Las irregularidades detectadas por más de mil 604 millones de pesos se dieron principalmente en los rubros de educación, servicios de salud, seguridad pública y obras públicas, durante la administración del Gobernador José Rosas Aispuro (2016-2022).
Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).– La administración del exgobernador de Durango, José Rosas Aispuro (2016-2022), se encuentra bajo investigación de la Fiscalía local por un posible desfalco de al menos mil 500 millones de pesos. Al momento, producto de las diligencias se han asegurado inmuebles y hasta autos de lujo, en tanto que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había advertido irregularidades por más de mil 604 millones de pesos en el ejercicio del gasto público durante su sexenio.
Según información de la propia ASF, entre 2017 y 2021 el Poder Ejecutivo duranguense presuntamente desvió dinero de las arcas públicas al no ejercer presupuesto designado a programas de agua potable y drenaje, adquisición de bienes y servicios no correspondientes a su contrato en el sector educativo y servicios de salud, paga de nómina de trabajadores dados de baja, no correspondientes a la documentación entregada e incluso difuntos; construcción de una carretera con deficiencias, entre otros.
Además, la Auditoría Superior del Estado de Durango calculó que los “errores, omisiones e inconsistencias” observados equivalían a un posible daño y/o perjuicios a la Hacienda Pública Estatal por 49 millones 847 mil 898 pesos en 2017; 53 millones 624 mil 403 pesos en 2018; 77 millones 772 mil 775 pesos en 2019; 24 millones 417 mil 354 en 2020; y 61 millones 228 mil 934 en 2021; para un total de 266 millones 891 mil 364 pesos en los cinco años citados.
Por ejemplo, un millón 707 mil 073.29 pesos que habían estado destinados para el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento vertiente Urbana, dinero recibido por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), no fueron ejercidos ni reintegrados a la Tesorería de la Federación; y otros 348 mil 537.98 pesos no fueron aclarados por el Gobierno estatal ante la ASF, los cuales habrían sido erogados “por concepto de anticipos” y de los cuales no se proporcionó evidencia de que fueran entregados a los municipios correspondientes.
Un total de 11 millones 870 mil 639.97 pesos tuvieron un paradero desconocido, ya que parte de los recursos recibidos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero no fueron comprometidos ni devengados, pero tampoco reintegrados a la Tesorería de la Federación. Más de 31.73 millones de este mismo fondo habían sido destinados a pagos por conceptos de obra en un contrato elaborado por el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública estatal, que al momento de elaborar el reporte, “no correspondieron con la marca, modelo y especificaciones de las partidas contratadas y pagadas (…), y no se presentó evidencia documental de las modificaciones de las partidas contratadas con su correspondiente autorización”.
Para el 2018, la ASF detectó que el Gobierno de Rosas Aispuro había recibido 365 millones 11 mil 800 pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples, de los cuales hubo un monto de 735 mil 080.26 pesos no reintegrado a la Tesorería federal ni comprometidos.
En este mismo año, identificó seis municipios (Otaez, Nazas, Pueblo Nuevo, Suchil, San Juan del Río y San Luis del Cordero) y seis dependencias estatales (Instituto Electoral de Participación Ciudadana, Auditoría Superior del Estado, Colegio de Bachilleres del Estado de Durango, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cámara de Diputados, Junta de Coordinación Política y Secretaría General del Congreso estatal, y el Instituto para el Desarrollo Municipal) que no pudieron comprobar el uso de recursos provenientes del Fondo para el Fortalecimiento Financiero por un total de 109 millones 656 mil 910.30 pesos.
De este fondo también quedaron sin justificar 15 millones 712 mil 521.18 pesos derogados por concepto de nómina por los Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Instituto Duranguense de Educación para Adultos, Institutos Tecnológicos Superiores de Lerdo, Santiago, Papasquiaro, Santa María del Oro y Los Llanos; Sistema Estatal de Telesecundarias, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango, Universidad Politécnica de Durango y la Universidad Politécnica Gómez Palacio; y otros millón 805 mil 032 pesos ejercidos para adquirir medicamentos, muebles, materiales y equipo de oficina y equipo de cómputo cuya recepción no se pudo demostrar.
Por otro lado, en el 2018 el Gobierno estatal erogó siete millones 535 mil 790.15 pesos del Plan de Desarrollo Regional de los cuales no aclaró si hubo una correcta aplicación del recurso o si se reintegró a la Tesorería federal. También destinó 72 millones 450 mil 977.58 pesos –que no fueron justificados y superó el límite establecido por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios– al pago de la deuda del ejercicio fiscal anterior.
Una suma restante de 883 millones 994 mil 786.26 pesos se quedó sin aclarar por conceptos como pagos en el rubro de servicios personales, pagos excesivos por conceptos de sueldo, despensa, renta, aguinaldo y gratificación anual; adquisiciones y arrendamientos injustificados por falta de información contractual; incremento injustificado al presupuesto federal etiquetado por la firma de convenios correspondiente a Diversos Programas y Subsidios Federales de Educación y sentencias laborales definitivas; rendimientos financieros por el retraso en el suministro de recursos a las cuentas bancarias de los municipios; deducciones aplicadas a las participaciones federales de los municipios, para las cuales no se acreditó el pago a los terceros correspondientes o su devolución a los municipios; entre otros.
