Con adeudos de más de 600 millones de pesos a instancias como el Poder Judicial, UABC, Cecyte, el Instituto Electoral, Derechos Humanos y profesores jubilados, el gobierno de “Kiko” Vega asfixió las finanzas estatales y ahora va por el aumento de impuestos para 2019. Secretaría de Hacienda advierte que Baja California alcanzó semáforo rojo en el manejo de sus finanzas.
Por Inés García Ramos
Tijuana, Baja California, 12 de diciembre (Zeta/SinEmbargo).- Por primera vez desde que la Secretaría de Hacienda comenzó a monitorear el endeudamiento de las entidades federativa, Baja California alcanzó niveles comparables solo con estados desfalcados como Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Quintana Roo y Sonora, donde sus ex gobernadores enfrentan procesos penales por desvíos.
El 29 de noviembre de 2018, la dependencia federal advirtió en su sistema de alertas que Baja California llegó al semáforo amarillo, lo cual significa un endeudamiento bajo observación. Esto debido a que el apartado de “servicio de la deuda y de obligaciones sobre ingresos de libre disposición” presenta un endeudamiento elevado. En otras palabras, el gobierno estatal no tiene capacidad de pago para amortizaciones, intereses, comisiones y demás costos financieros que se derivan de obligaciones como el pago a Asociaciones Público Privadas (APPs).
Para considerar que un estado tiene finanzas sanas, este rubro debe situarse en un rango igual o menor al 7.5 por ciento, pero cuando está por encima del 15 por ciento, entonces sus niveles de endeudamiento son considerados preocupantes. Mientras otras entidades como Ciudad de México o Guanajuato mantienen porcentajes del 6.3 y 4.4 por ciento en este indicador, Baja California alcanzó el 15.4 por ciento, cifra incluso superior a las de otras entidades como Veracruz o Sonora.
A este escenario se suman los adeudos por encima de los 609 millones de pesos que el gobierno estatal sostiene, con órganos descentralizados como el Poder Judicial, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Universidad Autónoma de Baja California, el Instituto Estatal Electoral, el Instituto de Transparencia, Cecyte, Cobach e incluso a profesores jubilados.
A la par, la Secretaría de Planeación y Finanzas presentó al Congreso local su proyecto de ley de ingresos que plantea aumentos de hasta el 100 por ciento a impuestos y la creación de nuevos, lo que permitiría al gobierno estatal captar recursos adicionales por mil 9 millones de pesos en comparación a lo recaudado en 2018.
Para empresarios, quienes se verían principalmente afectados con el aumento del 101 por ciento a la sobretasa del impuesto sobre la nómina, así como para diputados de oposición, el escenario es inequívoco: el gobernador Francisco Vega de Lamadrid intenta remediar el mal manejo de las finanzas estatales con el aumento en de impuestos para los ciudadanos.
El siguiente año fiscal es particularmente importante en cuestión financiera para la administración de “Kiko” Vega. La Ley de Disciplina Financiera -aprobada para evitar los desfalcos registrados en estados como Veracruz y Chihuahua-, obliga al gobierno estatal a liquidar sus saldos a corto plazo, antes de que el próximo gobernador entre en funciones el 1 de noviembre de 2019.
IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA PARA PAGAR DESALINIZADORA
El 4 de diciembre, el secretario de Planeación y Finanzas, Bladimiro Hernández Díaz, junto a su equipo, compareció ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso local para presentar el proyecto de ley de ingresos del gobierno de Baja California para el año fiscal 2019.
En el caso del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal, mejor conocido como Impuesto Sobre la Nómina, éste se cobra con una tasa del 1.80 por ciento y una sobretasa del 0.63 por ciento, esta última pasaría al 1.33 por ciento, un aumento del más del 100 por ciento.
Según la exposición del secretario “los recursos que se recauden por dicho concepto se destinarán exclusivamente a la educación superior en la entidad”, pero el decreto 168, aprobado en diciembre de 2017 sostiene lo contrario.
Este decreto, en el que se detallan las garantías y formas de pago para un conjunto de APPs destinadas al agua como la desalinizadora de Playas de Rosarito, tuberías de agua potable y drenaje en Mexicali y Ensenada y la planta potabilizadora La Nopalera, establece que el Impuesto Sobre la Nómina puede ser destinado en su totalidad a estos fines.
En su Artículo Sexto, el decreto indica que “se autoriza al Gobierno del Estado para que por conducto del Secretario de Planeación y Finanzas constituya un fideicomiso, afectando y/o destine en forma irrevocable la totalidad de los ingresos por la recaudación del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal (ISRTP) y su sobretasa anual para cada ejercicio fiscal durante la vigencia del Fideicomiso”.
