El Fiscal Gertz Manero dijo esta tarde en una videoconferencia que Rosario Robles Berlanga está detenida y Emilio Lozoya Austin n porque la exsecretaria no ha dicho quiénes están detrás del fraude masivo contra México conocido como “Estafa Maestra”, afirmaciones a las que esta tarde respondió la defensa de la exfuncionaria.
Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).– Los abogados de Rosario Robles Berlanga respondieron este viernes a las declaraciones emitidas horas antes por Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), y le reclamaron al funcionario federal por dar a entender que la exfuncionaria está en prisión por “no ser solidaria con el Estado” y dejando entender que está privada de su libertad por no “delatar” a otros funcionarios, cuando en realidad no tiene nada qué revelar.
“Para esta defensa, significa que el fiscal pretende utilizar la prisión preventiva como un mecanismo coercitivo contra la ciudadanía. Antes eran ‘tehuacanazos’ hoy es prisión. Pareciera que Robles Berlanga está privada de su libertad por no querer ‘colaborar’ con las autoridades, cuando en este país ese hecho no es ningún delito”, planteó en un comunicado el despacho Epigmenio Mendieta & Abogados, que lleva la causa de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.
“Este individuo [Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex)] está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos”, dijo Gertz cuando se le preguntó si había un trato distinto para ambos exfuncionarios del Gobierno de Enrique Peña Nieto. “Una circunstancia que ha generado una denuncia patrimonial de 400 millones de pesos”, precisó.
“En el otro caso [el de Rosario Robles] no hay eso y es un daño por 15 mil millones de pesos, donde están involucradas gran parte de las instituciones educativas del país”, dijo el titular de la FGR.
Al respecto, los abogados precisaron que, contrario a lo dicho por el Fiscal, “Rosario Robles enfrenta un proceso por un supuesto delito de omisión de resultado formal, no de acción. Es decir, ejercicio ilícito del servicio público, delito considerado como no grave que tampoco trae aparejado reparación de un presunto daño. Por esta acusación debería tener el beneficio de enfrentar su proceso en libertad”.
El despacho expuso, además, que “las imprecisiones observadas por el fiscal Gertz” señalan a Rosario Robles de provocar daño patrimonial, pero no existe ninguna acusación formal por parte de la FGR por un delito diferente al que mencionan en líneas arriba.
“La Fiscalía General de la República está obligada a investigar, fundamentar y comprobar acusaciones plenamente, más allá de toda duda razonable y no sólo hacer imputaciones”, plantearon los abogados defensores.
También expusieron que, hasta el momento, las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público para justificar la prisión preventiva, como la licencia falsa, han sido desacreditadas en cada una de las audiencias.
“Los dichos del fiscal contravienen el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto a los derechos de la imputado, que señala en su fracción I que la acusada debe ser tratada como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad; en su fracción XIV a no ser expuesta a los medios de comunicación y en su fracción XV a no ser presentada ante la comunidad como culpable”, agregaron en sus precisiones al Fiscal Gertz Manero.
Con sus imprecisiones, añadieron, el Fiscal General marca una diferencia entre las conveniencias políticas de sus testigos colaboradores y los que no tiene ese carácter. Además, “son una afrenta al debido procesos y a la presunción de inocencia”. Los dichos de hoy, concluyeron, “demuestran una vez más que se trata de una detención arbitraria y una nueva modalidad de presión”.
El 13 de agosto de 2019, Robles fue puesta en prisión preventiva y confinada en el penal de Santa Martha Acatitla, de la Ciudad de México, por el ejercicio indebido de la función pública cuando fue Secretaria de Desarrollo Social. El 18 de septiembre de 2019, la Función Pública (SFP) la inhabilitó por 10 años para empleos, cargos o comisiones en el servicio público por falsear información en su declaración patrimonial. Hoy sigue detenida.