En cuanto a alguna observación contenida en la Primera Entrega de la Cuenta Pública de 2019, no es posible verificarlo a la fecha debido a que no se encuentra disponible en la página web de la Auditoría.
SERVICIOS EDUCATIVOS PRESENTARON IRREGULARIDADES POR 366 MDP
Con respecto a los posibles daños a la Hacienda Pública Federal por gastos relacionados con los servicios de educación del estado, el monto total para los cinco años observados ascendió a 366 millones de pesos.
Las irregularidades detectadas por la ASF estuvieron relacionadas con el pago a trabajadores que se habían dado de baja previo a la quincena en la cual recibieron dinero, y a quienes no tenían un contrato formalizado; trabajadores que no fueron identificados por los responsables de los centros de trabajo en los que estaban adscritos y no se aclaró ni justificó su ausencia; pagos indebidos a trabajadores durante el periodo de licencia sin goce de sueldo; pagos a un trabajador que tuvo dos plazas y un cargo de elección popular; entre otros.
El monto más alto en una sola observación fue de 174 millones 544 mil 885.32 pesos, ejercidos por el Sistema Estatal de Telesecundarias para el pago en categorías no autorizadas y para pagar a trabajadores de los cuales no se proporcionó la información necesaria para determinar su remuneración. La misma institución además pagó un millón 242 mil 938.40 pesos a 100 trabajadores estatales después de su fecha de baja de la dependencia o durante la vigencia de la licencia sin goce de sueldo.
En el 2019 y 2021, la administración de Rosas Aispuro no pudo constatar que había transferido 189 mil 786.99 pesos y 119 millones 833 mil 174 pesos, respectivamente, a la Universidad Juárez del Estado de Durango para ser aplicados para los fines convenidos, entre ellos infraestructura física educativa.
Unos 27.06 millones de pesos pagados por los servicios educativos quedaron sin justificarse, y fueron utilizados para el pago de servicios y bienes que carecieron de contratos o pedidos formales, de evidencia de la prestación de los servicios contratados, contratos con inconsistencias; y para pagar a 10 asesores técnicos especializados voluntarios que ya tenían una plaza por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP). A esto se sumaron 2.676 millones de pesos que fueron empleados para adquirir 167 paquetes de materiales educativos en el marco del Programa Nacional de Inglés y pagos a asesores externos especializados que ya tenían una plaza pagada por parte de la SEP.
En otra revisión, la Auditoría detectó que la Secretaría de Educación local había ordenado 522 pagos a 19 trabajadores por tres millones 525 mil 952.24 pesos que estaban pendientes de aclarar, y se habían destinado un millón 415 mil 547.75 pesos a 298 pagos hechos a 27 trabajadores que estaban en periodo de licencia sin goce de sueldo. Asimismo, ordenó el pago de cuatro millones 221 mil 512.34 pesos a 19 trabajadores que no realizaron funciones destinadas a la educación básica y normal, y 965 mil 376.86 pesos a cuatro trabajadores con cargos de elección popular en el 2019 que no tenían la documentación comprobatoria de la compatibilidad de empleo para desarrollar ambas funciones.
El Gobierno estatal tampoco pudo constatar que fueron aplicadas las penas correspondientes a los contratistas que realizaron obras en la Universidad Tecnológica de Durango, por un monto total de un millón 067 mil 122.52 pesos.
Además de esto, 734 mil 085.66 pesos fueron erogados para pagar a 19 trabajadores a pesar de que ya estaban dados de baja. Otros 187 mil 565.04 pesos fueron a parar en el bolsillo de un trabajador que contó con dos plazas y a la vez ocupó un cargo de elección popular durante el 2018. Más de 8.29 millones de pesos fueron utilizados para pagar a 127 trabajadores que no fueron identificados por el responsable de su centro de trabajo ni fueron localizados en el mismo.
En el 2017, una de las observaciones con monto más alto fue por el monto de 10 millones 530 mil 260.53 pesos, los cuales se emplearon bajo órdenes de la Secretaría de Educación estatal para pagar a 169 trabajadores durante el periodo de licencia sin goce de sueldo. Los restantes ocho millones 452 mil 680.93 pesos sin aclarar de ese año correspondieron a pagos a trabajadores que tenían una baja temporal o definitiva; carecían de un contrato formalizado; no estaban en los centros de trabajo a los que estaban adscritos o bien tenía doble plaza y además un cargo de elección popular.
