Justo cuando estamos cruzando la mitad del año –un año perdido en más de un sentido– la clase política, desde el Presidente de la República hasta el edil más humilde de cualquier ayuntamiento del país, ya tienen la cabeza puesta en las elecciones intermedias del 2021.

En medio de la pandemia, incontenible, por cierto, al Presidente se le quemaban las habas por salir de gira para poner en marcha sus obras emblemáticas en el sureste del país, las cuales serán ondeadas como banderas políticas. Y es que en la contienda más importante, la del 2021, todo cuenta porque todo, absolutamente todo, juega un rol político.

Y es que lo se juega en el 2021 no es cualquier cosa. Se renovará el Congreso de la Unión con sus 300 diputados y quince gubernaturas. En veintiocho estados se elegirán presidentes municipales y en igual número de entidades también serán electos diputados locales. Todo ello conforma una estructura política y de poder que será clave, vital, digamos, para las elecciones presidenciales del 2024.

Aunque el ambiente político ya se venía calentando en el país, a pesar de la crisis generada por el coronavirus, el estado de Baja California dio el banderazo de arranque de la contienda política del 2021 cuando, el 11 de mayo último, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió su fallo respecto de la llamada Ley Bonilla.

El veredicto puso fin a una larga lucha jurídica y política en Baja California al determinarse que el Gobierno de Jaime Bonilla Valdez será de dos años y no de cinco, como se había operado, a través de sucias maniobras, ante el Congreso local y los tribunales de aquella entidad.

De esta forma, Baja California abrió la lucha política porque, de inmediato, empezaron a surgir los nombres de políticos que aspiran y suspiran por suplir, el próximo año, a Jaime Bonilla, quien se quedó con las ganas de mantenerse en la silla por más tiempo. Y es que ni bien acaba de llegar cuando ya se tiene que ir.

En Baja California hay muchos tiradores, algunos con negros antecedentes, como Jorge Hank Rhon, quien prepara una alianza de partidos para lanzarse. Pero su historial no le acompaña. Además del fuerte tufo a crimen organizado hizo muy mal papel como Alcalde.

Sin embargo, es de destacarse, por ejemplo, el trabajo impecable que viene realizando Arturo González Cruz en la presidencia municipal de Tijuana, el territorio más grande del estado y uno de los complicados debido a su población flotante, a los problemas sociales y a la inseguridad que, por años, ha imperado en ese municipio.

Sin embargo, González Cruz trabaja con toda transparencia, dedicación y, para muchos, es el candidato natural de Morena a la gubernatura de Baja California, aunque precisamente por sus logros ahora tenga roses con el mandatario Jaime Bonilla.

Tijuanense de nacimiento (1954), González Cruz tiene una historia forjada en la izquierda, ya que en 2006 fue candidato a Senador por el PRD y formó parte de aquel cuadro político que acompañó a Andrés Manuel López Obrador en aquella primera contienda en la que buscó la Presidencia de la República. Desde entonces se conocen y tienen una estrecha amistad.

Para ser Alcalde de Tijuana, González Cruz se enfrentó a una maquinaria potente y no menos perversa, entre otros, al panista Juan Manuel Gastélum Buenrostro –un corruptazo ahora metido en problemas por desvíos del erario público y negocios chuecos–, así como a Julián Leyzaola Pérez, exsecretario de Seguridad Pública de Chihuahua y Tijuana, respectivamente, quien ondeó la bandera de haber derrotado al narcotráfico en ambos territorios.

A pesar de la guerra sucia que se desató en contra de González Cruz, el abanderado de Morena ganó las elecciones en Tijuana con una votación abrumadora: obtuvo 152 mil 633 sufragios, equivalentes al 42.45 por ciento. Su triunfo fue inobjetable.

Al asumir el cargo, González Cruz cambió la forma de hacer política. Abrió las puertas del palacio. Su primera acción fue retirar las barreras de entrada de las oficinas de la Presidencia, un signo de la libertad y del ejercicio político abierto y transparente.

Además, ordenó quitar las cortinas metálicas que el anterior Alcalde, Juan Manuel Gastélum –quien gobernaba amurallado– había colocado en las puertas del Palacio Municipal y que, cuando se cerraban, se reforzaban con otro muralla humana conformada por policías fuertemente armados. Aquello, en realidad, era un búnker de capos durante el Gobierno del PAN.

