Hijas de víctimas de la Guerra Sucia lamentaron que el expresidente Luis Echeverría falleciera en la impunidad, pero principalmente que haya muerto sin revelar información que pudiera llevar al esclarecimiento de los crímenes cometidos en esa época.
Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).- El fallecimiento de Luis Echeverría Álvarez, Presidente de México de 1970 a 1976, elevó la exigencia de justicia que las víctimas de la Guerra Sucia en México han realizado por años, así como la petición al Estado mexicano a que el acceso a la verdad no sea sólo un acto más de simulación.
Hijas de víctimas directas de la Contrainsurgencia coincidieron en que el expresidente Echeverría falleció en la impunidad con información que podría llevar al esclarecimiento de los hechos y a encontrar a los desaparecidos políticos de ese entonces.
“Nos duele que se haya ido sin haber hablado y sin haber sido juzgado como debía de ser y por todo lo malo que hizo”, destacó Claudia Piedra Ibarra, integrante del Comité Eureka, hija de la activista Rosario Ibarra de Piedra y hermana de Jesús Piedra, miembro de la Liga Comunista 23 de Septiembre, quien fue capturado y desaparecido por la Dirección Federal de Seguridad en la década de 1970.
Para Alicia de los Ríos, quien lleva el mismo nombre de su madre, también integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre y desaparecida hace más de 44 años por los cuerpos de Contrainsurgencia del Estado mexicano, la muerte de Echeverría confirma que los esfuerzos para esclarecer uno de los periodos más negros de la historia: la Guerra Sucia, va a contrarreloj, debido al fallecimiento de diversos actores que fueron clave.
“La muerte de Echeverría nada más nos reafirma lo que hemos venido diciendo, que el tiempo ha sido como nuestro enemigo porque desaparecen testigos claves para el esclarecimiento histórico y para fincar responsabilidades penales”, destacó Alicia de los Ríos, activista, historiadora e integrante de la Comisión de la Verdad.
Micaela Cabañas, hija del maestro y guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, coincidió, en entrevista con Los Periodistas, que por 50 años los familiares de personas desaparecidas en la Guerra Sucia han luchado para demandar que los responsables sean enjuiciados y paguen por sus actos, sin embargo, dijo, los culpables han comenzado a morir sin haber sido juzgados.
“Hay mucho enojo, mucha impotencia porque nosotros hemos estado pidiendo durante muchos años que se haga justicia y que se judicialice ese genocidio […] No me hubiera gustado que se hubiera ido este señor sin haber dicho dónde estaban muchos de los desaparecidos, qué hizo con ellos y cuál fue su motivación para hacer tanto daño a la gente y a la población indefensa”, expresó Cabañas.
Luis Echeverría fue actor clave en las matanzas del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco y del 10 de junio de 1971, conocida como el “Halconazo”, ya que durante su sexenio se emprendió una persecución y represión en contra de los opositores del sistema, un pasaje histórico conocido como la Guerra Sucia.
Sin embargo, aunque la muerte del expresidente dejó un sabor amargo perpetuado por la impunidad en los crímenes, para algunas de las víctimas, como Alicia de los Ríos, hay un factor diferente: la condena y juicio social.
La historiadora destacó que la conciencia social permitió que el exmandatario no se fuera con honores, sino que por primera vez en el país un expresidente murió solo y con la condena social.
“A él si le llegó el juicio de la historia porque el nacionalismo con el que crecimos muchas generaciones ya no le alcanzó para arroparlo, es decir, el nacionalismo ya no es una receta para olvidarse de los graves crímenes que cometió”, comentó la activista en entrevista con SinEmbargo.
Claudia Piedra Ibarra coincidió, en entrevista con Los Periodistas, que Echeverría debe ser juzgado socialmente: “Claro que va a ser juzgado; va a ser juzgado post mortem, debe de ser así, si es que realmente se quiere acabar con la impunidad en este país”
En contraste, Micaela Cabañas condenó que Luis Echeverría recibiera honores por parte de algunos sectores sociales, principalmente políticos. La ahora activista destacó que quienes deben de recibir el reconocimiento son los luchadores sociales quienes trabajan en favor de la sociedad.
