Por Diego de la Mora Maurer (@diegodelam)*
Una de las principales promesas incumplidas del Gobierno actual ha sido construir un sistema de salud que garantice este derecho para toda la población. Según el propio Gobierno, a mediados del sexenio habían cumplido con el objetivo de construir “un sistema de salud de primera, como en Canadá o en los países nórdicos”.
Durante lo que va de este sexenio, ese sistema no se logró ni siquiera diseñar a cabalidad y mucho menos implementar. Y la muestra más clara de ese fracaso es que se decidió dar marcha atrás al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y transferir sus recursos al IMSS-Bienestar para desde ahí tratar de garantizar el derecho a la salud a la población que no está inscrita a los otros sistemas de salud públicos.
Las causas de ese fracaso son diversas y algunas trascienden a este gobierno: la fragmentación de los sistemas gubernamentales de salud de acuerdo con la relación laboral de las y los beneficiarios y la escasez de personal médico, son cuestiones que México no ha podido resolver durante décadas.
Sin embargo, hay una causa del fracaso que sí es atribuible al Gobierno actual y que, ahora lo sabemos, tampoco será resuelta en el poco más de un año que falta para que termine el sexenio: no se destinaron los recursos públicos necesarios para garantizar el derecho a la salud de todas las personas que viven y pasan por México.
Y es que, aunque ha tenido aumentos en los últimos años, el gasto en salud del Estado mexicano representó solo 2.9 por ciento del Producto Interno Bruto en 2022, muy lejos del 6 por ciento que recomienda la Organización Mundial de la Salud y todavía más lejos del 8 por ciento que gastan Canadá o Dinamarca para mantener sistemas de salud robustos y que realmente garantizan que toda su población pueda acceder a los máximos estándares de salud posibles. Eso repercute en que una proporción importante de la población no pueda acceder a este derecho: el Coneval reveló recientemente que el porcentaje de personas con carencia por acceso a los servicios de salud pasó de 16.2 por ciento a 39.1 por ciento entre 2018 y 2022.
Lo que sucede con el gasto en salud se repite en la mayoría de los rubros del presupuesto que tendrían que garantizar los derechos humanos: aunque muchos de ellos como la educación o la vivienda han tenido una leve tendencia al alza durante el sexenio, los aumentos no han sido suficientes.
El gasto en los megaproyectos de infraestructura (sobre todo el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas), los cuantiosos recursos transferidos a Pemex y CFE, y el aumento de presupuesto para seguridad han ocupado la mayoría de los recursos públicos que este gobierno hubiera podido destinar al cumplimiento de derechos.
Y aunque los aumentos para los programas sociales son un acierto de la actual administración, la garantía universal de los derechos humanos requiere también construir infraestructura (como hospitales, clínicas, escuelas, infraestructura hidráulica, etc.) que sea accesible a toda la población. También es necesario invertir en la capacitación de profesionistas que puedan implementar políticas públicas para garantizarlos como maestros y maestras, doctoras y doctores, y garantizar los insumos como medicinas, materiales médicos o educativos, entre otros.
Por todo ello, si queremos realmente tener un Estado de bienestar como el de Dinamarca necesitamos invertir muchos más recursos en ello. Para eso, se requiere tomarnos en serio la necesidad de una reforma fiscal que realmente fortalezca las capacidades redistributivas del Estado mexicano. De lo contrario, seguiremos teniendo presupuestos cosméticos que no resolverán los problemas de fondo de la mayoría.
* Diego es director ejecutivo de @FundarMexico.
