Hace poco más de 5 años un grupo de organizaciones de la sociedad civil iniciamos nuestra participación en la Alianza para el Gobierno Abierto. A decir verdad, poca información había sobre esta iniciativa multilateral.  Sabíamos que proponía un nuevo modelo de gobernanza o de relación entre sociedad civil y gobierno y que México era uno de los ocho países fundadores.

Sin embargo, en ese momento, el gobierno había presentado un plan de acción que carecía de participación ciudadana y parecía estar muy lejos de los principios y valores que la misma Alianza promovía. Así, las organizaciones de transparencia  -igualando esta palabra con el término “abierto”- decidimos presentar una serie de propuestas para la publicidad de información que, hasta ese momento, era imposible conocer.

Sin duda, nuestras propuestas también estaban lejos de cumplir con las expectativas de la Alianza: cambiar la vida de las personas. La premura y la falta de profundidad sobre los objetivos, nos hicieron demandar lo que, desde nuestros ojos, era información necesaria para tomar mejores decisiones. A esto se le llamó el “plan de acción ampliado”.  Gracias al trabajo conjunto en este plan, se empezó a publicar por ejemplo, la estadística de FEADLE y el detalle del gasto en comunicación social del gobierno federal. Antes teníamos que iniciar un juicio de amparo para acceder a este tipo de información.

En ese proceso, ambas partes, gobierno y sociedad civil, aprendimos a dialogar –claro, cada uno con sus posiciones- y aunque los resultados fueron mediocres, reconocimos que podrían ser diferentes al cambiar la metodología de propuestas, de seguimiento y monitoreo.  De esta manera, tras una serie de mesas de trabajo logramos un segundo plan de acción que para bien o para mal era mucho más ambicioso que el primero y cuyos compromisos se cumplieron casi cabalmente. Con este plan, se publicaron de manera ordenada los padrones de beneficiarios de los programas sociales de la Cruzada Nacional contra el Hambre; la planeación y ejecución de obras de infraestructura y obra pública; el proceso de consultas públicas de proyectos de impacto ambiental vigentes y se creó un sistema de consulta de detenidos[1]. En este periódo, la Alianza funcionó como mecanismo de presión y de diálogo para promover la Ley General de Transparencia[2].

Para lograr esto en un país tan cerrado y, en ocasiones, con funcionarios tan incapaces de reconocerse como iguales, tuvimos que dialogar decenas de horas, discutir y pelear. La relación se enrareció en momentos y aunque hablemos de un diálogo entre “pares” lo cierto es que en un contexto de graves violaciones a derechos humanos, tu par puede ser un sujeto de cuidado.

El estire y afloje para el cumplimiento de este segundo plan, los alcances de los resultados en relación con el trabajo invertido, el desgaste en las negociaciones con las distintas partes en el gobierno federal entre muchas lecciones aprendidas, nos llevaron a buscar en el tercer plan de acción siete compromisos vinculados a la Agenda de Desarrollo del Milenio que derivaran de una amplia consulta de la sociedad civil, de la definición de problemas públicos bien identificados y de líneas de acción para atacarlos. También buscamos la participación del legislativo y el judicial[3].

Este nuevo plan incluyó la participación de más de 300 actores que, en diversos momentos y a través de mesas de trabajo, concluyeron en una serie de líneas de acción para: 1) diseñar e iniciar la ejecución de una ruta de acción para la política pública nacional en materia de desaparición forzada y por particulares, 2) impulsar la corresponsabilidad social en los trabajos de cuidados, a través de la articulación de políticas, infraestructura y servicios en esta materia, 3) contar con un registro único y accesible de la población potencial y de la población atendida de los programas de desarrollo social, 4) incluir mecanismos de participación ciudadana sustantiva en los procesos de designación que establece el Sistema Nacional Anticorrupción, 5) reducir la vulnerabilidad y riesgos asociados a la variabilidad y al cambio climático, 6) fortalecer las acciones de promoción a la salud dirigidas al reconocimiento de la obesidad y, 7) medir el consumo de agua y descargas tanto en volumen como en calidad, así como promover su rehusó, la descarga cero de los grandes consumidores y supervisar su tratamiento.

