Este año, afirma el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) cerrará con más de 100 mujeres asesinadas en la Ciudad de México; pero muy pocos de esos casos serán vinculados a feminicidio debido a las graves omisiones de fiscales y jueces. En este contexto, dice María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio, los funcionarios y autoridades que no están haciendo su trabajo en el tema de la violencia en contra de la mujer son premiados en lugar de ser castigados.
Y ese fenómeno se replica también a los partidos políticos; el caso emblemático: Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el “príncipe de la basura”, señalado en 2014 por el equipo de Aristegui Noticias de reclutar a mujeres jóvenes para ofrecer servicios sexuales al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
De la Torre no sólo fue exonerado por las autoridades locales de las acusaciones, sino que fue “revivido” políticamente hace unos días para formar parte del equipo de Eruviel Ávila Villegas, presidente en la Ciudad de México del tricolor, que operará para las elecciones de 2018.
Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).- El 10 de julio de este año los abogados del caso Lesvy Berlín Rivera Osorio, la joven estrangulada con un cable de un teléfono público en el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), exigían la destitución de Marco Enrique Reyes Peña, titular en ese entonces de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, por omisiones graves en el proceso de investigación.
Pero en agosto, un mes y una semana después, Edmundo Garrido Osorio, Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, lo subió de rango y lo nombró Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales; un hecho que la familia de Lesvy consideró como una burla.
El nombramiento tuvo consecuencias. Araceli Osorio Martínez, madre de Lesvy, acusó a Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, que en contubernio con las autoridades de la UNAM se negaba a reconocer la muerte de su hija como un feminicidio.
“Vamos a seguir trabajando porque aunque don Miguel Ángel Mancera diga que se va dejando una ciudad pintada de rosa, se va con las manos manchadas de sangre”, advirtió ante decenas de personas en un conversatorio sobre el tema en las instalaciones de la UNAM.
No es el único caso en el que el Fiscal falló, dijo en entrevista con SinEmbargo María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). Marco Enrique también falló en la investigación del multihomicidio de la colonia Narvarte, en donde fueron asesinadas Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete, Mile Martín y el fotoperiodista Rubén Espinosa.
“Hemos denunciado las graves omisiones en las investigaciones de los feminicidios. Esto es grave, porque al final el resultado es que no tenemos a los agresores, no podemos vincularlos a proceso y están libres. Esto nos pasó con el Fiscal de Homicidios, que hizo un trabajo terrible y en lugar de sancionarlo, lo ascendieron”, dijo.
Una mala señal en una ciudad en la que se estaban asesinado 100 mujeres al año, pero que en los primeros siete meses de 2017 esa cifra ya se cubrió, por lo que cerrará con un incremento, explicó.
“Es muy mala señal la que estamos viendo; no hay consecuencia de sus actos, cometen graves violaciones a los derechos humanos y al final no les pasa nada”, indicó.
María de la Luz Estrada precisó que se ha normalizado ver que a los jueces, fiscales, ministerios públicos y diversas autoridades o funcionarios públicos involucrados en el tema del feminicidio, que hacen mal su trabajo, los premien.
El CASO DEL “PRINCIPE DE LA BASURA”
Los premios no sólo son para los funcionarios y autoridades que no investigan bien los feminicidios, sino también se dan al interior de los partidos políticos. El caso emblemático para la ciudad es el de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, conocido como “el príncipe de la basura” y señalado por el equipo de Aristegui Noticias en 2014 de formar parte de una red de prostitución al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Por el escándalo alrededor del líder de los pepenadores, el PRD interpuso una queja ante el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), pero el organismo declaró infundada la queja, mientras que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) no encontró las pruebas para ejercer acción penal en contra de Gutiérrez de la Torre.
Pero a Gutiérrez de la Torre no sólo lo exoneraron de culpa, sino que además fue llamado de nuevo a formar parte del equipo priista local que operará para las elecciones de 2018.
Hace unos días el priista se integró al PRI como miembro de la Comisión Política Permanente.
“Son mensajes negativos para una sociedad que a diario está pidiendo justicia. Sobre Gutiérrez de la Torre había denuncias graves, pero al final lo exoneraron, no lo persiguieron por el delito de trata, pero luego lo llama el partido; es grave que lo sigan legitimando, que sigan como si no pasara nada. Eso lo único que hace es que mandan un mensaje a las mujeres que denuncian de que están en desventaja total, que quedan como mentirosas y con la vida en riesgo”, explicó.
Analistas entrevistados por este medio dijeron que el nombramiento del hijo de Rafael Gutiérrez Moreno, conocido como el “Rey de la Basura” por su líderazgo entre los recolectores de desechos, es una decisión políticamente incorrecta que afecta a la ya deteriorada imagen del tricolor y que no abona a ganarse la confianza de un electorado.
Pero al PRI le importa poco, Gutiérrez de la Torre es un buen operador político y ante la amenaza de que pudiera operar para otro partido, fue llamado de nuevo a sus filas, opinaron.
“En el contexto de la imagen es políticamente incorrecto, pero no lo es cuando uno ve los cotos de poder que tiene Cuauhtémoc Gutiérrez, es uno de los actores que articulan espacios de control relevantes para el PRI. No lo pueden excluir porque esa decisión implicaría que esos votos se fueran a otros espacios y prefieren jugarse la imagen”, dijo Gustavo López Montiel, experto en partidos políticos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
