La PGR presentó ayer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra de los congresos de Veracruz y Quintana Roo por sus reformas en materia de Anticorrupción y los “nombramientos a modo”. Posteriormente, entregó una acción de inconstitucionalidad en contra del Congreso y del Gobernador de Chihuahua, "luego de emitir la Reforma para la creación de la Fiscalía Especializada Anticorrupción en dicha entidad, sin esperar para tal efecto la publicación de las leyes generales que establecen el Sistema Nacional Anticorrupción”.
Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).- La Procuraduría General de la República (PGR) informó que interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra del Congreso de Chihuahua y del Gobernador César Duarte Jáquez por la creación de la Fiscalía Especializada Anticorrupción.
Con ello, la Procuraduría impugnó la creación de la Fiscalía Especializada de esa entidad y el eventual nombramiento de su titular.
El anuncio se dio ayer por la noche, luego de que horas antes en una conferencia de prensa el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, y el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Salvador Sandoval, informaron que por instrucciones del Presidente Enrique Peña Nieto la PGR presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de los congresos de Veracruz y Quintana Roo por sus reformas en materia de Anticorrupción y los “nombramientos a modo”.
Posteriormente, en un comunicado, la PGR informó que ayer “presentó ante la SCJN, una acción de inconstitucionalidad en contra del Congreso y del Gobernador de Chihuahua, luego de emitir la Reforma para la creación de la Fiscalía Especializada Anticorrupción en dicha entidad, sin esperar para tal efecto la publicación de las leyes generales que establecen el Sistema Nacional Anticorrupción”.
Detalló que luego de haber terminado el análisis de las reformas realizadas por el Congreso de esa entidad, la PGR “detectó que estas contienen vicios legales, los cuales no son acordes al sentido y el fin de la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015”.
Por ello, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 105, fracción II, inciso c) de la Constitución, se presentó la acción de inconstitucionalidad con el objetivo de que el Máximo Tribunal del país lleve a cabo una revisión a la reforma de Chihuahua “con base en los principios y reglas de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción”.
La administración de César Duarte Jáquez pasará a ser una de las más cuestionadas por el derroche, la opacidad y la corrupción. Durante su sexenio se hizo de un banco, que de acuerdo con denuncias, fue posible gracias a un subsidio público. El priista dejará la gubernatura con una deuda de 42 mil 762.1 millones de pesos, lo que la coloca como la segunda entidad más endeudada del país, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin embargo, el Gobernador electo Javier Corral Jurado, aseguró que esta cifra aumenta hasta los 50 mil 700 millones de pesos debido a los adeudos con diversos proveedores del estado.
El jueves pasado, el Gobernador electo de la entidad, Javier Corral Jurado, acompañado por el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, denunciaron que los actuales mandatarios Javier Duarte de Ochoa en Veracruz y César Duarte en Chihuahua están comprometiendo el futuro de los habitantes y las finanzas de ambas entidades con la contratación de nuevos adeudos y con el blindaje que buscan asegurarse.
El Gobernador electo de Chihuahua Javier Corral acusó que el nuevo endeudamiento que aprobaron el pasado miércoles los diputados del Congreso de Chihuahua, en su mayorías priistas, por 6 mil millones de pesos “compromete el futuro de los chihuahuenses y es además una decisión irresponsable del gobierno de César Duarte que empeña aún más las finanzas públicas de Chihuahua”.
El pasado 6 de julio, el Congreso de Chihuahua aprobó la nueva deuda con 23 votos a favor, ocho en contra y dos ausencias.
Los diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC) y Nueva Alianza (Panal) argumentaron que no se trataba de contratar más deuda pública sino de aprovechar los recursos por adelantado.
El Gobernador César Duarte también se ha posicionado en el mismo sentido al asegurar que su administración gestionó con el Gobierno federal este esquema de bursatilización de recursos y por lo que le correspondería darle uso.
Sin embargo, Corral Jurado declaró que este nuevo endeudamiento es para pagar los excesos, abusos, el despilfarro, el dispendio y la corrupción que se encuentra en una lista de proveedores.
Por ello, hizo un llamado a la Secretaría de Hacienda para que no avale el nuevo endeudamiento, e hizo una advertencia a las instituciones financieras que buscan participar en la burstilización a que piensen en las consecuencias.