“No quiero que se les rinda honores a traidores ni a asesinos, yo preferiría que se les rindiera honores a los verdaderos luchadores sociales, a los verdaderos impulsores de los derechos humanos, porque entonces estaríamos perdidos, la juventud de ahora estaría perdida si pensamos que ellos fueron héroes y no, que fueron asesinos multitudinarios, asesinos de gente inocente, de gente que no la debía, entonces no puedo creer que se le rindan honores”, dijo.
Alicia, Claudia y Micaela coincidieron en que seguirán en lucha, con la demanda no sólo de justicia y aparición de las personas que siguen sin ser localizadas, sino también por el esclarecimiento de los crímenes:
“Nosotros no vamos aceptar que nos digan: ‘Ahí están. Los encontramos, ahí están sus huesos y aquí está el dinero de la reparación’. ¡No! A nosotros nos tienen que decir qué pasó con ellos, cómo se lo llevaron, dónde los tuvieron, quiénes los torturaron y qué pasó con ellos, porqué hicieron eso. Tampoco aceptamos decir que fue hasta 1990, porque las desapariciones vienen antes del 65 y continúan hasta la actualidad porque es una práctica sistemática de los aparatos represivos y muchos de los represores continúan dentro de este sistema político”, destacó Claudia Piedra.
“Ya pasaron muchos años y la justicia no llega. Los opresores y las personas a quienes pedimos que se judicialice se están yendo, al igual que se están yendo las personas que lucharon por una Patria nueva. Es doloroso para los familiares, pero yo creo que es más doloroso para el pueblo que no haya verdad y justicia a 50 años de este genocidio”, abundó Micaela Cabañas.
Echeverría, quien llegó al poder por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), afrontó juicios por genocidio por su papel en la masacre del 2 de octubre de 1968, cuando era Secretario de Gobernación del Presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) durante la matanza en Tlatelolco de más de 300 estudiantes, según cifras de organizaciones civiles, que protestaban contra el Gobierno.
Ya como mandatario se le responsabiliza del “halconazo” o la matanza del Jueves de Corpus del 10 de junio de 1971, cuando paramilitares organizados por el Gobierno, llamados “los halcones”, agredieron a estudiantes que se manifestaban y dejaron 17 muertos.
Pese al tiempo, se mantienen vivos los reclamos por los episodios de violencia de Echeverría, quien apareció en público por última vez en abril de 2021 para recibir su vacuna contra la COVID-19. El año pasado, al cumplirse 53 años de la masacre de estudiantes en Tlatelolco, líderes del Movimiento del 68 exigieron reabrir el proceso judicial contra el expresidente Luis Echeverría, quien el pasado 17 de enero cumplió 100 años y ya se encontraba delicado de salud.
¿HAY CONFIANZA EN LA COMISIÓN DE LA VERDAD?
El Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó en 2021 un decreto para crear una Comisión de la Verdad que investigue los abusos y violaciones graves a los derechos humanos de la Guerra Sucia. Fue el 6 de octubre del año anterior cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto con el que nació la Comisión que indagará sobre estos crímenes y abusos cometidos entre los años 1965 y 1990.
Sin embargo, desde su creación se generaron diversas críticas a la Comisión de la Verdad, principalmente por su integración, que incluye a funcionarios federales, y también por el poco tiempo que se le otorgó para investigar los hechos.
“Es una Comisión de la gubernamental, no es una Comisión de la Verdad independiente. Seis de los siete votos de esa comisión están en manos del Gobierno. No es una Comisión de la Verdad que se apegue a ningún estándar de ningún tipo. Las comisiones son integradas por personas independientes; hay algunas comisiones en las que se incluyen algunos funcionarios, pero en todo caso estas personas siempre son la minoría”, dijo en su momento a SinEmbargo, Jacobo Dayán, especialista en derecho internacional y en justicia transicional.
