Ildefonso Zamora dijo a SinEmbargo, tras salir de prisión esta tarde: "Se manifestó que soy una persona honrada, que soy una persona de bien y quien quiso acabar con mi dignidad no lo logró". Por su parte, la organización Greenpeace exigió a las autoridades del Estado de México a reconocer como legítima la labor de la defensa en el Gran Bosque de Agua y no emprender ningún tipo de persecución en contra del activista y su familia.
Tenancingo, Estado de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- A casi nueve meses, exactamente a 266 días de permanecer preso por un robo que no cometió, hoy un juzgado ordenó la liberación de Ildefonso Zamora Baldomero, activista defensor del Gran Bosque de Agua, en el Estado de México.
El Juez Quinto de Amparo en el Estado de México dictó la sentencia que liberó al ecologista mexiquense alrededor de las 17:00 horas de este viernes. Sin embargo fue hasta las 7:58 de la noche que Zamora Baldomero abandonó las cuatro paredes de su celda en el Centro de Readaptación Social de Tetancingo para abrazar a su familia, con la luna de testigo y entre llanto de felicidad, porras y aplausos para el "defensor de los bosques", como se refieren a él algunos miembros de las ONGs que le dieron acompañamiento este tiempo.
"Si derramo una lágrima es por la emoción. Se manifestó que soy una persona honrada, que soy una persona de bien y quien quiso acabar con mi dignidad no lo logró [...] Me cargué de energía, tengo mucha fuerza", compartió con SinEmbargo don Ildefonso y agradeció a las más de 47 mil personas que firmaron la exigencia lanzada al Gobernador Eruviel Ávila Villegas y al Presidente Enrique Peña Nieto para que actuaran justamente y lo dejaran en libertad.
"Gracias a todo ese respaldo de más de 47 mil personas. Mi familia y yo estamos agradecidos con las organizaciones y con los medios de comunicación. Hoy sabemos que no estamos solos", comentó entre lágrimas, a las afueras del Palacio Municipal de Tenancingo, que se encuentra a un costado del centro de reclusión.
También agradeció a las autoridades que, expuso, actuaron conforme a derecho para que recobrara su libertad.
En tanto, Greenpeace México, una de las organizaciones acompañantes del caso, acusó que el caso de don Ildefonso es representativo de la criminalización que viven las y los defensores del medio ambiente y los derechos humanos en todo el territorio mexicano.
Asimismo puntualizaron en que la liberación del activista tlahuica "es un primer paso para la justicia y la defensa del Gran Bosque de Agua", por lo que exigieron a las autoridades del Estado de México reconocer como legítima la labor de la defensa en dicha zona y no emprender ningún tipo de persecución en contra de Ildefonso y su familia.
"El acoso del Gobierno de Eruviel Ávila a los activistas, ambientalistas y defensores de derechos humanos así como el uso faccioso del sistema en su contra debe terminar. Exigimos que dejen de intimidar a don Ildefonso, a su hijo Misael y a la familia Zamora. Su labor desde hace 20 años es un ejemplo que nos inspira y motiva para seguir luchando por el planeta. Ildefonso es el guardián del bosque", dijo a este medio Miguel Ángel Soto, activista de Greenpeace México, tras la salida del defensor indígena.
Ildefonso Zamora ha encabezado la lucha pacífica contra los taladores ilegales del Gran Bosque de Agua, abastecedor de tres cuartas partes del líquido que se consume en la Ciudad de México. Esa misma lucha fue lo que lo ha mantenido preso durante casi nueve meses.
Su lucha no sólo le ha traído la privación de su libertad: además en mayo de 2007, sus hijos, Aldo y Misael, fueron atacados por taladores ilegales del Estado de México. El primero fue asesinado. A pesar de que Misael identificó a los atacantes, sólo han sido detenidos dos de ellos, sin que hasta la fecha se les haya dictado sentencia. Sin embargo, los autores materiales de este asesinato, los hermanos Luis y Alejo Encarnación Neri, continúan en libertad pese a que están plenamente identificados y existen órdenes de aprehensión en su contra desde el 24 de mayo de 2007, de acuerdo con Greenpeace México.
Meses después, Felipe Calderón Hinojosa, entregó un reconocimiento al activista y a los comuneros de San Juan Atzingo, su hogar, por su defensa del medio ambiente y prometió justicia por el asesinato de Aldo, una acción que nunca llegó. El año pasado su hermano también fue secuestrado por elementos militares.
Ildefonso Zamora fue acusado del delito de robo a casa-habitación y detenido el 20 de noviembre de 2015 por elementos de la Policía Ministerial. Desde entonces se cuentea recluido en el penal del municipio mexiquense de Tenancingo. Sin embargo, desde su encarcelamiento diversos organizaciones y activistas han denunciado que el delito en contra del defensor de los bosques fue fabricado y que los únicos medios de prueba proporcionados en su contra son testimoniales con contradicciones, inconsistencias y señalamientos dispersos que no proporcionan datos con los cuales se pueda presumir que el señor Zamora participó en el robo que se le atribuye.
Incluso, la organización Amnistía Internacional declaró, el 8 de mayo pasado, a Ildefonso preso de conciencia.
El pasado 8 de mayo, en entrevista con SinEmbargo, familiares de Idelfonso Zamora acusaron que la detención del defensor de los bosques se hizo para proteger los intereses de autoridades que talan ilegalmente árboles en la zona.