Precisamente este aspecto fue abordado por el diputado de Transformemos, Luis Moreno Hernández, quien expresó “yo creo que esa sobretasa no va para educación, las empresas están intentando fincar obras con APPs, especialmente la planta desalinizadora”.
El legislador encaró al secretario de Planeación de Finanzas y le dijo “en el decreto 57 de la Comisión de Hacienda, se establece con toda claridad, en el Artículo 21, que la sobretasa del 0.63 es uno de los mecanismos de garantía de pago para la planta desalinizadora, en un transitorio de esta nueva ley de ingresos, se reitera que esa sobretasa sí puede ser usada para otros fines, no exclusivamente educativos y una vez usados, el estado tendrá que reponer esos recursos para educación”.
Hernández Díaz evitó una respuesta directa y señaló que el incremento estaba pensado para “financiar de manera más adecuada el tema de la educación superior”, pero que la decisión final del destino sería de los diputados sin siquiera abordar el decreto que estipula dicho impuesto irá para crear un fideicomiso que sirva de garantía para el pago de contraprestaciones millonarias para las empresas con quienes el gobierno formó APPs.
Con el aumento de ese impuesto, la Secretaría de Planeación y Finanzas estima recaudar 658 millones 585 mil pesos.
INCREMENTOS EN LA EXPEDICIÓN DE PLACAS Y LICENCIAS
La Ley de Ingresos 2019 también propone la creación de un impuesto adicional para la educación media y superior, al cual se le adiciona uno destinado a la educación básica, lo que representaría un aumento del 10 por ciento, al pasar del 35 por ciento -que se aplica actualmente-, al 45 por ciento.
Además, propone la creación de un impuesto adicional para la salud que iniciaría con una tasa del 25 por ciento con el que “se espera captar hasta 407 millones 988 mil pesos para la puesta en operación del nuevo Hospital Materno Infantil de Tijuana”, señaló el secretario.
Si bien, ya se licitó la última fase de construcción del centro de salud edificado desde la administración del ex gobernador José Guadalupe Osuna Millán, Bladimiro Hernández explicó que estos recursos adicionales buscarían equipar, adquirir material de curación, medicamentos y pagar los salarios del personal que ahí trabajaría.
El diputado Bernardo Padilla tomó la palabra durante la comparecencia para manifestar su desacuerdo con la medida. Esto porque el impuesto a la salud del 25 por ciento se agregaría al servicio de agua potable, al servicio de control vehicular y a los trámites a realizarse en el Registro Público, la Secretaría de Protección Civil y en la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, lo que implicaría aumentos significativos en diversos sectores para la ciudadanía.
Además, el legislador tijuanense señaló que al crear un impuesto adicional nuevo y la base gravable será otro impuesto, “corremos el riesgo, porque ya hay jurisprudencia, de que nos puedan tumbar este impuesto porque es un impuesto sobre impuesto, por ello no coincido (con la medida)”.
En términos prácticos, Padilla observó que estos aumentos y nuevos impuestos ocasionarían que “un ciudadano que el día de hoy pagaba mil pesos de placas, va a pagar casi 50 por ciento más el siguiente año”.
Respecto al cobro de nuevos derechos, Hernández Díaz manifestó que el relacionado con Protección Civil responde a la entrada en vigor, en marzo de 2018, de la Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos.
Asimismo, mencionó que las oficinas de Recaudación de Rentas, a partir del siguiente año, omitirán para efectos de realizar trámites a los ciudadanos, la presentación de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente y el holograma de verificación vehicular.
Ello, aclaró, no significa que deje ser una obligación para los automovilistas, pero “los procesos de revisión que lo realicen autoridades que regulen el tránsito municipal, estatal y federal”.
Sin embargo, en materia de educación se proponen nuevos cobros como la expedición de documentos de control escolar de educación básica de 10.30 pesos y el cotejo de documentos académicos con un costo de 4.83 pesos por documento.
Si se requiere desquiciar al Estado, eso haremos: SNTE
La dirigente de los maestros de la Sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), María Luisa Gutierrez Santoyo, advirtió al gobierno de Francisco Vega de Lamadrid con “desquiciar al Estado” en caso de no pagarle a los maestros.
Ayer jueves 6 de diciembre, la lideresa encabezó un mitin al que asistieron alrededor de 4 mil docentes, con el fin de presionar al Gobierno del Estado a pagar el adeudo a jubilados y pensionados de la Sección.