Al respecto, Claudia Piedra de Ibarra señaló que no existe la confianza absoluta en que la Comisión de la Verdad vaya a dar resultados o vaya a ser algo confiable en el tiempo que se le destinó para realizar las investigaciones.
“El mismo Subsecretario (Alejandro) Encinas ha dicho que los archivos constan de millones de hojas. Si uno se pone a analizar la situación, es imposible que, en dos años, qué es lo que le queda de tiempo a la Comisión, se pueda analizar el contenido de esas de esas hojas. Y no es nada más analizarlo, sino también el darle seguimiento a lo que ahí se describe y hacer las entrevistas con los responsables, con los que aún queden. Es imposible hacer todo eso”, dijo.
La activista también reprochó que en la conformación de la Comisión haya funcionarios.
“Nosotros creemos que tiene que estar fuera de la investigación el Gobierno. Tiene que ser una investigación independiente. No puede ser de ninguna forma hecha por una instancia gubernamental, porque aquí ya nos quedó claro que (el Gobierno) quiere limpiar la imagen del Ejército a como dé lugar y las Fuerzas Armadas, estuvieron involucradas. No va a ser una investigación real, completa e imparcial, si la Comisión no es independiente”.
En contraste, Micaela Cabañas dijo que, aunque es posible que la Comisión de la Verdad no vaya a tener el alcance deseado, sí tiene mucha esperanza en su trabajo porque conoce a varios de sus integrantes y sabe que ellos laboran para el pueblo.
“Tengo mucha confianza en las Comisión de la Verdad, porque ya se hizo un trabajo previo, ya se tienen activos, ya fuimos al Campo Militar, pero finalmente ya estuvimos ahí y vamos a seguir adelante. Hay que ser positivos en la vida y yo prefiero ser positiva”, dijo la hija de Lucia Cabañas.
La Comisión para el Acceso a la Verdad quedó integrada por el “titular de la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, quien la presidirá”; Marcelo Ebrard, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); por Rogelio Ramírez de la O, Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHyCP); Carlos Enrique Ruiz Abreu, Director del Archivo General de la Nación; Erick Javier Martín Salas, encargado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; y de Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Además de cinco expertos que fueron seleccionados con la “asesoría de técnica de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.
Eugenia Allier Montaño, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México; Abel Barrera Hernández, activista y antropólogo; David de Jesús Fernández Dávalos, activista; Aleida García Aguirre, historiadora, y Carlos A. Pérez Ricart, profesor e investigador del CIDE, son el equipo de especialistas seleccionados para esta Comisión que tiene el objetivo de que se haga justicia por 25 años en los que cuerpos policiales y militares torturaron, asesinaron y desaparecieron a cientos de personas, y que se repare a las víctimas por esos crímenes de Estado.
En la integración, cada uno de los funcionarios de Gobierno tendrá voz y voto, en tanto que los cinco especialistas conformarán, en su conjunto, sólo un voto, uno de los aspectos que ha generado crítica a la Comisión.
No es la primera vez que en México se hace un intento de “justicia transicional” o al menos de investigar los crímenes en el pasado. Durante el Gobierno de Vicente Fox Quesada (2000-2006) se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) la cual, ha sido considerada como un fracaso.
Alicia de los Ríos Merino ha explicado que las expectativas en esta ocasión son más acotadas que hace 20 años cuando se creó la FEMOSPP cuando pensaban que se iban a resolver todas las interrogantes sobre la Contrainsurgencia y el destino de las personas que fueron desaparecidas.
“Otra de las expectativas es que sí se logre reconocer a quienes participaron en los circuitos de la represión. Al tener otras fuentes documentales, esperamos que podamos reconocer o poder ubicar a otras personas que formaron parte de la Brigada Especial o que participaron cuando la desaparición forzada era utilizada como un método sistemático de represión. De la Brigada Especial muchos de ellos no han podido ser ubicables, y en ese sentido me parece que la comisión si va a poder ubicar a todos esos rema participantes que están fuera de nuestro radar”, explicó.
