Se tienen identificados a fabricantes de 133 mil 558 armas recuperadas en México y sometidas para su rastreo. Además se conocieron a unas 925 empresas que fabricaron las armas traficadas desde EU. A partir de las armas más recuperadas en el país, se pudo conocer que son elaboradas por cuatro de las empresas demandadas por México en una corte estadounidense por su negligencia en la comercialización de las mismas.
Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).– La guerra contra el narcotráfico que declaró en diciembre de 2006 Felipe Calderón —la cual encomendó a su súper policía Genaro García Luna hoy preso por narcotráfico— junto al fin de la prohibición en 2004 en Estados Unidos de la venta de armas de asalto dispararon la venta de armamento que alimentó la pira de la violencia armada en México, señala el informe “El río de hierro de armas a México: Sus fuentes y contenidos” elaborado por Stop US Arms to Mexico, un proyecto colaborativo de Global Exchange, en Estados Unidos, y la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en México.
“La violencia armada en México ha aumentado precipitadamente en las últimas dos décadas desde que en 2004 expiró la prohibición federal de venta de armas de asalto en Estados Unidos y la declaración en 2007 de la guerra contra las drogas del Gobierno de México, con apoyo de Estados Unidos”, se lee en el reporte en el cual se muestran datos que dan cuenta cómo los homicidios y desapariciones perpetradas con armas de fuego entre 2003 y 2023 tuvieron su punto de quiebre precisamente en 2007, durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).
Un episodio que ejemplifica esta situación fue el operativo “Rápido y Furioso”, que ocurrió durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, el cual nunca arrojó resultados y, en cambio, dejó muertos en ambos países. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés) puso en marcha este operativo entre 2009 y 2011, el cual consistió en introducir más de 2 mil armas de fuego a México para identificar a los compradores. Sin embargo el armamento se perdió y llegó a manos de los cárteles como el de Sinaloa para alimentar su guerra.
En el informe de Stop US Arms to Mexico se expone además que a pesar de la leve reducción de homicidios cometidos con armas de fuego desde 2019, ya en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “la violencia no ha disminuido ni siquiera hasta los elevados niveles de 2010-2011. Además, el número creciente de desapariciones forzadas, mayormente conducidas por organizaciones criminales armadas con armas de Estados Unidos, y a veces con la colusión de fuerzas policiales o militares, ha nulificado la modesta reducción de homicidios con armas de fuego”.
El informe es elaborado por John Lindsay-Poland, coordinador del proyecto Stop US Arms to Mexico, quien hizo una solicitud de información pública, conforme a la Ley de Libertad de Información, de datos agregados de la ATF sobre el número de armas rastreadas desde México y Centroamérica a partir del 2014. El texto señala que luego de luchar en distintas instancias por la apertura de estos datos, la ATF reveló los datos que permitieron conocer los lugares en Estados Unidos desde los cuales las armas traficadas fueron compradas.
La ATF identificó a fabricantes de 133 mil 558 armas recuperadas en México y sometidas para su rastreo. Además se conocieron a unas 925 empresas que fabricaron las armas traficadas desde EU. A partir de las armas más recuperadas en el país, se pudo conocer que son elaboradas por cuatro de las empresas demandadas por México en una corte estadounidense por su negligencia en la comercialización de las mismas.
“Estas cuatro empresas (considerando la producción de Beretta tanto en Italia como Estados Unidos) constituyen el 30 por ciento de las armas recuperadas en México en las que los fabricantes fueron identificados. Siguen en orden Ruger (que produce armas en cuatro estados de EU); Romarm, una compañía rumana que exporta rifles de asalto a Estados Unidos; y la manufacturera brasileña Taurus, que produce pistolas baratas”, se lee en el informe.
A inicios de año, México cosechó una victoria clave en su lucha contra estos fabricantes de armas cuando la Corte de Apelaciones del Primer Circuito le dio la razón al Gobierno mexicano y revivió el caso que presentó contra algunos de los nombres más importantes de la industria armamentista estadounidense. Por esas mismas fechas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su Gobierno ha decomisado casi 50 mil armas en lo que va del sexenio, y acusó que el 70 por ciento de esas armas proviene de Estados Unidos, mayoritamente del estado de Texas.
