En medio del conflicto magisterial que sostiene el Gobierno federal con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la administración del Presidente Enrique Peña Nieto muestra su cara más débil. Una larga suma de errores políticos y la falta de voluntad por el diálogo han colocado al mandatario en una posición difícil, que lo sitúa en los más bajos niveles de popularidad de que se tenga registro, coinciden especialistas. Con rebelión incluso de gobernadores del tricolor, movimientos sociales por diversas partes del país, crisis económica y desempleo, aumento de la pobreza y la desigualdad, entre otros problemas, el 2018 se acerca y esa contienda política para el PRI, el partido del Presidente, se vislumbra cada vez más complicada.
Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).– En un intento por solucionar conflictos que han generado un fuerte malestar social, el Gobierno federal decidió ayer actuar sobre lo que aún se encuentra en sus manos: impedir que las leyes en materia anticorrupción –aprobadas por congresos locales– blinden a los gobernadores priistas Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge Angulo de ser investigados en el futuro. En el marco de una crisis económica, movilizaciones sociales por diversas partes del país y un reciente repunte de la inseguridad y la violencia, el Presidente Enrique Peña Nieto decidió vetar los paquetes anticorrupción propuestos por los mandatarios de Veracruz y Quintana Roo.
Ayer lunes, la Procuraduría General de la República (PGR) interpuso las acciones de inconstitucionalidad correspondientes para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la instancia que determine si procede el veto. El hartazgo de la corrupción generó un revuelo que obligó al Partido Revoluciona Institucional (PRI) a actuar en contra de dos mandatarios del mismo partido, opinaron expertos.
“Creo que es una decisión que el Gobierno federal tenía que tomar: echar atrás estas propuestas claramente faraónicas de los gobernadores de dejar su Fiscal [Anticorrupción] durante cinco años para tener una defensa a modo. Y lo hace porque es uno de los fuegos que sí puede apagar, de cara a tener el mejor de los escenarios frente a una sucesión presidencial muy adelantada en los tiempos”, consideró Marco Arellano Toledo, profesor del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En las últimas elecciones intermedias, el PRI perdió su hegemonía de casi 80 años de Gobierno tanto en Veracruz como Quintana Roo. De inmediato, los candidatos electos Miguel Ángel Yunes Linares y Carlos Joaquín González, que ganaron con la coalición formada por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), anunciaron que realizarían investigaciones en contra de los aún gobernadores priístas.
Esa es la auditoría que Duarte y Borge buscaron evitar con propuestas anticorrupción enviadas a sus congresos locales, y que finalmente Peña Nieto propone vetar por considerar que estos estados no podían iniciar a legislar sobre anticorrupción, ya que el Sistema Nacional Anticorrupción recién avalado en el Congreso de la Unión no ha empezado a funcionar.
Sin embargo, el anuncio hecho por el vocero presidencial, Eduardo Sánchez Hernández, y el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacional de la PGR, Salvador Sandoval Silva, es apenas un débil esfuerzo por el combate a la corrupción, consideró Ricardo Espinoza Toledo, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana.
“Este es un gobierno que no combate la corrupción, que no ha mejorado las condiciones de vida de la gente, que piensa que la publicidad sustituye a la realidad. Y en esas condiciones se ha visto obligado a dar un paso así sea tímido para por lo menos ofrecer la imagen de que quiere combatir situaciones extremas de corrupción. Y en este caso hay un dato contundente que son las derrotas electorales en esos estados”, dijo Espinoza.
En el caso de Veracruz, el Gobierno estatal promulgó hace unas semanas la Reforma Constitucional local en materia Anticorrupción y en la que se retira el fuero al próximo Gobernador, a sus secretarios y a los presidentes municipales. La reforma también preveía la creación del Fiscal Anticorrupción, que duraría cinco años en el cargo –es decir, sería transexenal–, y del Contralor General, mismo que serían designados por el Congreso veracruzano, controlado aún por el PRI y sus partidos satélites locales.
En el caso de Quintana Roo, el Gobernador Roberto Borge Angulo impulsó la elección de Javier Félix Zetina González –un priista cercano a él– como el nuevo titular de la Auditoría Superior del estado; así como la creación de un Fiscal que sustituya al actual Procurador de Justicia y a tres magistrados del Tribunal Superior. Propuesta finalmente apoyada por el Congreso estatal.