Fue en el 2019 cuando las autoridades educativas destinaron 199 mil 766.81 pesos a cinco trabajadores que se identificaron como decesos en el ejercicio fiscal de ese año o incluso antes. Este mismo año quedaron sin aclararse gastos por un millón 372 mil 362.51 pesos, entre ellos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, los cuales fueron empleados para pagar servicios de telefonía celular y alimentación, asesores externos especializados a un monto mensual mayor que el establecido en la normativa, y para saldar un importe no autorizado para prestadores de servicios.
La ASF también notificó que los Servicios Escolares del estado habían utilizado 209 mil 042.95 pesos de los recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo para pagar apoyos económicos a 33 trabajadores, los cuales excedieron el monto establecido en la normativa.
RECURSOS DE SALUD TUVIERON ANOMALÍAS POR 63 MDP
En una auditoría durante la construcción del Hospital de Especialidades en la localidad de Gómez Palacio, que tiene un total de 120 camas y se hizo para atender a 327 mil 985 habitantes de la región de La Laguna y sus alrededores, se identificaron irregularidades por 57 millones 30 mil 737.10 pesos por los conceptos de la formalización de la entrega total de la obra, puesto que aún no se encontraba en operación a la fecha de revisión de marzo de 2018; pagos de conceptos no previstos en el catálogo original del contrato de obra pública; y la adquisición de despachadores de jabón e impermeabilizante no correspondientes a los contratos.
Aunque la construcción del nosocomio empezó en el 2015, fue una de las obras abandonadas del sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y hasta 2021 se inauguró formalmente para brindar atención a derechohabientes.
Otros millón 791 mil 822.58 pesos erogados por el sector salud quedaron pendientes de aclaración, pues se habrían destinado al pago presuntamente improcedente de cinco trabajadores que no tenían la autorización de la entonces Dirección General de Recursos Humanos (DGRH) de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo Federal para la comisión sindical. Otro trabajador con el cargo de subdirector de contabilidad cobró 373 mil 283.65 pesos a pesar de que el nombre y profesión de su cédula profesional no correspondían con el dato en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Asimismo, los Servicios de Salud locales no realizaron los procedimientos de cálculo y aplicación de penas convencionales por cuatro millones 053 mil 144.73 pesos a empresas que retrasaron la entrega de material de curación y medicamentos, “órdenes de compra standard” y en la prestación de servicios de vigilancia, contratados en los expedientes número 053/2018, 161/2018, 037/2018, 169/2017, 052/2018, 189/2017, 423/2018, 177/2018, 038/2018, 056/2018, 058/2018, 0182/2017, 0202/2017, 055/2018, 059/2018, 060/2018, y 0161/2017.
OBRAS Y SEGURIDAD PÚBLICA
En el 2017, el Gobierno del Estado de Durango falló en comprobar mediante fotografías y documentación la recepción de seis vehículos y seis computadoras portátiles, un escáner y una impresora por un monto total de un millón 848 mil 358.91 pesos, ejercidos por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del estado, misma que también tuvo una irregularidad en el 2018 por cinco millones 696 mil 223.04 pesos por el pago total de la obra denominada “Construcción de la Dirección de Jueces de Control, Enjuiciamiento y Ejecución de penas, del Poder Judicial del Estado, en el Tribunal de Justicia, en la ciudad de Durango”, de la cual no había recibido los trabajos contratados a la fecha de término del contrato. Esto se volvió a repetir en otras dos obras con contratos número SECOPE-R23-ED-293-18 y SECOPE-R23-DC-334-18, las cuales generaron un probable daño por cuatro millones 110 mil 510.78 pesos.
Esta misma dependencia fue responsable de un probable daño al erario por 320 mil 481.33 pesos por el pago de conceptos de obras del kilómetro 0+000 al 1+800 de la Carretera San Miguel de la Michilia-La Soledad, en el municipio de Súchil, el cual presentó deficiencias constructivas en la base hidráulica, carpeta asfáltica y pintura.
Otro contrato a cargo de la misma dependencia mostró anomalías por 953 mil 181.49 pesos al no constatarse la entrega e instalación de un elevador en el Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía local; y otro probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de un millón 426 mil 084.32 pesos por el concepto de “no presentar la documentación que acredite el debido cumplimiento del contrato número SECOPE-FASP-ED- 198-21”.
En materia de obras públicas, la ASF también detectó un monto por aclarar de 19 millones 840 mil 098.84 pesos por falta de coincidencia de información contractual de recursos correspondientes a las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2020; y falta de aplicación de penas por 58 mil 977.60 pesos por un contrato referente a la ampliación de una red de alcantarillado con atrasos en la ejecución de la obra.
Igualmente, el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública fue señalado por un probable daño a la Hacienda Pública Federal de un millón 461 mil 538.90 pesos, los cuales se distribuyeron entre un vehículo tipo pick-up que no contaba con el equipamiento contratado, por un valor de 735 mil 738.90 pesos; otra camioneta del mismo tipo sin equipamiento contratado con un valor de 725 mil 800 pesos; además de una anomalía en la transferencia de recursos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por un millón 600 mil 573.71 pesos para la adquisición de municiones y cargadores.