En febrero pasado el reportero Manuel González de SinEmbargo publicó cómo en 2023, la circulación y decomiso de armas de fuego utilizadas por el crimen organizado tuvo un repunte de más del 10 por ciento, sin embargo, esta cifra representa apenas el 4.4 por ciento de las más de 250 mil armas que se estiman ingresan cada año de manera ilegal al país.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el último año el Ejército y la Guardia Nacional lograron el aseguramiento de 11 mil 112 armas de fuego en todo el país, lo cual representó un 10 por ciento más de lo confiscado en 2022 con 10 mil 085.
Los datos del informe dan cuenta a su vez de cómo México recuperó 700 rifles de calibre .50, sometidos para su rastreo de 2015 a 2022; de éstos el Ejército mexicano por sí solo recuperó otros cien de estas armas en 2023. La mayoría de estos rifles fueron fabricados por Barrett Firearms, ubicado en el estado de Tennessee, también demandado por México en su demanda contra fabricantes de armas.
“Estos rifles pueden disparar con precisión a objetivos a una distancia de dos kilómetros y derribar helicópteros policiales. Por su largo alcance, hay muy pocos lugares en Estados Unidos para hacer prácticas con estas armas. No tienen ningún uso legítimo para civiles en los Estados Unidos – ni en México, donde son armas preferidas por las organizaciones delictivas para hacer crecer sus negocios violentos”, se lee en el reporte.
En efecto, imágenes de los enfrentamientos entre organizaciones delictivas y fuerzas de seguridad han demostrado la capacidad de fuego de los grupos criminales como sucedió durante el llamado Culiacanazo, en donde sicarios fueron captados con este armamento, mismo que también fue empleado en el atentado contra el exjefe de policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, hechos ocurridos en junio de 2020.
La información desagregada por Stop US Arms to Mexico muestra además que las armas largas como rifles y escopetas constituyen el 34.7 por ciento del armamento ilícito identificado en México y Centroamérica. Así mismo, los calibres más comunes (.223, 7.62 y 5.56) fueron encontrados en casi una quinta parte (19.9 por ciento) de las armas rastreadas en México y Centroamérica, pero solamente en un 5.6 por ciento de las armas traficadas y recuperadas en Estados Unidos.
“Estos calibres no son legales para la compra civil en México o Centroamérica; tales armas ilícitas son mayormente compradas en y traficadas desde Estados Unidos, o exportadas legalmente y desviadas al mercado ilícito. En resumen, el problema del mercado de armas de asalto en Estados Unidos es más presente y fuerte en México y Centroamérica”, refiere el reporte.
Y añade, en una cita con datos que atribuye a la ATF: “Las armas son bienes duraderos: su funcionalidad para destruir las vidas dura por muchos años. El tiempo promedio entre la compra de un arma en los Estados Unidos y su recuperación en México es de siete años”.
El informe destaca también el papel que tiene en el tráfico de armas, “el comercio hormiga”. Expone que aunque la escala del tráfico de armas a México es masiva, la mayoría de las armas ingresadas ilegalmente son compradas una por una, por distintos individuos. “Por ejemplo, 942 de las armas de fuego aseguradas en México en 2022 fueron compradas en el Condado de Mariposa en Arizona, y fueron rastreadas e identificadas con por lo menos 874 personas, según los datos de ATF, mostrando patrones similares para años anteriores y en otros condados”.
“En promedio, solamente uno de cada diez compradores de un arma traficada compró una segunda arma que fue recuperada y rastreada al mismo comprador. Esta proporción de compradores vinculados a una sola arma rastreada es consistente en todos los condados. Una razón podría ser que los compradores de múltiples armas tienen más probabilidades de ser detectados por las autoridades en el lado estadounidense que los que compran de una en una armas para traficar”, refiere el texto.
Y puntualiza: Tanto el tráfico descentralizado y disperso, como la incapacidad de la ATF para rastrear una porción mayor de las armas ilícitas estadounidenses hasta su compra, nos llevan a una conclusión: Los operativos policiales contra el desvío ilícito de compradores de armas minoristas tienen efectos limitados. En cambio, las estrategias deberían enfocarse en soluciones más arriba de la corriente del río para enfrentar el mercado masivo y militarizado de armas y la falta de regulaciones para la comercialización de estas armas”.