Mientras Duarte de Ochoa dio marcha atrás de sus intenciones después de la decisión presidencial, Borge no lo hizo. En un tuit el Gobernador de Quintana Roo dijo: “Somos respetuosos del recurso promovido por la PGR y acataremos cualquier decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. Es decir, no se retractó de los nombramientos “a modo”.
CONFLICTOS SOCIALES
Esta tarde los representantes del Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tenían prevista una nueva reunión con el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong para buscar soluciones al conflicto magisterial.
“Más allá de la inestabilidad, hay una debilidad [dentro del Gobierno]. Hay asuntos que aparentemente no están asociados al conflicto magisterial pero que gravitan sobre él. Si este gobierno hubiera resuelto adecuadamente el escándalo de la Casa Blanca, una respuesta más satisfactoria ante la desaparición de los 43 normalistas, pues este Gobierno no tendría los bajos niveles de aprobación que actualmente tiene, y podría negociar mejor la Reforma Educativa”, consideró Nicolás Loza, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Los maestros de la CNTE han expuesto sobre la mesa de diálogo iniciada desde el 22 de junio su rechazo a la Reforma por considerarla administrativa y no educativa. Entretanto, la toma de carreteras no se ha detenido, este día en Oaxaca y Veracruz. Lo que ha puesto en jaque a las autoridades, que han sido incapaces de mediar para llegar a una solución.
El Presidente Enrique Peña Nieto cuenta con los niveles más bajos de aprobación durante su gestión. Hace unos días la encuesta de El Universal reflejó que a diferencia del primer trimestre del año en el que el 56 por ciento de la población reprobaba la actual gestión, para julio el indicador ascendía a 63 por ciento.
Por su parte, el mes pasado una encuesta de la empresa Grupo de Economistas y Asociados, junto con Investigaciones Sociales Aplicas, reportaron que los niveles de aprobación del Presidente oscilaban en 35 por ciento, nueve puntos menos que en el primer trimestre del año.
“El problema es que el Presidente tiene el nivel de aprobación más bajo de la historia de los presidentes en México, y por otro lado tiene el respaldo electoral más bajo en la historia del propio PRI, y eso es inevitable para tener en cuenta en un contexto de debilidad”, dijo Loza.
De acuerdo con el investigador, los hechos suscitados el 19 de junio cuando al menos nueve personas fueron asesinadas por fuerzas policiales en el municipio de Nochixtlán, Oaxaca, reavivaron un conflicto en el que el Gobierno dejó de tener el control.
“Eso dio un giro radical en un equilibrio que era muy delicado. El Gobierno estaba caminando sobre el filo de la navaja, y no tenía mucha conciencia de eso. Hasta antes de Nochixtlán el Gobierno federal estaba cercano a algunos grupos de la CNTE, tenía bajo control al CNTE, estaba debilitando la oposición. Todo eso cambió”, dijo Loza.
LISTA DE PENDIENTES
Osorio Chong no sólo está obligado a atender a los maestros, sino a otras causas sociales que no han encontrado justicia y a desarrollar estrategias de seguridad. Una lista de pendientes que parece amplia para una sola institución.
A los problemas magisteriales se sumaron las investigaciones fallidas sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014, por parte de la PGR, y que ahora buscan un mecanismo de supervisión en la Segob.
Hace cuatro días los padres de los 43 normalistas protestaron frente a la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Segob. Más tarde recibidos por Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de esa última dependencia, discutieron los pormenores del mecanismo con el que se dará seguimiento a la investigación sobre lo ocurrido en Iguala en 2014.
Éste deberá estar basado en la investigación y recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) durante su etapa de coadyuvancia en México, que finalizó en abril.
“Es cierto que este Presidente tiene muchos frentes abiertos, derivados de la falta de voluntad para sacar los problemas como corresponden; pero también por el hecho de que este Gobierno tiene una concepción errada de lo que es la política. Y la combinación de ambas cosas está haciendo que crezcan las movilizaciones”, dijo Espinoza.
