Este martes Artículo 19 presentó un corte de caja del sexenio en materia de derechos a la libertad de expresión e información. El informe se divide en cinco ejes que trataron sobre transparencia y derecho a la información, derechos digitales, violencia contra la prensa, derecho a la verdad y la situación de las instituciones que garantizan derechos humanos. El panorama que presenta, con base en documentación y datos duros, es desolador.

El acceso a la información sufrió francos retrocesos. La mayoría parlamentaria en el Senado paralizó durante cinco meses al INAI, al omitir el nombramiento de tres personas comisionadas, situación que continúa hasta la fecha. En el sexenio del gobierno de Peña Nieto los sujetos obligados de la Administración Pública Federal recibieron 42,631 impugnaciones por sus negativas de brindar información, mientras que en el mismo lapso de tiempo, el actual gobierno recibió 82,147 (92% más).

Analizamos el caso del Programa Sembrando Vida como ejemplo de la ausencia de información básica en los Programas Sociales, como el presupuesto y la entrega de recursos públicos, así como las reglas de operación y los requisitos para las personas beneficiarias.

Otro caso estudiado tiene que ver con la información sobre la atención a la emergencia climática. Al analizar los desastres naturales como los huracanes Eta, Agatha y Otis se concluye que el derecho a la información no está plenamente garantizado en contextos de desastres naturales, cuando tendría que ser una prioridad para la población que pudiera verse afectada por esos fenómenos y así reducir su vulnerabilidad y las repercusiones en sus vidas.

En cuanto a la situación de periodistas y medios de comunicación, encontramos que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se registraron 3408 agresiones contra la prensa. Esta cifra equivale a un promedio de una agresión cada 14 horas en los últimos seis años, incluidos los asesinatos de al menos 46 periodistas y cuatro desaparecidos. El total representa un incremento del 62.13% en las agresiones contra la prensa en comparación con el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Destacan agresiones como campañas de desprestigio contra la prebsa, con 248 eventos, o actos de acoso judicial, con 158. Como correlato, la impunidad alcanza un 89% de los casos bajo investigación, lo cual se constituye como una invitación a agredir (y hasta matar) a la prensa.

En el ámbito digital observamos que a pesar de que en diciembre de 2018 se dijo que ya no había espionaje, la administración de AMLO continuó con la adquisición y operación de equipo espía de diversa gama y sofisticación. El hito más preocupante fue el expuesto por la investigación de “Ejército espía”, en la cual se detectó la utilización del sistema Pegasus contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas durante el sexenio actual.

De igual forma, el informe identificó un retroceso en el acceso de la población mexicana a dispositivos e internet. Las cifras más recientes muestran que solo 43.8% de los hogares cuentan con computadoras, situación preocupante al compararlo con el 44.9% reportado en 2015.En un contexto nacional donde impera la falta de servicios básicos, el derecho de acceso a internet se ha convertido en un privilegio para la población en situación de pobreza, pues el gasto para contar con este servicio representa el 8.6% de su ingreso mensual, convirtiéndolo en un privilegio que profundiza la desigualdad.

La garantía del derecho a la verdad, cuyo núcleo esencial es el derecho a la información, fue quizás la decepción más grande de este gobierno. El presidente se alejó de las víctimas, cuando no las denostó abiertamente.  A ello hay que sumar la terrible realidad de desapariciones que continúa en espiral ascendente. Del 1 de diciembre de 2018 hasta agosto de 2023 se registraron 44,073 personas desaparecidas, esto significa que más del 40% del total de las desapariciones reportadas desde 1965 ocurrieron durante el actual gobierno. En estos seis años, un promedio de 25 personas ha desaparecido cada día, y una cada hora.

A lo anterior hay que sumar la disolución de esfuerzos prometedores como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, el Centro Nacional de Identifiación Humana, la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa y la Comisión de la Verdad para Violaciones Graves a Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990. Esta última se mantiene viva porque las personas comisionadas que la integran han hecho han empujado con compromiso su trabajo pese a los obsáculos del Ejército para ingresar a los archivos de la época.

En este sentido, el eje de institucionalidad protectora de los derechos humanos da cuenta de una verdadera intención de ir debilitando organismos públicos creados para garantizar derechos de las víctimas y de la sociedad. Ya sea por franca cooptación (Comisión Nacional de los Derechos Humanos), parálisis (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas), ataques permanentes (INAI) o  ineficiencia (Fiscalía General de la República y fiscalías locales), las instituciones encargadas de velar por diversos derechos humanos han sido erosionadas para dar paso a una concentración de poder en el Ejecutivo. Ejemplo claro de esa erosión es que, durante el sexenio, el presupuesto de SEDENA fue 6 veces mayor al de todas las instituciones referidas.

En suma, la situación de los derechos humanos en general, y de los derechos a la libertad de expresión e información en particular, no solamente no mejoró, sino que empeoró. Por eso el informe de Artículo 19 pretende ser un diagnóstico que permita construir una hoja de ruta de cara al gobierno de Claudia Sheinbaum. Para ello, como primer paso, es importante restaurar puentes con las víctimas y abrir un diálogo honesto. Es urgente, antes de que este país se siga desgarrando por la violencia y la pérdida progresiva de derechos.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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