Después de 53 días en paro de labores, las personas juzgadoras regresarán a las labores jurisdiccionales tras buscar oponerse a la Reforma Judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).- Jueces y magistrados federales decidieron levantar el paro de labores, vigente desde el 21 de agosto, como protesta en contra de la Reforma al Poder Judicial, aprobada por el Congreso de la Unión y entrada en vigor desde el pasado 16 de septiembre.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) informó esta mañana que se sometió a votación la posibilidad de la reanudación de labores a partir del próximo 16 de octubre y emplear otro tipo de actividades de protesta para señalar su inconformidad con la Reforma Judicial.
De la votación, 684 se posicionaron a favor de la reanudación de labores, mientras que otros 572 en contra votaron en contra.
🟡#COMUNICADO Como resultado del ejercicio democrático de consulta, efectuado entre las personas juzgadoras federales, se reanudan las labores jurisdiccionales, aunque variando las formas de manifestación y protesta. pic.twitter.com/2sd4afftG7
— Juzgadoras y Juzgadores Federales (@jufed_org) October 12, 2024
“De lo anterior se advierte que existe una porción significativa de personas juzgadoras que considera oportuno reanudar labores jurisdiccionales, aunque variando las formas de manifestación y protesta. No obstante, también se refleja una voluntad importante de quienes prefieren mantener la suspensión de actividades como medida de protesta”, consideró la Jufed.
A pesar de lo votado, la Jufed subrayó que los resultados recabados por las Direcciones Regionales contienen un mandato derivado del incumplimiento de la formalización de mesas de diálogo para los juzgadores, en las que se adopten medidas concretas ejecutables.
Asimismo, reiteró que la diversidad de opiniones es “un claro reflejo de nuestra unidad” como gremio. Añadió que su totalidad de personas juzgadoras está comprometida y “en pie de lucha” por la defensa de sus derechos humanos, la división de poderes y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
“Confiamos plenamente en que la Suprema Corte, como el último bastión en la defensa de la libertad y la democracia de México, sabrá proteger los principios que nos rigen y salvaguardar los derechos fundamentales de las y los mexicanos”, expresó.
También exigió al Consejo de la Judicatura Federal la “observancia puntual” a las determinaciones de suspensión emitidas por los titulares del Poder Judicial, esto con la finalidad de dar cumplimiento al mandato constitucional a que está obligado y “regresar con ello a nuestro país al cauce de legalidad y respeto a la división de poderes que rige a todo Estado Democrático de Derecho”.
Por lo tanto, después de 53 días en paro, las personas juzgadoras regresarán a las labores jurisdiccionales tras buscar oponerse a la Reforma Judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador: una suspensión que ha costado más de nueve mil millones de pesos, afirmó la Ministra Lenia Batres Guadarrama.
En entrevista en el programa de “Café y Noticias” que se transmite por el canal de SinEmbargo Al Aire, la Ministra mencionó que el paro en el Poder Judicial, el cual inició como medida de los trabajadores en contra de la Reforma al Poder Judicial, le cuesta a los mexicanos poco más de 188 millones pesos al día.
“Cada día nos cuesta, nada más los juzgados de distrito y los tribunales colegiados de circuito 188 millones 814 mil pesos, de ahí que al día de hoy que llevamos 52 días en paro se están perdiendo 9 mil 818 millones 349 mil 528 pesos, ya casi vamos para 10 mil millones de pesos”.
Además del daño económico, la Ministra Batres detalló que el paro ha provocado que más de 440 mil juicios de amparo fueran aplazados y que alrededor de 10 mil audiencias no se hayan realizado.
“Lo que hubiéramos esperado es que estuvieran abiertos los juzgados atendiendo los 440 mil juicios de amparo que tenemos en trámite y emitiendo las cerca de 10 mil audiencias que los juzgados de control debieron haber atendido para calificar los autos de vinculación a proceso que les ha sometido la Fiscalía General de la República en estos 52 días. Hemos dejado de tener, en materia penal, la posibilidad de combatir la seguridad pública con la emisión de estos datos”.