Sin duda, los resultados del plan eran muy ambiciosos y requerían redoblar el esfuerzo desde sociedad civil y, por lo tanto, la voluntad política para su cumplimiento. No obstante, poco a poco y sin más justificaciones del gobierno federal, cada una de las líneas de acciones se fueron descafeinando en los planes de trabajo[4].

Desde sociedad civil siempre estuvimos conscientes del camino sinuoso que significaba hablar de apertura en un país como el nuestro, en el que matan a periodistas y el espacio cívico se cierra poco a poco, donde no hay sanciones sino premios para la corrupción y donde la impunidad esta garantizada.  Era una apuesta de muy largo plazo y también, una más de las formas de incidir en una agenda que requiere repensar la forma en la que participamos.

Sin embargo, a la par de los diálogos en torno a los planes de trabajo, el periódico The New York Times reveló que entidades gubernamentales -como aquellas que se sentaban en la mesa para discutir el plan- espiaron a dos defensores del derecho a la salud en su promoción por los impuestos a las bebidas azucaradas[5]. Ellos, además, participaron en la construcción del tercer plan de acción en el compromiso relacionado con el ataque a la obesidad.

Esta publicación dio pauta a un extrañamiento del núcleo de la sociedad civil de la Alianza a las contrapartes, es decir, la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Además de una carta pública, en reunión advertimos sobre garantías para participar en un ambiente de confianza y seguridad.  Ambas partes, en ese momento se comprometieron a dar respuesta a nuestras peticiones. Sin embargo, cien días pasaron y el silencio dio pauta al rompimiento.

Hablar de apertura significa reconocer que se requieren dos partes y en ese momento entendimos que ya no las había. La preocupación por más participación, por más transparencia, más rendición de cuentas y ampliación del espacio cívico, era solo nuestra.  Por esto, para regresar, se requieren mucho más que palabras, propuestas o compromisos. Esta vez requerimos ver y sentir las condiciones. Necesitamos saber que existe la voluntad e intención para abrirse, para rendir cuentas y sancionar a quienes ven a la sociedad civil como un objetivo de espionaje, igualándonos con criminales.

[1] El compromiso del sistema de consulta de detenidos, si bien avanzó respecto al estado original de las cosas, no se considera como un cumplimiento total en el Plan de Acción por las razones siguientes: a) No se puede verificar la funcionalidad del sistema ya que los datos de entrada se ampliaron respecto a los originalmente planteados por la sociedad civil a la PGR (incluyendo CURP como dato obligatorio) b) Las estadísticas de valor no han sido actualizadas desde el mes de abril de 2016.

[2] Ver carta enviada al STT, disponible en: http://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2015/02/CoalSTTFeb15.pdf

[3] Algunos compromisos del tercer plan incluyeron ciertas líneas de acción para el legislativo y judicial pero el INAI, la institución parte del Secretariado Técnico Tripartita que podría haberles convocado, no lo logró y estás partes no se comprometieron con la Alianza.

[4] Los planes de trabajo son los documentos que fijan los indicadores de gestión y de resultados para cumplir con las líneas de acción y los compromisos pactados en las mesas de trabajo.

[5] Programas de espionaje fueron usados contra promotores de un impuesto a los refrescos en México, disponible en: https://www.nytimes.com/es/2017/02/11/programas-de-espionaje-fueron-usados-contra-impulsores-de-un-impuesto-a-los-refrescos-en-mexico/?mcubz=2

Ana Cristina Ruelas

https://www.sinembargo.mx/author/ana_ruelas

Ana Cristina Ruelas, colabora en la oficina regional para México y Centroamérica de ARTICLE 19. Es abogada y maestra en administración pública y políticas públicas. Se desempeño como Directora Regional y Oficial del Programa de Derecho a la Información en la misma organización y ha trabajado en organizaciones de derechos humanos en México y en Perú en temas relacionados con participación ciudadana y educación para el desarrollo.

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