La lucha de madres, hermanas, hijas y familiares de mujeres asesinadas en varios casos no concluye con una sentencia. En diversas ocasiones, los feminicidas interponen amparos, buscando fallas en el proceso o lagunas legales que les permitan “tumbar” las sentencias en su contra y reabrir procesos penales que han llevado años, todo en busca de su libertad o condenas más cortas. En tanto, para las familias de las víctimas se trata de un eterno ciclo judicial en el que siguen atrapadas entre múltiples obstáculos legales, pero con la misma esperanza y exigencia que desde el inicio: la búsqueda de justicia.
Ciudad de México, 12 de octubre.- Un presunto delincuente es encontrado culpable y condenado tras un juicio; sin embargo, su sentencia “aún no está firme”. Esta frase o término se refiere al proceso penal en el que, aunque una persona ya fue declarada culpable y un juez o tribunal oral emitió una sentencia condenatoria, esta puede ser apelada, ya sea por la parte acusada o por los denunciantes. No obstante, para muchas familias de víctimas de feminicidio, en la práctica, esto ha significado que su larga y tortuosa búsqueda de justicia, que en muchos casos lleva años, aún no ha terminado… y está lejos de terminar.
La lucha de madres, hermanas, hijas y familiares de mujeres asesinadas en varios casos no concluye con una sentencia. En diversas ocasiones, los feminicidas interponen amparos, buscando fallas en el proceso o lagunas legales que les permitan “tumbar” las sentencias en su contra y reabrir procesos penales que han llevado años, todo en busca de su libertad o condenas más cortas. En tanto, para las familias de las víctimas se trata de un eterno ciclo judicial en el que siguen atrapadas entre múltiples obstáculos legales, pero con la misma esperanza y exigencia que desde el inicio: la búsqueda de justicia.
En esta situación se encuentra precisamente Sandra Soto, quien lleva más de siete años buscando justicia para su hermana Serymar Soto Azúa, asesinada el 28 de enero de 2017 por su pareja, Jorge Alejandro Ugarte Hernández. A pesar de que ya en dos ocasiones dos tribunales han mostrado su culpabilidad, es decir, luego de ser sentenciado y de que un tribunal de alzada ratificó la sentencia del tribunal de enjuiciamiento, el feminicida interpuso a finales del año pasado un amparo federal en busca de revocar la sentencia de 46 años en su contra.
Otro caso emblemático que está en una situación similar es el feminicidio infantil de Fátima Quintana Gutiérrez, de 12 años, quien fue vejada y asesinada por sus vecinos en la comunidad Lupita Casas Viejas, en Lerma, Estado de México, en febrero de 2015. José Juan Hernández Tecruceño, uno de los tres feminicidas, que fue sentenciado a cárcel vitalicia, en febrero del presente año solicitó un amparo federal para reducir en una tercera parte su condena.
“Imagínate, tenemos toda una vida de lucha, que ya han sido al menos en mi caso más de siete años, logrando una sentencia condenatoria y luego, de pronto, con los beneficios de la ley, estos asesinos tienen la oportunidad de impugnar la sentencia. Entonces, a nosotras se nos tambalea toda la lucha, la justicia, la memoria por nuestras víctimas y la esperanza de poder darle vuelta a la página y poder reestructurar nuestra vida, porque cuando ya creemos que estamos llegando al final de esta historia tan terrorífica, resulta que todavía corremos el riesgo de que ellos vayan a quedar libres con este beneficio que les da la ley para poder obtener la libertad, alegando alguna violación en su proceso”, indicó Sandra Soto en entrevista con SinEmbargo.
Foto: Cuartoscuro
Sandra Soto indicó que, en su caso particular y en el de Lorena Gutiérrez, madre de Fátima, las familias de víctimas de feminicidio tienen el temor de que sean liberados, “porque si nos fuéramos con la ley, obviamente está comprobadísimo que ellos asesinaron a nuestras mujeres, pero no podemos confiar en las autoridades porque sabemos que hay ineptitud, burocracia y corrupción”.
La ahora activista señaló que en el caso de su hermana el amparo se presentó hace meses, pero más que esperar que sea resuelto a la brevedad, espera obtener una sentencia irrevocable.
“Yo no tengo ninguna prisa por que eso se resuelva; por lo que tengo prisa es que se resuelva como una sentencia irrevocable para el asesino, porque esto conserva la memoria y la justicia para Serymar, y sobre todo la garantía de no repetición para nosotros como víctimas colaterales”, agregó la hermana de Serymar, ahora activista.
El miedo de Sandra se incrementa porque, según narró, al buscar información sobre en manos de quién estará a cargo de resolver el amparo, encontró que “el Presidente del Tribunal que va a resolver el amparo, que es Miguel Ángel Álvarez Biabiano, tiene antecedentes de violencia familiar desde 2017, cuando su ex pareja; de hecho, le retiraron la patria potestad de su hijo, tiene denuncias en Twitter por acoso sexual y sigue trabajando en el Poder Judicial como magistrado. Él es el que le va a resolver el amparo a Jorge; ¿cómo creen que me siento yo de temerosa de lo que vaya a resolver un violentador sobre un feminicida? Hay empatía entre ellos porque son iguales, se entienden en su lengua, se apoyan; eso es el pacto patriarcal, y por eso tenemos el temor de que lo vaya a dejar en libertad y ahora nosotros seamos las que nos tengamos que esconder, porque yo he levantado la voz”, expresó la activista.
