplazamiento más numeroso ocurrió después el 11 de noviembre del 2018. La gente huyó de La Escalera, El Naranjo, Carrizal de la Vía, El Balzamar, Tepozonalco, y Los Morros comunidades de su municipio y Heliodoro Castillo, tomadas por alrededor de 3 mil personas armadas.
Rosales asegura que mucha gente se ha ido enfermando, otros buscaron ayuda humanitaria en Estados Unidos y están a la espera de que se resuelva ese trámite.
“Una de las demandas de los desplazados era que ellos pudieran contar con seguridad en el camino para poder retornar a sus comunidades. Se enmarcaban cuatro o cinco puntos: una era el repliegue del grupo armado que desplazó a las comunidades de Leonardo Bravo y la inmediata instalación de un perímetro de seguridad para evitar que esa gente armada pudiera entrar a las comunidades. El gobierno a nivel federal asumiera la tarea de la seguridad pública, la otra era tomar el control de todo el corredor desde Casa Verde, Corralitos, Polixtepec, y ya como el último punto, hacer un avalúo de las pérdidas que haya tenido cada familia y que el gobierno se encargue de resarcir esas pérdidas, porque si, no ha sido capaz de garantizar la paz, la tranquilidad, la seguridad, se tiene que resarcir este daño”.
El primer punto que pidieron el pasado 27 de noviembre, cuando acudieron a la Ciudad de México, es reforzar los acuerdos para cumplir con la minuta del 27 de marzo, donde el gobierno se comprometió a ayudar con el pago de la renta para 70 familias esparcidas en Leonardo Bravo.
Las víctimas demandan una audiencia con el gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, para que reciba a las familias desplazadas de los municipios de Leonardo Bravo y Zitlala y a sus representantes legales del Centro Morelos. Siguen esperando respuestas.
“Nosotros hemos entendido que lo que se ha venido destruyendo, durante los más de 70 años que se tuvo un gobierno priista, obviamente es algo muy difícil de reestructurar, difícil de resolver, nosotros entendemos que un año es muy poco tiempo para resolver demandas añejas, exigencias. Pero cierto que dentro de la estructura de gobierno hay gente que no tiene oficio político, experiencia, por lo tanto no puede elaborar estrategias adecuadas”, critica Manuel Olivares.