Misael Zamora, hijo de Idelfonso, acusó que autoridades locales de San Juan Atzingo, con el apoyo del Gobernador Eruviel Ávila Villegas, confabularon para detener al activista.
“En el 2011, le arrebatan el cargo a mi padre de comisariado de bienes comunales con muchas irregularidades. Se postula un señor Leobardo Neri Jacinto y él, junto a Arnuldo Gómez Barrón, otro casique más del pueblo, son los que siempre han impulsado la tala, y nunca les ha gustado que mi padre defienda el bosque”, dijo a este medio.
Por su parte, Amnistía Internacional, después de hacer un análisis detallado del caso de Zamora, alertó que la detención del activista se había dado de manera arbitraria. “A Ildefonso Zamora lo están castigando por denunciar los daños que se están causando al territorio y al entorno de su comunidad. Nunca debió haber sido encarcelado y debe ser puesto en libertad inmediata e incondicionalmente. Proteger el medio ambiente y defender los derechos humanos no son delitos”, exigió en su momento Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI.
El pasado mes de junio, el Poder Judicial Federal en el Estado de México reconoció que en el proceso penal seguido contra el defensor de los bosques por el delito de robo agravado, se violó su derecho humano de presunción de inocencia al no existir pruebas en su contra; pese a ello, no fue liberado.
Organizaciones como Greenpeace denunciaron en diversas ocasiones que desde el inicio del proceso en contra de Zamora existieron una serie de irregularidades que violaron su derecho al debido proceso y lo sometieron a un estado de indefensión. Entre esas irregularidades, detalló el grupo civil, está la omisión de informar al señor Zamora la apertura de la carpeta de investigación durante más de tres años, lo que vulneró su derecho a una defensa adecuada.
El Centro Prodh y Greenpeace México documentaron el encarcelamiento del ambientalista, e incluso lanzaron la campaña #IldefonsoLibre que incluyó una petición dirigida a Eruviel Ávila Villegas; al Procurador de Justicia Estatal, Alejandro Jaime Gómez Sánchez; y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Sergio Javier Medina Peñaloza; para exigirles desechar los falsos cargos que se le imputaron a Zamora.
El 16 de mayo, el ecologista mexiquense difundió a través de Greenpeace una carta que escribió con motivo de los 9 años del asesinato de su hijo Aldo Zamora.
En esa misiva advirtió que su lucha y la de su familia por defender los bosques, no terminará por su encarcelamiento ni las agresiones en su contra.
“Son tantas las advertencias y resultados que han afectado mi vida y la de mi familia, tantos daños de difícil reparación que ya no tenemos una estabilidad armónica y de convivencia tranquila, estamos pagando caro muy caro el ser honestos, trabajadores, honrados y luchadores sociales, siempre haciendo y dando el bien por los demás y ahí están las pruebas”, escribió en ese momento Ildefonso.
La familia Zamora Baldomero, en su intento por detener este ecocidio desde 1988, ha visto cómo callan a sus integrantes. Desde el año 2004, las amenazas de muerte comenzaron a llegar a los Zamora, durante una manifestación en contra de los taladores ilegales, Ildefonso fue advertido por primera vez: “tienes tus días contados, si no le bajas te vamos a dar donde más te duela”.
LA LUCHA DE ILDEFONSO
En marzo pasado, SinEmbargo visitó El Jaral, uno de los territorios reforestados por Ildefonso y más de 70 personas en el año 2005. Desde ahí, Miguel Ángel Soto, vocero de Greenpeace lanzó una pregunta a los gobernantes:
“¿Por qué a la persona que lideró todo este esfuerzo para recuperar zonas como estas la meten a la cárcel, en lugar de estarla apoyando?, él se atrevió a hacer el trabajo que ni los inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se atreven muchas veces a hacer, y ahora está detenido. Por eso la exigencia del Centro Prodh, de Greenpeace, de la familia y los vecinos de que él salga cuanto antes, que se le dejen de estar fabricando cargos, se le deje de estar persiguiendo a través de los aparatos del Estado, en este caso el Ministerio Público de Tenancingo”.
Soto incluso recordó que hace 11 años, junto con los comuneros, la organización trazó un “SOS” gigante para alertar sobre la terrible situación de los bosques, en aquel entonces la zona estaba devastada y gracias al trabajo de los pobladores y los activistas, hoy se respira aire limpio y el color verde se aprecia en cada rincón.
En ese momento, Misael Zamora, hijo del activista tlahuica, denunció que aún existe tala en otros bosques del territorio gobernado por Eruviel Ávila y los talamontes llegan de poblados cercanos como Santa Lucía, Santa Martha y San José. “Sigue siendo algo preocupante, esto no ha cesado, esto no ha parado”, reveló a este medio.
Lo anterior, a pesar de que el asesinato de Aldo había traído hasta el año 2011, la detención de la tala ilegal en un 90 por ciento, según palabras del joven de 25 años.
Con la llegada de Leobardo Neri Jacinto, presidente de Bienes Comunales de San Juan Atzingo, –aseguró–, se promovió la tala “en lugar de seguir cuidando los bosques, de seguir vigilando las labores de cuidados, involucró en su equipo a gente que se dedica a esta actividad y les brindó toda la protección”.