A la par, maestros del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación (SETE) “tomaron” las instalaciones de Recaudación de Rentas del Estado, bajo los mismos argumentos del no pago.
Gutiérrez Santoyo afirmó que hoy viernes 7 de diciembre habrá nuevamente un paro de actividades educativas, e instó a sus agremiados a reunirse en cada una de las delegaciones sindicales para posteriormente “tomar” las instalaciones de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos, como una nueva medida de presión en contra del gobierno.
“Desgraciadamente nos vamos a ver en la necesidad de tomar las instalaciones de Servicios Públicos, lo que se requiere es que nos pongan atención para resolver este problema a la brevedad. Necesitamos hacer acciones más fuertes y los maestros lo vamos a hacer”, advirtió.
Según Gutiérrez, la nómina del mes de noviembre ronda en los 280 millones de pesos, pero el próximo lunes 10 de diciembre vence el plazo para el pago de aguinaldos a los maestros, lo que representa otra erogación por 600 millones de pesos, sin contar la prima vacacional que asciende a 100 millones de pesos.
“Estamos hablando de alrededor de mil 800 millones de pesos, que parece que es el hoyo financiero que tiene Issstecali entre los burócratas y magisterio”, expuso la representante del SNTE.
Asimismo, indicó que las clases se suspenderían indefinidamente hasta que se les cumpla con los la totalidad de los pagos.
Dentro de la manifestación se colgaron varías piñatas con la fotografía del gobernador de Baja California, las cuales fueron destrozadas por niños, mujeres y hombres.
Al mega plantón del SNTE se unieron maestros del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, en huelga tras más de 25 días sin pago. Cristian Torres Cruz.
LA JUSTIFICACIÓN DE LOS IMPUESTOS
Durante su comparecencia, Bladimiro Hernández Díaz señaló que la disminución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 8% y del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al 20%, el gobierno estatal va a captar menores ingresos por esa vía.
Sobre la afectación para el sector empresarial, manifestó “el beneficio que van a obtener por esa reforma (disminución de IVA e ISR) va a ser mucho mayor que el perjuicio que podrían tener con esa elevación”.
La presidenta de la Comisión de Hacienda, la panista Iraís Vázquez, coincidió con él: “es necesario diversificar la manera de captar impuestos y ser creativos, encontrar esas formas creativas en que podamos no afectar a los que menos tienen”.
En el mismo sentido, el secretario advirtió que la administración pudo haber creado un impuesto para “cobrarle a la gente de escasos recursos a la gente que va al Hospital General a atenderse, pero mejor vamos a buscar gente más próspera con un subsidio cruzado… es un criterio muy fácil de entender”.
Los tiempos legislativos indican que una vez que la Auditoría Superior del Estado de Baja California emita una opinión técnica sobre el proyecto de la Ley de Ingresos, la Comisión de Hacienda y Presupuesto contará con un lapso de 72 horas para su análisis y formar un dictamen de ley.
Este dictamen, a su vez, podrá ser analizado por el resto de los diputados también durante 72 horas, para entonces pasar a su votación en el Pleno del Congreso.
La presidenta de la Comisión, Iraís Vázquez, refirió que si bien el plazo límite para su aprobación es el 31 de diciembre, el Congreso puede “poner pausa el reloj legislativo” en caso de que no se llegue a un consenso en esa fecha.
COPARMEX Y CCE, DISPUESTOS A AMPARARSE
El presidente de Coparmex Mexicali, Rodrigo Llantada, expresó en entrevista su rechazo a la medida de aumentar la sobretasa del Impuesto sobre la Nómina.
“No es aceptable. Es evidente que la situación financiera del actual gobierno no permite pensar en proyectos o recursos que comprometan el escaso flujo que hay, por los tres proyectos, la desalinizadora, el segundo piso y el C5i, pero la obra más importante para BC es recomponer las finanzas y no debe ser a través de incrementar impuestos”, señaló.
Sobre la especulación de que la medida sería un contrapeso a una posible afectación que ocasionaría en el gobierno estatal la captación de recursos federales por la disminución del IVA e ISR, señaló que hasta que no se presente un presupuesto de egresos federal -cuya fecha límite es el 15 de diciembre- “pensar en la justificación de aumentar para resarcir por un posible recorte no es admisible”.
El líder empresarial añadió: “lo que sabemos es que el gobierno del Estado tiene un problema grandísimo, más de 4 mil millones de pesos en deuda a corto plazo que no tiene cómo pagarla”.
