Los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) coincidieron en que las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Gobierno federal en contra de los “blindajes” contra auditorías y acciones de justicia de los gobernadores de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, son un “paso en la dirección correcta”, pero es la solución a sólo a una parte del problema. Por esto exigieron que también se investigue a los priistas Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte por enriquecimiento ilícito y desvío de recursos.
Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).– Empresarios, partidos políticos y analistas calificaron como una señal positiva para el Estado de Derecho en México que la Procuraduría General de la República (PGR) presentara un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para bloquear las legislaciones en los estados de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, que blindaban a los gobernadores salientes y ex funcionarios de sus administraciones de enfrentar el enjuiciamiento por cargos relacionados con la corrupción; sin embargo, algunos analistas y empresarios vieron la acción del Gobierno federal como una esperanza “cautelosa” y exigieron que el fallo del Máximo Tribunal del país se dé antes de que concluyan las gubernaturas de los tres priistas.
Las reacciones surgieron luego de que ayer, en una conferencia de prensa, el Vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez Hernández, y el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Salvador Sandoval Silva, informaron que por instrucciones del Presidente Enrique Peña Nieto, la dependencia presentó ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad en contra de los congresos de Veracruz y Quintana Roo por sus reformas en materia de Anticorrupción y los “nombramientos a modo”.
Además, por la noche, la PGR dio a conocer que también promovió una acción de inconstitucionalidad en contra del Congreso de Chihuahua y del Gobernador César Duarte Jáquez por la creación de la Fiscalía Especializada Anticorrupción.
COPARMEX URGE EL FALLO DE LA SCJN
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) calificó como una señal positiva para el Estado de Derecho en México que el Gobierno federal haya presentado ante la SCJN las acciones de inconstitucionalidad contra los congresos de los estados de Veracruz y Quintana Roo, por las normas avaladas en esas entidades que considera violatorias de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción.
En un comunicado, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, señaló que “con ello se sienta un precedente en favor de la plena vigencia del Estado de Derecho y, sobre todo, de la lucha contra la corrupción y la impunidad.
“Para la Confederación Patronal de la República Mexicana esta decisión del Ejecutivo es una acción que le da sentido a los principios del Sistema Nacional Anticorrupción”, apuntó.
“Queda claro que ningún Gobernador saliente o en funciones está por encima del sistema de Justicia, la transparencia y la rendición de cuentas” añadió.
La organización patronal destacó que la SCJN deberá resolver dichas acciones de inconstitucionalidad en tiempo y forma y solicitó que éstas se lleven a cabo antes de que los gobernadores de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, dejen sus cargos.
También hizo un llamado a la Procuraduría General de la República (PGR) a no dejar impune ninguna acción de gobierno que vaya en contra del Estado de derecho.
“Hacemos un atento llamado a que dé seguimiento de manera puntual a las averiguaciones previas que haya en contra de estos mandatarios estatales”, expuso.
La Coparmex mencionó que espera la promulgación de las siete leyes que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción para que se puedan dar los procesos de federalización de dicho sistema en el país.
ESPERANZA CAUTELOSA, DICE EL IMCO
La corrupción fue un tema importante durante las campañas en los estados de Veracruz y Quintana Roo, así como en los estados fronterizos de Chihuahua y Tamaulipas, donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) también perdió en las elecciones de junio. Los gobernadores en cuestión han rechazado las acusaciones de irregularidades, sin embargo, diversas voces han hecho acusaciones en contra las administraciones de Javier Duarte y Roberto Borge, ambos miembros del partido del Presidente Peña Nieto.
Algunos defensores de la lucha contra la corrupción vieron la acción del gobierno con una esperanza cautelosa.
“El mensaje de las elecciones de junio de 5 es que la corrupción tiene un costo político enorme para el PRI”, dijo a The Wall Street Journal Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). “El presidente está reaccionando en consecuencia”.
“Es un buen primer paso. Por lo menos hay un contrapeso del Gobierno federal “, expresó Pardinas. “Pero lo que se debe seguir es una investigación criminal”, añadió.
Los estados de Veracruz, Tamaulipas y Quintana Roo siempre habían sido gobernados por el PRI, pero en las elecciones del 5 de junio pasaron a manos de la oposición.
SOLUCIONA SÓLO UNA PARTE DEL PROBLEMA: PAN
El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, dijo que las acciones de constitucionalidad son “un paso en la dirección correcta”, sin embargo consideró que esto es solución sólo a una parte del problema.
En entrevista con Radio Fórmula, Anaya Cortés precisó que la otra parte del problema son las acciones “que compromete las finanzas de la administración entrante” en Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua. El panista puso de ejemplo el caso en Chihuahua, donde el Congreso local aprobó un endeudamiento de 6 mil millones de pesos.
En tanto, en un comunicado, la dirigencia del Blanquiazul consideró también que pese a la presentación de acciones de inconstitucionalidad contra los “nombramientos a modo” en Quintana Roo y Veracruz, es necesario que los congresos locales desistan o den marcha atrás, según el caso, de otros nombramientos y reformas, que atentan contra la responsabilidad hacendaria y contra la Constitución.
Ricardo Anaya destacó que para que se evite que “malos gobernadores se salgan con la suya” no es suficiente con las acciones de inconstitucionalidad, sino que es necesario que los congresos locales desistan de aprobar nuevos paquetes de impunidad.
Esta mañana Anaya consideró que de asegurarse “un fiscal imparcial, absolutamente independiente del gobierno y de todos los partidos políticos; una gente con una trayectoria limpia, con una trayectoria honorable; entonces podremos empezar una nueva historia en nuestro país”.
PRD PIDE RENUNCIAS DE GOBERNADORES
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) consideró como insuficiente la acción de inconstitucionalidad que interpuso el Gobierno federal en contra de los gobernadores, por ello exigió que “ordene” que los gobernadores de Veracruz y de Quintana Roo “dejen sus cargos de manera inmediata”.
En comunicado, la dirigencia del Sol Azteca reconoció “la prevalencia de justicia mínima en la decisión del Presidente de la República”, sin embargo consideró que esto “no es suficiente ante las acciones que alteraran el cauce de la administración pública que emprendieron Javier Duarte Ochoa y Roberto Borge mandatarios estatales de ambas entidades”.
En este sentido, “el Comité Ejecutivo Nacional exige al Jefe del Ejecutivo Federal, vigile que en ambos estados se respete la legalidad y se dé paso a una transición pacífica, como muestra de civilidad política por parte del Gobierno Federal”.
También pidió que se investigue a los gobernadores de ambas entidades por enriquecimiento y desvíos de recursos.
“El PRD insistirá en que Duarte y Borge sean juzgados y encarcelados por saqueo, desastre financiero y administrativo en el que sumieron a los estados de Veracruz y Quintana Roo”, advirtió el partido.
Por otra parte, el Sol Azteca pidió que la “buena voluntad” de la PGR “no quede en una acción mediática y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalide a la brevedad y advierta que las entidades carecen de facultades para crear sistemas anticorrupción a modo que blinde y proteja a los Gobernadores”.
Finalmente confío en que la SCJN dé celeridad al tema y dicte sentencias antes de que termine el mandato de los gobernadores y que evite que “el juicio se resuelva hasta 2017”.