Por otra parte, conflictos por las tierras se han dado sobre todo en el Estado de México. Donde las construcciones del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México han vuelto a generar tensión con los ejidatarios de San Salvador Atenco después de la tragedia ocurrida en el 2006.
El 4 de mayo los pobladores se reunieron en el Paseo de la Reforma para conmemorar 10 años de los hechos. Los presentes pidieron libertad para los presos políticos. De acuerdo con el comité Nestora Libre, al menos 500 defensores locales han sido encarcelados por motivos políticos en todo el país.
En cuanto a la seguridad se refiere este Gobierno pasa por un momento de crisis. La actual administración del Presidente Enrique Peña Nieto se ha visto asediada por las cifras de homicidios. En 28 meses se han registrado 76 mil asesinatos en el país.
Tan solo este fin de semana dos familias fueron masacradas en Ciudad Victoria Tamaulipas, dejando así a un saldo de 14 víctimas. La organización civil Semáforo Delictivo ha sostenido que de cada 10 ejecuciones, seis son responsabilidad del narcotráfico.
De acuerdo con el profesor de la Universidad Iberoamericana Erubiel Tirado Cervantes las estrategias de seguridad del Gobierno de Peña Nieto han sido cortoplacistas.
“De ahí que tengamos ahora este resurgimiento de violencia que se puede ver en reacomodos de grupos criminales y de influencia. Pero sea cual sea las políticas de fondo, podemos ver que las políticas de seguridad de Peña Nieto han sido diversas y poco efectivas. Calderón [Felipe Calderón Hinojosa] nos dijo que eran 36 cabezas [del narco] que había eliminar. Y Peña Nieto la lista la elevó a más de cien personas. Pero eso no necesariamente nos lleva a la desarticulación de los cárteles de la droga, dentro y fuera del gobierno. Es simplemente cumplir una meta de captura de capos no necesariamente lleva a la solución del problema de fondo”, explicó Tirado Cervantes en entrevista.
UN 2018 NEBULOSO
Expertos consultados coincidieron en que a la administración de Enrique Peña Nieto se encuentra en una lucha por la permanencia en el poder de su partido hacia el 2018, pero la mala gestión de sus gobernadores se ha vuelto su principal obstáculo.
“Hay la percepción de que el 2018 se le está yendo al PRI en razón de sus malos gobiernos. Y esa opinión no es sólo la de los académicos o de los militantes de otros partidos opuestos al PRI, sino de los propios priistas y fue el tono de renuncia de Manlio Fabio Beltrones”, consideró Espinoza.
Este lunes, Enrique Ochoa Reza, ex director de la CFE, presentó su registro ante la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI para postularse a la dirigencia del partido. “La llegada de Ochoa no es algo que convoque a la unidad, no es una figura que sea reconocida y respetada dentro del priismo, sino que para esto es la restauración de las prácticas más rancias del priismo, donde el Presidente designa al sucesor”, dijo Espinoza.
Marco Arellano consideró que la división dentro del PRI se debe a que el partido no contó con una transformación durante los 12 años que no estuvo en el poder. Allegado a Peña Nieto, Ochoa sería la persona de llevar al partido tricolor a buen termino en el 2018. “Ahora se vive una dualidad entre el viejo PRI con un presidente autoritario y el nuevo PRI con un presidente que queriendo ser autoritario no puede. Una lucha entre la vieja guardia con la nueva élite corrupta, y que es advenediza, es decir, principiante. Esto se refleja en la salida de Manlio Fabio y la llegada de Ochoa”, detalló.
Por su parte, el Gobierno aún deberá lidiar con una serie de vicisitudes para cambiar su imagen. La mejor forma: incluir a los actores sociales en las políticas públicas, dijo el profesor de la UNAM. Mientras no suceda la entrega de mando se antoja lejos para que lleguen los cambios a la ciudadanía.
“Necesitaríamos que realmente pasaran cosas en el ámbito público, de la seguridad, corrupción y esos temas que pareciera que están produciendo insatisfacción dentro de los ciudadanos. se ve muy difícil que sucedan. Si tuviera que apostar yo diría que no van a suceder, pero creo que pudieran haber decisiones inteligentes. Por ejemplo, cuando Peña, en particular, toma la presidencia nos sorprendió con el pacto por México”, dijo Loza, por su parte.