ADEUDOS PROVOCAN HUELGAS Y PAROS
La falta de liquidez en el gobierno estatal ha dejado sin el pago de sus salarios a miles de trabajadores. El paro de labores iniciados en Cecyte (Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado) desde el viernes 24 de noviembre, cuando no fue depositada la quincena correspondiente, evolucionó al estallamiento de huelga.
Desde el 4 de diciembre, lo planteles de Cecyte en Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito fueron tomados por docentes y personal administrativo agremiados al el Sindicato Poder Obrero de Trabajadores de Baja California (Sinpot).
Tadeo Hernández, coordinador estatal del Sinpot, advirtió que, de no realizarse los pagos correspondientes, la huelga estallará en los centros escolares de Ensenada y San Quintín el 7 de diciembre; mientras que en Mexicali se fijó como fecha límite el 17 de diciembre.
Son 2 mil 300 los trabajadores de Cecyte en Baja California que no han recibido su pago, entre docentes, administrativos y personal de confianza distribuidos en 28 planteles y 12 extensiones, donde a su vez estudian más de 27 mil alumnos que desde hace dos semanas no han podido acudir a clases.
“Hay compañeros que literalmente nos han comentado que ya no tienen para comer ni trasladarse”, expresó el líder sindical. Ante la falta de pago, el Sindicato ha recurrido a realizar algunos préstamos y apoyos a sus agremiados, como a dos profesoras, madre e hija, quienes solicitaron mil pesos para poder atender las afectaciones de salud de una de sus familiares.
Una situación similar se presentó en el Poder Judicial, donde el lunes 3 de diciembre personal de los juzgados civiles y familiares de Tijuana suspendieron labores.
Tan solo en el Poder Judicial, son alrededor de 215 millones de pesos correspondientes a la ministración parcial de noviembre y a la de diciembre los que no han sido transferidos desde las arcas estatales.
Esto afectó el salario de casi 2 mil trabajadores, pero gracias a gestiones internas del órgano que concentra Juzgados Civiles, Familiares y Penales, así como de Justicia Alternativa y el Servicio Médico Forense, se han podido realizar pagos parciales de salarios para evitar nuevos paros.
Para algunos de los empleados, la suspensión de labores no es una opción. Por ejemplo, en los juzgados penales el que no se desarrollaran audiencias, implicaría violaciones al debido proceso de los imputados que podrían significar su liberación.
Por otra parte, el gobierno estatal registra un adeudo de 14 millones 464 mil 463 pesos con el Instituto Estatal Electoral. De este monto, 11 millones 187 mil 55 pesos corresponden al financiamiento a partidos políticos, lo que significa que los partidos políticos no han recibido recursos desde noviembre.
En el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California, se cubrió ya una catorcena pendiente desde noviembre, pero siguen sin ser depositados 547 mil 728 pesos, monto correspondiente a ese mes, también.
UABC Y CEDH, SOBREVIVIENDO CON AHORROS
Otros organismos han podido sobrellevar la falta de las ministraciones que, por ley el estado debe cubrir, con movimientos financieros internos, como es el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
En el caso de la CEDH, la presidenta Melba Adriana Olvera señaló que el gobierno estatal no ha aportado un monto de alrededor de 5 millones 691 mil 472 pesos.
“No se ha suspendido el pago a ninguno de los 120 empleados que conforman la CEDH hasta el momento, pero no se nos ha depositado la segunda quincena de noviembre y una parte de la anterior, tampoco del gasto corriente, pero no podemos más”.
La ombudsperson refirió que la situación se solucionó con un ahorro que había logrado la Comisión, “pero que tenemos que justificar porque no era para eso”.
Juan Manuel Ocegueda Hernández, rector de la UABC, declaró que el gobierno del Estado no ha aportado las ministraciones correspondientes desde octubre que acumulan 100 millones de pesos.
Más de la mitad de ese monto está destinado a remuneraciones, pero en un evento realizado en el campus Mexicali, durante el encendido del árbol navideño, el rector aseguró a su personal que sus salarios no se verían afectados.
“Tenemos la ventaja que recibimos recursos federales, los cuales no se han retenido en ningún momento, además de los ingresos propios y medidas que tomamos como reducir los gastos en otras actividades para canalizarlos a la deuda”, planteó.
EN RIESGO DE NO PAGAR AGUINALDOS
Esta semana, burócratas recibieron varios mensajes de texto en el que se advertía que no les será depositado su aguinaldo, programado para este 7 de diciembre.
Aunque la información no ha sido confirmada a través del Sindicato General de Burócratas, los sindicalizados han obtenido información extraoficial de que el gobierno del Estado no está en condiciones de realizar el pago.
