En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil el Coneval informó que, hasta 2015, 2.5 millones de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años trabajó. De ellas, el 12.4 por ciento trabajó más de 48 horas a la semana y el 89.6 por ciento realizó labores no permitidas que afectan su salud y su desarrollo, como trabajar en labores nocturnas, industriales, de construcción o que les expuso a químicos o residuos peligrosos.
Hasta 2017, el 57.5 por ciento de los menores de edad que trabajaron lo hicieron para un familiar, el 38.5 por ciento para alguien que no es de su familia y el 4 por ciento trabaja solo o por su cuenta, destacó el Inegi.
Ciudad de México, 12 de junio (SinEmbargo).- Hasta 2015, 1.3 millones de niñas y niños realizaron ocupaciones peligrosas, como labores nocturnas, industriales, de construcción o con exposición a químicos o residuos peligrosos, según datos del Módulo de Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
El 89.6 por ciento de los menores de edad -de entre 5 y 17 años- que trabajaron en México, en ese año, realizaron labores no permitidas que afectan su salud y su desarrollo, concluyó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemora este miércoles, el Consejo destacó que el trabajo infantil viola los derechos de niñas y niños pues puede afectar el acceso y permanencia a la educación, además de ser una limitante para el acceso a una vida en condiciones de bienestar y de sano desarrollo con descanso y esparcimiento para los menores.
En el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018 del Coneval observó que, en en 2015, 2.5 millones de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años trabajaban, lo que significó el a 8.4 por ciento de toda esa población.
En 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) censaba que 3.2 millones de niñas y niños de 5 a 17 años trabajaron para ayudar con los gastos familiares, lo que representó el 11 por ciento de la población, siendo 62.7 por ciento hombres y 37.3 por ciento mujeres.
Las jornadas laborales de los menores que trabajan fueron, en 12.4 por ciento de los casos, de más de 48 horas semanales y para el 27.6 por ciento de 14 horas a la semana, en 2015, por lo que las labores consideradas “ligeras”también representaron un riesgo para el desarrollo infantil, de acuerdo con la Organización Mundial del Trabajo, debido al tiempo que conlleva la realización de estas actividades.
Uno de los derechos de la infancia es el acceso a la educación, pero para las niñas y niños que trabajan este no ha sido cumplido. En 2015, 4 de cada 10 infantes que trabajaron no asistieron a la escuela (37 por ciento). Dos años más tarde el Inegi observó que por género la inasistencia escolar fue casi similar para los menores que están empleados, siendo de 39.3 por ciento para niños y 31.6 por ciento en niñas.
Datos del Inegi mostraron que, hasta 2017, el 57.5 por ciento de los menores de edad que trabajaron lo hicieron para un familiar; el 38.5 por ciento para alguien que no es de su familia y el 4 por ciento trabaja solo o por su cuenta.
En ese año, el Módulo de Trabajo Infantil del Inegi recabó que 6.4 por ciento de los menores ocupados realizó alguna ocupación no permitida, 4 por ciento sólo se dedicó a realizar quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas y 0.7 por ciento combinó ambas formas de trabajo.
Nayarit fue la entidad con mayor tasa de trabajo infantil con 19.7 por ciento, mientras que en Querétaro se observó la tasa más baja con 5.3 por ciento, en ese mismo periodo.
El Coneval recomendó que para erradicar el trabajo infantil se le debe visibilizar y aceptar que los menores que trabajan viven mayor desprotección que las personas adultas. Además lo observó como una limitante para el desarrollo social en general.
De los esfuerzos para combatirlo, el Coneval destacó que en 2011 el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformada para integrar el interés superior de la niñez, que es el “derecho de las niñas y los niños a ser considerados prioridad en las decisiones que puedan afectarlos”.
A esta modificación se sumó una más en 2014, cuando se promulgó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que sentó una base mínima de derechos a los que se les debe garantizar el acceso.