Ileana Ramírez denunció a su ex pareja, el magistrado Miguel Ángel Álvarez Bilbao de #Durango, por agresión física el 4 de diciembre, asegura que la golpeó y le quitó a su hijo
Estoy conversando con ella en #AzucenaxFórmula
— Azucena Uresti (@azucenau) December 12, 2019
Frente a esta situación, tras años de lucha, las familiares piden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Presidenta Electa, Claudia Sheinbaum, sentencias irrevocables para los feminicidas de sus casos.
“Me uno a la exigencia de no al amparo para los feminicidas. Exigimos sentencias irrevocables para cada uno de estos feminicidas y que nos garanticen la memoria y la justicia para nuestras mujeres asesinadas. Con todo respeto, pido a Norma Piña, Presidenta de la SCJN, a Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, que ni Jorge Alejandro Ugarte Hernández, feminicida de Serymar Soto, ni José Juan Hernández, asesino de Fátima, así como ningún otro feminicida, sean beneficiados con el amparo para volver a las calles”, señaló Mercedes Rangel, madre de Monserrat Mejía, joven que tenía cinco meses de embarazo cuando fue asesinada en Ecatepec, Estado de México, en febrero de 2021.
Flor Ibarra, hermana de Olga Martínez, víctima de feminicidio en Saltillo, Coahuila, también hizo un llamado a la Presidenta de la SCJN y a todo el Poder Judicial para que no entreguen amparo y para que haya una sentencia irrevocable.
María Margarita Alanís Rosales, madre de Campira Alanís, víctima de feminicidio en diciembre de 2016 en Ciudad de México; María Cristina Ibarra e Inés del Rocío, hermana y madre de Olga Martínez, víctima de feminicidio también en Coahuila; Graciela Obispo, hermana de Carmen Obispo, victimada el 17 de septiembre de 2024 en Tamaulipas, también se unieron a la exigencia y solicitan consolidar la justicia para las víctimas de feminicidio.
“En México, la justicia para muchas mujeres no llega o ellos buscan la libertad. Nosotros, como familiares, víctimas colaterales, sabemos que nuestras mujeres nadie nos las va a regresar; sabemos que ellas se fueron, y es un dolor que cada año, en la fecha en que ellas partieron, duele como el primer día”, abundó Carmen Obispo desde Tamaulipas.
Las familiares de víctimas de feminicidio, incluso en días pasados, se manifestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para pedir que no den el amparo y sentencias irrevocables a los feminicidas de Serymar y Fátima.
“Es indignante que tengamos que estar todavía tratando de arrancarle al sistema la justicia para nuestras víctimas”, abundó Sandra.
LA INDIFERENCIA DEL PODER JUDICIAL
Siluetas de mujeres y niñas asesinadas fueron colocadas en la explanada, el mismo día en que los ministros discutían y votaron que sí pueden analizar la constitucionalidad de la Reforma Judicial, luego de admitir la procedencia de una consulta a trámite elaborada por jueces y magistrados federales, un tema que ha centrado la atención del debate público.
“Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”, ha sido una consigna repetida en las marchas feministas y de protesta contra los feminicidios.
De manera irónica y paradójica, los trabajadores del Poder Judicial, a quienes en parte se les dirigieron esas mismas consignas, las han adoptado.
“Señor, señora, no sea indiferente, México requiere un Poder Judicial independiente”, corean los trabajadores del Poder Judicial, en sus marchas contra la Reforma, una consigna que por años han utilizado feministas y familiares de víctimas de violencia de género y feminicidio en su exigencia de justicia.
–Es ofensivo– respondió Soto.
Las familias de víctimas de feminicidio reprocharon la situación actual. Los amparos mencionados, interpuestos por los agresores de Serymar y Fátima, llevan meses en los escritorios, mientras el Poder Judicial sigue en paro por la reforma.
“Siempre estamos a expensas de términos burocráticos, como puedes ver con el paro por la reforma judicial. Estamos cansadas de esto, porque nosotras tenemos que seguir adelante con nuestras vidas, y ellos, por resolver sus intereses económicos y laborales, nos mantienen paralizadas”, agregaron.
Santa Soto incluso reprochó con que cara piden defender altos sueldos y prestaciones, cuando el trabajo del Poder Judicial no ha sido percibido como eficiente por las víctimas.
“Es ofensivo ver que sí se valen de lo que les conviene para poder manifestarse; así quisiéramos que nos apoyaran verdaderamente para que nosotros pudiéramos darle agilidad a nuestros trámites”, expresó-
Las víctimas recalcaron que no están en contra de que los trabajadores exijan sus derechos y defiendan sus condiciones laborales, pero señalaron que antes de ellos deberían hacerse merecedores de ello con resultados.
“Son meses tras meses en que tardan los trámites y ellos siempre están detrás del escritorio, platicando, tomándose su café. A eso es a lo que nosotras nos sentimos ofendidas, que no saben su trabajo […] no hay empatía, nos tratan con la punta del pie. Nosotras siempre estamos a expensas de sus trámites burocráticos y de su estado de ánimo, pero normalmente tienen el corazón duro, y para nosotros es ofensivo que gente así esté peleando un salario más alto cuando verdaderamente no hay trabajo que demuestre que son dignos de eso”.
Sin embargo, el reproche no fue solo para el Poder Judicial, sino para todos los niveles de gobierno. Las víctimas reiteraron que siempre son relegadas y que no existe un interés real por las víctimas en el país, pues entre los gobiernos de todos los partidos, lo que prevalece es sólo su interés político.
“…y tener que esperar estas disyuntivas entre el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y el Judicial, donde los intereses que se pelean solamente son los que les benefician a ellos, ninguno es a favor de las víctimas, a favor de la seguridad, justicia de las víctimas colaterales; todo eso en función a la venganza y revanchismo”, concluyó Soto.