Lo mismo ocurre en las demás instancias. Por ejemplo, en el Instituto Estatal Electoral, dentro de los primeros 10 días de diciembre se deben depositar cerca de 20 millones de pesos, correspondiente a la ministración de este mes, pero aún no ha sido así.
También el Instituto de Transparencia debe recibir un monto 2 millones 71 mil 283 pesos de manera “urgente” en este mes.
Para los empleados del Poder Judicial, inicia el periodo de vacaciones este viernes 13 de diciembre, lo que significa que de no serles pagados sus sueldos y aguinaldos, ya no podrían recurrir al paro de labores.
GOBIERNO, SOLO APAGAFUEGOS
Abordado por ZETA al final de su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso de Baja California, Bladimiro Hernández Díaz, secretario de Planeación y Finanzas, aseguró que la falta de liquidez para que la administración estatal haga frente a estos compromisos se debe a que no les fueron entregadas las participaciones y aportaciones federales, así como a nuevas disposiciones fiscales que les impiden adquirir nuevos créditos.
Si bien, el grueso de estos pagos pendientes proviene de partidas federales, la administración estatal tiene la facultad de subsanar ese rezago para cumplir el pago de sus obligaciones mientras reciben ese recurso, pero no ha ocurrido así.
A decir del funcionario estatal, disposiciones federales le impiden al Estado adquirir deudas mayores al 6 por ciento para el pago de pasivos a corto plazo, cuando en 2017 el tope era del 7.3 por ciento.
Para el titular de las finanzas en el estado, “los límites en los endeudamientos a corto plazo nos asfixian porque no podemos pedir más dinero que el que marca la ley. Estamos en el 5.9 por ciento en ingresos de libres disposición (créditos) que equivalen a 500 millones de pesos”.
Justificó que en 2017 “todavía podíamos manejar algunas cosas, enviaban los recursos que se plantearon como recursos de gestión, nos dan una partecita en octubre y en diciembre. Lo que hacíamos era un crédito a corto plazo y lo saldábamos, ahora es complicado porque no podíamos hablar con quienes salían ni los que iban entrando (en el gobierno federal).
La administración de “Kiko” Vega espera que entre el 8 y 10 de diciembre, el gobierno federal deposite las aportaciones pendientes.
Hernández Díaz detalló que “el problema del flujo hace que tengamos que decidir, si pagamos nómina o el adeudo al banco, no es sencillo. Lo que hacemos es decir ‘¿estamos obligado a darle a esta dependencia?’. Pues no, porque reciben recurso federal, entonces lo que hacemos es decirle, no pagues a proveedores, concéntrate en tu nómina y ya, pero pues de pronto sucede que no les alcanzó”.
“Todas las paraestatales van a decir que necesitan toda la ministración mensual, pero se está priorizando a la parte de los compromisos de nómina”, manifestó.
Al no conocer la cifra exacta de adeudos en el momento de ser cuestionado, Bladimiro Hernández ofreció proporcionar una relación de adeudos exactos y órganos con los que la Secretaría de Finanzas registra ministraciones pendientes de cubrir, pero hasta el cierre de edición esta información no fue enviada a esta redacción.
Respecto a si la medida fue consultada desde el gobierno con cámaras empresariales, Llantada precisó que no fue así. “Este gobierno no se ha distinguido o por mantener una comunicación estrecha con el sector productivo, nosotros somos quienes generamos los empleos y lamentablemente ha marcado ha sido consistente el gobierno del Estado en tomar medidas de manera unilateral”.
El dirigente de Coparmex en la capital del estado precisó que el aumento del más del 100 por ciento a la sobretasa del Impuesto Sobre la Nómina es particularmente dañina para el empresariado local, porque desde el 1 de diciembre el salario mínimo se duplicará en la franja fronteriza norte del país.
“No se nos hace justo que porque no exista una medida real de corrección a las finanzas, se nos cargue a nosotros, ese costo financiera que tiene en este momento”, añadió.
Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) informó que no dudará en presentar un amparo colectivo en contra de la medida.
El presidente del Consejo, Kurt Honold señaló que después de una reunión con los integrantes del organismo coincidieron en tomar dicha medida “por considerar que son medidas contracíclicas que violan el principio fiscal de progresividad”.
El CCE rechazó todos los aumentos al servicio doméstico, comercial e industrial del agua y también a los servicios que presta la Coordinación de Protección Civil a giros comerciales, industriales y de servicios, como el aumento al impuesto sobre la educación media superior.
