Después de la amenaza lanzada por el Presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles a los productos mexicanos a finales de mayo, aumentaron las medidas de contención contra quienes huían de la violencia o la pobreza, se precipitó el despliegue de la nueva Guardia Nacional y el sociólogo a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM), Tonatiuh Guillén, fue sustituido por el hasta entonces jefe de las prisiones del país, Francisco Garduño.
Por María Verza
CIUDAD DE MÉXICO (AP).— La actual política migratoria de México ha dejado de ser un asunto interno, como era habitual, para convertirse en una cuestión de política exterior cada vez más militarizada, con generales en puestos clave y una fuerte estrategia de contención, basada en lograr a toda costa las cifras exigidas por Washington aunque a veces mediante acciones cuestionables.
Esta visión tiene poco que ver con la mano tendida al migrante ofrecida por el Presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador al llegar al poder y ha sido criticada por diversos sectores. Sin embargo, va a continuar. El Gobierno cree que es una estrategia exitosa porque ha frenado el flujo migratorio y Estados Unidos también, aunque exige más.
“No hemos hecho nada de lo que debamos avergonzarnos”, aseguró el Canciller Marcelo Ebrard tras su visita el martes a la Casa Blanca para evaluar el acuerdo migratorio firmado con Washington hace tres meses. “Jamás lo haríamos”.
Sin embargo, no todos coinciden.
Más de 100 colectivos de la región, incluidas varias ONG estadounidenses, firmaron el martes una carta en la que denuncian algunas prácticas “arbitrarias, indiscriminadas y por ende ilegales”. La ONU, mientras tanto, ha alertado de la situación de mayor vulnerabilidad en la que se han quedado miles de migrantes y otros expertos hablan de improvisación a la hora de tomar decisiones y del peligro de que se incrementen los abusos contra ellos.
Después de la amenaza lanzada por el Presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles a los productos mexicanos a finales de mayo, aumentaron las medidas de contención contra quienes huían de la violencia o la pobreza, se precipitó el despliegue de la nueva Guardia Nacional y el sociólogo a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM), Tonatiuh Guillén, fue sustituido por el hasta entonces jefe de las prisiones del país, Francisco Garduño.
Posteriormente, los cambios continuaron de forma más silenciosa bajo el control de facto del Canciller, la voz autorizada en el tema que favoreció una mayor presencia militar.
Ocho generales o vicealmirantes, tres de ellos retirados, fueron nombrados delegados del INM en estados clave como Quintana Roo, Veracruz, Jalisco o Coahuila. Se ampliaron los retenes, redadas y controles con más de 21 mil militares y guardias nacionales en las dos fronteras y las rutas migratorias. Y a ellos se unieron policías de distintos cuerpos. Además, proliferaron las amenazas a transportistas para que no vendieran boletos a personas que no tienen su documentación en regla o serían multados.
La presión para presentar resultados ante Washington llevó incluso a exigir a las delegaciones del INM cuotas de arrestos por estado que había que cumplir a toda costa, confirmaron a The Associated Press dos personas que aseguran conocer esta situación y que pidieron el anonimato por temor a represalias. No aclararon de quién vino la orden.
Una de estas personas denunció, además, que se les pedía llevar a cabo “practicas fuera de la ley”, como acompañar a policías locales sin orden judicial a entrar en una casa para ‘rescatar’ a migrantes cuyo destino sería la deportación, en lugar de llevarlos ante las autoridades competentes por ser presuntas víctimas o testigos de un delito, algo que les abriría la puerta a una visa en el país.
De hecho, las ONGs firmantes de la carta denuncian el uso de eufemismos como “rescatar” o “auxiliar” para enmascarar detenciones y deportaciones que no se ciñen al debido proceso.
El poder castrense, aunque bajo mando civil, quedó en evidencia en julio cuando se filtró un audio de Carmen Yadira de los Santos, responsable del INM en Chiapas, frontera con Guatemala, durante una reunión con su equipo.
“Si no es con nombre y apellido del general a cargo de la zona, nadie se mueve”, explicaba. “Por favor, no se tomen atribuciones que no les corresponden porque se tomarán medidas; se les dijo desde un inicio y desde hace varios días: esto cambió y nosotros estamos bajo las instrucciones y supervisión de la guardia nacional”, agregó. “Nadie, ni un mando medio, ni nadie, ni mucho menos yo podemos tomar decisiones unilaterales”.
El INM no quiso hacer comentarios para esta nota y la Cancillería tampoco respondió a la misma solicitud.
La Secretaría de Gobernación, encargada por ley de la migración, está desaparecida en este tema pero, aun así, Ebrard insiste en que él solo coordina la estrategia. En una reciente entrevista con el semanario Proceso, negó ser un “supersecretario”, aunque todos los expertos coinciden que no se mueve nada sin su consentimiento.
“La Secretaría de Relaciones Exteriores parece más interesada en mantener una buena relación con los Estados Unidos en vez de asegurar que los compromisos que están asumiendo no tengan un coste económico y humanitario demasiado caro para el país”, lamentó Maureen Meyer, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), una de las firmantes de la carta, quien temió que una mayor militarización pueda conllevar más abusos contra los migrantes.
La política actual del Gobierno mexicano es criticada incluso por quienes aprueban las acciones de contención de migrantes, como Rodulfo Figueroa, que dejó recientemente su puesto en el INM de Baja California. Figueroa comparte los fines pero no los medios utilizados por el ejecutivo. A su juicio, mientras México no tenga las herramientas administrativas para gestionar el flujo de forma ordenada, toda la estrategia actual estará incompleta y será insostenible, máxime porque es asimétrica con respecto a Estados Unidos, que tiene muchos más efectivos para detener y ahora para regresar a México a sus solicitantes de asilo, planteó.
De hecho, ese cambio en la política de refugio estadounidense, aceptado por México el 20 de diciembre y mediante el cual han sido retornados desde enero más de 40 mil personas, es para algunos expertos el verdadero punto de inflexión de una política a la medida de Washington que el martes ambos países se comprometieron a seguir ampliando.
Ebrard argumenta que así se ha logrado eludir la firma de un acuerdo de tercer país seguro, lo que obligaría a procesar todas esas solicitudes. Ahora este proceso está en manos estadounidenses pero México tiene a todas esas personas a su frontera norte, donde muchos están varados y a merced del crimen.
“El Gobierno mexicano debería lamentar que el endurecimiento descontrolado de su política migratoria se haya traducido en miles de personas en condiciones inhumanas en centros de detención que, debido a la falta de controles, posiblemente fueron deportados a los lugares de los huían aunque necesitaran protección”, dijo la investigadora de WOLA.
Pero si creen que hubo errores, no se reconocen. “Se cumplieron los compromisos de parte nuestra y se alejó el riesgo, la amenaza de imponer aranceles”, dijo el miércoles López Obrador satisfecho, aunque como dice la carta firmada por las ONGs, México se haya convertido en el verdadero muro de Donald Trump.
