Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).– Senadores de oposición, encabezados por el panista Javier Corral Jurado, aseguraron que cuentan con un “arsenal de pruebas” para inculpar al Gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, de delitos como peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y uso indebido de atribuciones y facultades.
Corral Jurado exhortó a las autoridades e instituciones correspondientes para investigar las finanzas del mandatario, quien, aseguraron, recientemente compró un banco local.
Un grupo de 30 senadores se sumaron a la denuncia realizada por el activista Jaime García Chávez, en contra del Gobernador del estado de Chihuahua por peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y uso indebido de atribuciones y facultades.
Javier Corral afirmó que la enorme deuda que el estado de Chihuahua ha contraído en los últimos años se debe a la corrupción y enriquecimiento ilícito de su Gobernador, César Duarte.
“En un año, Chihuahua se convirtió en el estado con el mayor incremento de deuda. La elevó en 2013 un 79 por ciento con respecto al año anterior. En el año 2012 su deuda respecto al Producto Interno Bruto (PIB) era de 5.6 por ciento y se elevó a 9 por ciento. Triplicando el promedio de las entidades”, aseguró el Senador.
De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del segundo trimestre del año en curso, Chihuahua presentó una deuda de 41 mil 603 millones de pesos. “Es la tercera deuda de todo el país”, dijo el Senador. “Mientras se sofoca el futuro de Chihuahua con esta carga irresponsable, el del Gobernador del estado aparece lleno de provenir y prosperidad”, agregó.
La denuncia realizada por Jaime García Chávez, activista chihuahuense que renunció al Partido de la Revolución Democrática (PRD) para constituir un movimiento ciudadano, señala que “hechos que pueden ser constitutivos de delitos perpetrados por el Gobernador del estado César Horacio Duarte Jáquez y demás personas […] que sin duda han afectado el patrimonio del estado de Chihuahua, producto de la corrupción, notorio autoritarismo y abuso de los cargos que detentan…”
“Por tratarse de hechos que se relacionan de manera directa con la violación de normas relativas a la transparencia en el origen y procedencia de recursos ilícitos para la constitución de una institución bancaria, como en el particular se trata del Banco Progreso de Chihuahua, S.A. de C.V…”, afirma dicha denuncia.
El 21 marzo fue aprobada la creación del Banco Unión Progreso donde el secretario de Hacienda del estado, Jaime Ramón Herrera Corral, es fundador y el Gobernador sería uno de los principales socios vía el contrato de fideicomiso por 65 millones de pesos para que la fiduciaria, Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, siguiendo sus instrucciones, realizara la adquisición de acciones del Banco Progreso de Chihuahua, S.A. de C.V.
Asimismo, el Senador Javier Corral señaló que “el gobierno del estado ha conducido depósitos con bajísimas tasas de interés por 834 millones de pesos, fondeo que sirvió para que el Banco Unión Progreso adquiriera un crédito de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat”.
Afirmó que el Gobernador de Chihuahua es uno de los socios mayoritarios del nuevo banco Unión Progreso. “Posee el 15 por ciento del capital accionario del banco. Es el nuevo rico de la entidad. Todo indica que su enriquecimiento es ilícito. Si el patrimonio personal es la suma de los ingresos del trabajo, la renta, el rendimiento, la donación o la herencia, a César Duarte Jáquez no le alcanza juntándolas todas”, afirmó el Senador Javier Corral.
Asimismo, la denuncia señala que el banco recién autorizado resultó de la fusión de Unión Crédito Progreso, S.A., Akala, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular y Única Casa de Cambio, S.A. de C.V.
“Los medios e institucionales bancarios utilizados por el Gobernador de Chihuahua, como instrumentos para maquinar una parte de su enriquecimiento ilícito que se deriva de utilizar los recursos económicos del estado en beneficio propio y de su esposa, así como de los funcionarios que en complicidad con César Horacio Duarte Jáquez, han propiciado e instrumentado el engaño a las autoridades financieras…”, agrega la denuncia.
En lo que se refiere a la mencionada participación accionaria tanto del Gobernador como de su esposa, Bertha Olga Gómez Fong, se deriva del Contrato de Fideicomiso número 744743, de Administración e Inversión, formalizado ante el notario Público No. 6, en noviembre de 2012.
