En 2014, la Comisión de la Verdad de Guerrero reveló en su reporte final que entre 1974 y 1981 fueron arrojadas al mar cerca de mil 500 personas, algunas vivas, en los llamados “vuelos de la muerte”. Esta semana, la Comisión de la Verdad a nivel federal ha dado a conocer que realiza trabajos de búsqueda en el Océano para recuperar cuerpos.
Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).– Quizá los responsables de los crímenes perpetrados durante la “guerra sucia” no imaginaron que décadas después los avances tecnológicos ayudarían a arrojar luz a sus actos criminales como ha demostrado el reciente informe de la Comisión de la verdad cuya misión es indagar en la embestida del Estado mexicano contra los disidentes en el periodo que va de 1965 a 1990.
El reporte dado a conocer esta semana muestra por una lado está cómo las nuevas tecnologías contribuyen a buscar la ruta de los “vuelos de la muerte”, que consistían en arrojar al mar desde aeronaves a campesinos acusados de formar parte de la guerrilla, y por el otro lado con esas mismas tecnologías se ha podido mapear instalaciones militares, que por su misma naturaleza habían permanecido inaccesibles a autoridades civiles.
La Comisión de la Verdad de crímenes cometidos entre 1965 y 1990 realizó inspecciones entre marzo y abril de 2023 en instalaciones militares como los cuarteles de la 9ª Zona Militar en Culiacán, Sinaloa; de la 35 ª Zona Militar en Chilpancingo, Guerrero; la Base Aérea Militar de Pie de la Cuesta, Guerrero; el Cuartel de la 28 ª Zona Militar y de la 8ª Región Militar en Oaxaca, así como el ex cuartel de la 27 ª Zona Militar en Acapulco, Guerrero, que ahora funciona como oficinas del ayuntamiento.
Reconociendo la complejidad de estos espacios y la lógica de violencia en la que en su momento estuvieron inscritos, la Comisión inició el proceso de identificación de instalaciones “buscando en todo momento el mayor grado de certeza histórico y científico que las fuentes pueden brindar” y por lo mismo recurrió a la documentación gubernamental en archivos de la Dirección Federal de Seguridad y de la propia SEDENA, pero también a fotografías aéreas y satelitales, que permitieron establecer los cambios generales en el espacio en los últimos 50 años.
“El uso de fotografía aérea (histórica) y satelital (actual), permitió establecer los cambios ocurridos al interior de los campos militares, para poder determinar qué instalaciones ya se encontraban en el periodo de 1965 a 1990, y qué instalaciones fueron modificadas o destruidas, así como qué instalaciones fueron construidas después de ese periodo”, establece el documento.
En ese sentido, el informe expone el caso de la la 9ª Zona Militar en Culiacán, Sinaloa, en donde mediante tecnología satelital se pudieron constatar las modificaciones al interior del cuartel.
“Los espacios señalados con óvales, se trata de los espacios en donde existía un conjunto de masas y donde fueron construidos después nuevos edificios o algún tipo de instalación. Esto sirvió, de manera previa, para poder determinar a partir de la documentación encontrada en los archivos, así como con los testimonios de sobrevivientes, la probabilidad de que las instalaciones referidas como espacios de detención clandestina todavía pudieran seguir existiendo”, añade el reporte.
De esta manera, con la evidencia previa, y la evidencia recabada durante las inspecciones en las instalaciones militares, incluyendo el testimonio in situ de las personas que estuvieron en calidad de detenidas-desaparecidas en dichos lugares, la Comisión pudo identificar, con distinto grado de certeza, la existencia de centros clandestinos de detención en diversas instalaciones militares.
La investigación también se vale de las nuevas tecnologías para poder hacer trabajos de recuperación en el mar en donde se llevaron a cabo asesinatos por medio de los “vuelos de la muerte”.
La Comisión indica además que se ha avanzado en esta línea procesando las bitácoras de los aviones militares y buscando asesoría científica multidisciplinaria para reducir un polígono de búsqueda en el Océano Pacífico y establecer la viabilidad de prospectarlo con ecosondas científicas acopladas a un buque oceanográfico.
“Se cuenta hasta el momento con la asesoría de geógrafos y geómetras del Centro Geo, y de un ingeniero aeronáutico. Se ha establecido contacto con una experta en batimetría, y se le ha solicitado también asesoría a la coordinadora de Plataformas Oceanográficas de la UNAM. Se buscó y obtuvo asesoría de un periodista e investigador chileno, que pudo aportar información relevante sobre la experiencia de su país en recuperaciones en el Océano”, destaca el informe.
A principios de años la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) dio a conocer que cuenta con evidencias de cómo los “vuelos de la muerte” se realizaron durante la “guerra sucia”, mediante la recuperación de bitácoras y declaraciones de pilotos que indican que algunos de los desaparecidos podrían haber sido lanzados al mar en vuelos que partían desde la Base Militar de Pie de la Cuesta en Acapulco.
Detrás de estos crímenes se ha señalado a autoridades de primer nivel como los generales Arturo Acosta Chaparro, asesinado en 2012 y quien en 2002 fue acusado por un tribunal militar de asesinar y arrojar al océano al menos a 143 personas, y Francisco Quirós Hermosillo, fallecido de cáncer en 2006 cuando estaba preso por delitos relacionados con narcotráfico.
Ya en 2014, la Comisión de la Verdad de Guerrero reveló en su reporte final que entre 1974 y 1981 fueron arrojadas al mar cerca de mil 500 personas, algunas vivas, según el testimonio de Gustavo Tarín, subordinado de Quirós Hermosillo en la Policía Militar. El mismo testimonio señala que estos vuelos se realizaban de noche para arrojar hasta 16 personas a la vez.
En el informe presentado esta semana por la Comisión de la Verdad dio a conocer que la Secretaría de la Defensa Nacional no ha permitido que sean llamados a declarar 368 militares, unos en retiro y otros aún en activo, que pertenecieron a distintos organismos y cuerpos del Ejército durante el periodo en revisión.
De acuerdo con información de la Comisión para la Verdad, este personal militar podría tener información relevante sobre las violaciones graves a derechos humanos cometidas, que fueron testigos o participaron en acciones en el contexto de la violencia de Estado Contrainsurgente.
De igual forma se está en la espera de que se está en espera de la entrega por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional de planos de las instalaciones militares usadas como cautiverios y sitios de tortura, una petición que se hizo en marzo de 2022.
