En todos los 630 casos de ataques documentados en 2023 en todo el mundo, los activistas de DDHH denunciaron daños reales o proyectados relacionados con la empresa; en el 50 por ciento de los casos se mencionó una empresa específica.
Ciudad de México, 12 de mayo (SinEmbargo).– A finales de noviembre de 2023, el cadáver de Higinio Trinidad de la Cruz fue localizado con una herida por arma de fuego. El reconocido ambientalista y líder indígena que luchaba contra la tala y la minería en su territorio fue asesinado en una zona montañosa entre el estado de Jalisco y el de Colima, en el noroeste de México, según la Fiscalía estatal.
Pero Higinio no fue la excepción, sino la regla. En enero de aquel año, el activista Ricardo Arturo Lagunes Gasca y el profesor Antonio Díaz Valencia, líder de la comunidad indígena de Aquila, en Michoacán, fueron reportados como desaparecidos después de que no se supiera nada de ellos durante varios días, luego de salir del auditorio del pueblo de San Miguel Aquila donde habían atendido una asamblea comunal para discutir el conflicto legal que existe por las regalías mineras que se firmaron con la empresa Ternium. Es lo último que sabemos de ellos hasta ahora.
Ahora, un reporte de la Organización No Gubernamental Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (BHRRC), que realiza un seguimiento del impacto de las empresas en los derechos humanos en todo el mundo, registró 630 casos de ataques contra personas que denunciaban los daños relacionados con empresas. “Esto hace parte de un patrón constante y continuo de ataques contra personas DDHH que protegen nuestros derechos y el planeta en todo el mundo, con más de 5 mil 300 ataques registrados desde enero de 2015”, indicó en el documento publicado esta semana.
Más de tres cuartas partes (78 por ciento) de estos ataques, detallaron, fueron contra personas que tomaban medidas para proteger el clima, el medio ambiente y los derechos sobre la tierra. Muchos de estos ataques fueron perpetrados por agentes estatales. Tan solo el año pasado, los 630 ataques registrados contra unas 20 mil personas son “la punta del iceberg”.
En 2023, los países con el mayor número de ataques contra personas DDH que denunciaban el daño corporativo fueron Brasil (68), India (59), México (55), Honduras (44), Filipinas (36), Estados Unidos (27), Irán (24), Colombia (22), Indonesia (18), Uganda (18), Francia (16) y Reino Unido (15).
“Desde que comenzamos a monitorear los ataques en 2015, América Latina y el Caribe y Asia y el Pacífico siguen siendo las regiones más peligrosas” para los defensores de derechos humanos. En 2023, el 41 por ciento de los ataques tuvieron lugar en Latinoamérica (258) y el 30 por ciento en Asia y el Pacífico (195).
LOS DETALLES DE LOS ATAQUES
De acuerdo con el reporte de la organización internacional, de los 162 países que han presentado Revisiones Nacionales Voluntarias en las que se informa sobre el progreso desde 2015, solo tres (menos del 2 por ciento) indicaron que al menos un defensor de los derechos humanos había sido asesinado o atacado. Siete países reportaron cero casos y el 94 por ciento de los países no reportaron ninguno.
Pero, en contraste, solo en 2023, el Centro de Información documentó 87 asesinatos de personas defensoras de DDHH que denunciaron daños corporativos. “Conmemoramos la vida, el coraje y el trabajo vital de estas personas. Los ataques contra ellas deben ser investigados y los autores deben ser llevados ante la justicia. Desafortunadamente, la mayoría de los ataques, tanto letales como no letales, contra las personas defensoras de Derechos Humanos no se investigan o quedan impunes, lo que promueve una cultura de impunidad y alimenta nuevos ataques”, dijeron.
Además de las muertes, los ataques no letales –como la intimidación, las amenazas, la vigilancia, las campañas de difamación y el acoso judicial– suelen ser precursores de estos asesinatos, “por lo que es vital que los estados recopilen datos sobre los ataques contra los activistas y fortalezcan sus mecanismos de protección”. “Los ataques no letales se utilizan para intimidar a estas personas, sus familias y comunidades, detener su trabajo de derechos humanos y pueden tener un efecto disuasorio más amplio en la defensa de los derechos humanos y un impacto negativo en los tejidos sociales dentro de las comunidades”, explica el documento.