Por último, se denuncia que César Duarte dio instrucciones a su secretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral, quien al asumir el cargo todavía era el presidente y fundador de la Unión de Crédito Progreso, para que se realizara en ésta la inversión a plazo fijo por 802 millones de pesos a una tasa de interés de 3.93 por ciento anual.
“En principio era para efectuar el fondeo requerido para la adquisición del crédito garantizado con el Hotel Soberano”, menciona la denuncia. Se afirma que en este hecho, otro cómplice del Gobernador es el titular de la Junta Central de Aguas de Saneamiento, quien ayudó a que la tasa de interés pactada fuera desproporcionadamente menor.
Sobre esto, Javier Corral dijo que “se tienen un arsenal de pruebas. Y cuando digo ‘arsenal’ se la palabra que uso. Un caudal de pruebas. El propio silencio del gobernador es una de ellas”.
SENADORES AVALAN LA DENUNCIA
La presentación formal del punto de acuerdo con la denuncia se hizo con doce senadores de la República. Algunos de ellos fueron Ernesto Ruffo Appel, Octavio Pedroza, Manuel Bartlett Díaz, Víctor Hermosillo y Celada y Salvador López Brito.
No obstante, también se sumaron legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandro Encinas Rodríguez, el Senador y vicepresidente de la mesa directiva, Luis Sánchez, Raúl Morón Orozco y Layda Sansores San Román.
Como punto de acuerdo afirmaron que en medio del momento político en el que se encuentra el país y ante la exigencia social en relación con el combate a la corrupción y la impunidad, la denuncia en contra del Gobernador César Duarte se suma a dicha lucha.
Se exhortó al Partido de la Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados en el Senado a hacer un llamado a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al Banco de México (Banxico) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a realizar las investigaciones pertinentes con autonomía e independencia política y eficacia para deslindar responsabilidades en torno de la denuncia penal presentada por el activista de derechos humanos Jaime García Chávez, que ha dado lugar a un movimiento chihuahuense para obligar a las autoridades a cumplir las indagatorias y sanciones debidas.
Luis Sánchez Jiménez, Senador del PRD dijo “¿qué sucede con este Gobernador? Todos dicen en Chihuahua que él es nuevo rico. El dinero no se puede ocultar. Él es ostentoso. Hay un señalamiento público y por escrito y ante las instancias. La sociedad no aguanta más”.
Por su parte, Manuel Bartlett Díaz del Partido del Trabajo (PT) afirmó que “es un lugar común en México decir que la corrupción es el principal problema de México. Todos lo reconocen. De manera que este caso está señalando ese fenómeno. Esto podría hacerse en gran número de estados porque la enfermedad llega a todos lados”.
“Peña Nieto presentó una iniciativa para la corrupción desde que inició su gobierno pero no se ha avanzado mucho. Habrá que hacer algo al respecto para la corrupción si no se reconoce como el principal problema”, agregó.
En este sentido, Víctor Hermosillo y Celada, Senador del Partido Acción Nacional (PAN) dijo que “la corrupción es peor que el ébola. Y lo peor es que es progresista. Treinta y un mil millones no es una cantidad que no se puede entender. Cualquiera se endroga. Luego sigue Veracruz y Nuevo León, la mayoría del PRI. Ahora es el caso de Chihuahua porque no pasa nada, no hay respeto, hay una burla a la ciudadanía. Las consecuencias durarán por mucho tiempo y evitarán sus desarrollo”.
“Con base en esta denuncia es que hemos presentado la estructura de nuestra propuesta con un punto de acuerdo en donde se han suscrito miles de chihuahuenses y respaldado por un numeroso grupo de senadores de enorme prestigio”, dijo Javier Corral.
La denuncia obligaría a César Duarte a separase del cargo por medio de la licencia para no entorpecer las investigaciones. Para ello se ha recurrido a dependencias federales y de no servir las instancias del Ministerio Público Federal se pretende recurrir al juicio de procedencia.
Javier Corral agregó que “esto es una apuesta por las instituciones y el Estado de Derecho y un desafío al Procurador general de la República, Jesús Murillo Karam para ver si puede sobreponer a su militancia partidista el deber constitucional del Ministerio Público, indagar y fincar las responsabilidades necesarias”.
“Vamos a ver si es cierto que el gobierno federal tiene la voluntad de concretar en los hechos el discurso de la anticorrupción”, concluyó.