El actual Alcalde de Tijuana tiene una larga carrera en el sector empresarial: fue presidente de la Cámara de Comercio de Tijuana y en 2001 fue nombrado presidente nacional de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo (Concanaco). Desde esa posición, se opuso imponer el IVA a las medicinas y alimentos.

Como Alcalde tiene una intensa labor. Todos los días acude a eventos, atiende demandas, resuelve problemas y trabaja hasta los sábados en sus Jornadas de Bienestar y al arrancar la semana empieza con los famosos Lunes Tijuanenses. En resumen, González Cruz le devolvió a Tijuana el espíritu de servicio, el cual estaba completamente todo. Por eso el PAN enfrentó su más profunda debacle en todo el estado de Baja California.

El periodo gubernamental de González Cruz termina en el 2021 debido a la disposición de los legisladores de emparejar las elecciones con la contienda del año próximo, donde se elegirán, además del Gobernador, nuevos alcaldes en todo el estado.

González Cruz le cambió el rostro a Tijuana en pocos meses. Incrementó el salario de los bomberos, olvidado durante 14 años y, además, construyó la primera clínica veterinaria gratuita del noreste del país, donde se atienden perros y gatos domésticos e incluso animales callejeros. Todo ello, sin embargo, en medio de una política de austeridad.

Ahora que la crisis económica golpeó fuerte debido al coronavirus, dispuso de apoyos para las pequeñas y medianas empresas, otorgó plazos para el pago de algunos impuestos y así, paso a paso, González Cruz construye su camino hacia la gubernatura porque de que quiere, quiere.

Aunque también se barajan otros nombres, aunque con menores posibilidades. Es el caso de María del Pilar Ávila Olmeda, Alcaldesa de Mexicali. Su principal impulsor es el coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado. Su asesor central es Fernando Castro Trenti, un priista que fue fallido aspirante a la gubernatura de Baja California.

Otro que suspira es Jesús Alejandro Ruiz Uribe, delegado único de Programas Federales en Baja California. Él asegura ser amigo del Gobernador Jaime Bonilla y del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es impensable, pero es real: otro aspirante que, se asegura, se prepara para jugar por la gubernatura es Jorge Hank Rhon, exalcalde de Tijuana y excandidato a la gubernatura. Expresidiario por tráfico de especies exóticas y por acopio de armas –en ambos casos salió libre– Hank Rhon fue un Alcalde controvertido. El Gobierno federal le desarmó a la policía de Tijuana porque ya era un descaro como protegían al narcotráfico. Ahora resulta que quiere ser candidato y prepara –se asegura– una coalición de partidos para competir.

También se apunta Jorge Ramos Hernández, exalcalde de Tijuana. Dicen que es la mejor opción que dispone el PAN, pero su partido tiene un historial verdaderamente negro debido a la corrupción y a la impunidad que, en el sexenio anterior, prohijó el entonces Gobernador Kiko Vega y sus secuaces.

Otro que quiere es Jaime Martínez Veloz, quien se ha colocado como el principal crítico de Jaime Bonilla. Quiso ser Alcalde de Tijuana, pero Morena no lo avaló. Ahora busca por el PRD otra oportunidad.

Quien parece que pinta como un buen gallo es Guillermo Ruiz Hernández, el Fiscal General de Baja California. El ondea la bandera de la justicia porque tuvo el tamaño de catearle la residencia al exgobernador Kiko Vega. Presume ser amigo de la infancia de Jaime Bonilla. A esta larga lista también se suma Mario Escobedo Carignan, Secretario de Economía Sustentable y Turismo.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ya empezó su campaña, primero con el arranque del Tren Maya –una de sus obras importantes– y después atizando la higuera con el descubrimiento de un manifiesto que da cuenta de un Bloque Amplio Opositor (BOA) que da cuenta de una estrategia, presuntamente orquestada por la derecha, para derrocar al régimen de López Obrador. La estrategia plantea ganarle las gubernaturas y el Congreso a Morena el año entrante, luego, en el 2022, revocar el mandato del Presidente. Y para ello, llama a la sociedad a centrar sus críticas y cuestionamientos en dos puntos flacos del régimen: la economía y la inseguridad pública.

Aunque el documento –que se asegura llegó a Palacio Nacional de manera clandestina– no tiene signatarios, el Presidente lo avala como un texto que contiene una clara intención política para golpear a su Gobierno.

Pero al mismo tiempo que criticó el contenido del documento firmado por el BOA arrancó la campaña política. Hasta parece un pretexto para soltar a los búfalos en estampida.

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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