Y es que desde 2015, el Centro de Información ha rastreado 4 mil 436 ataques no letales contra personas defensoras de DDHH que denuncian el daño corporativo en 137 países. En 2023, el 86 por ciento de los casos que rastreó la organización fueron no letales, incluidas detenciones arbitrarias (157), violencia física (81), intimidación y amenazas (80), demandas estratégicas contra la participación pública (38) y otros.
La ONG también alertó ante los gobiernos que están “reprimiendo el derecho a protestar en todo el mundo, desde ataques contra los trabajadores de la confección que protestan por un salario digno en Bangladesh hasta personas que toman medidas en apoyo de los derechos palestinos”.
“Muchos estados están adoptando nuevas leyes que restringen la libertad de reunión y utilizan las existentes para reprimir a las personas activistas climáticas, las mismas personas que defienden una transición justa. Casi un tercio de la población mundial vive ahora en países con espacios cívicos cerrados y solo el 2 por ciento de la población mundial disfruta de la libertad de asociarse, manifestarse y expresar su disenso sin restricciones significativas, frente a casi el 4 por ciento de hace cinco años”, un recorte brutal, señalaron.
El año pasado, la organización registró por ejemplo “numerosos casos de ataques contra personas involucradas en la desobediencia civil para instar a la acción climática, incluidas las detenciones de personas defensoras indígenas que se oponían al gasoducto Coastal GasLink en Canadá; las detenciones de decenas de personas que protestaban contra la producción de carbón en Australia; y el acoso judicial a activistas protestando contra el oleoducto Mountain Valley en los Estados Unidos. Es decir: todo el mundo, incluido el así llamado “primer mundo”.
Además, resaltó que el último informe –de febrero de 2024– del Relator especial de las Naciones Unidas sobre Personas Defensores del Medioambiente en Virtud del Convenio de Aarhus, Michel Forst, identificó una tendencia a la represión y la criminalización de la protesta medioambiental pacífica y la desobediencia civil, concretamente en toda la UE, que abarca los medios de comunicación y el discurso político, la legislación y la política, las fuerzas del orden y los tribunales, lo que, según él, es una gran amenaza para la democracia y los derechos humanos.
LOS PERPETRADORES
Los ataques contra las personas defensoras de derechos humanos, nos dice la BHRRC, ocurren en relación con casi todos los sectores empresariales en todas las regiones del mundo. “Desde que comenzamos a rastrear los ataques contra personas defensoras de derechos humanos en enero de 2015, los sectores relacionados con el mayor número de ataques –minería (mil 475), agroindustria (984) y petróleo, gas y carbón (491)– son los que alimentan la crisis planetaria y que tienen una influencia significativa en la justicia de la transición energética”.
Esto, dado su papel en la minería de minerales de transición y la inversión en energías renovables. Este fue nuevamente el caso en 2023, con la minería relacionada con 165 ataques, la agroindustria con 117 y el petróleo, el gas y el carbón con 112. “Dado que la información pública relacionada con las conexiones comerciales con los ataques es limitada y muchos ataques no se documentan, creemos que estas cifras son más altas”, alertó la organización.
Pero, además, muchos ataques “implican la colusión entre el Estado, el sector privado y otros actores no estatales, como el crimen organizado, y ocurren en contextos donde hay altos niveles de impunidad”, incluido México.
“En 2023, los perpetradores directos de los ataques fueron en gran medida actores estatales, siendo la policía y los sistemas judiciales los perpetradores más comunes, seguidos por el ejército y las fuerzas armadas”, revela el reporte.
“Sin embargo, esto no significa que las empresas no hayan estado involucradas en ataques. En todos los 630 casos de ataques documentados en 2023, las personas DDH denunciaron daños reales o proyectados relacionados con la empresa. En el 50 por ciento de los casos se mencionó una empresa específica”, destacó.
El reporte afirma que “las empresas son conscientes, o deberían ser conscientes, de que los críticos de su empresa o industria están en riesgo y deben trabajar para prevenir y mitigar estos ataques”, pero acepta que “los actores del sector privado pueden abusar de los sistemas judiciales en su beneficio, como es el caso de las demandas estratégicas contra la participación pública. En 2023, identificaron 38 demandas que llevan este sello distintivo.
Esto no deja afuera a las empresas de propiedad estatal y controladas por el Estado, las cuales “también son violadoras frecuentes de los derechos humanos, a pesar del deber del Estado de proteger los derechos humanos y de su control adicional sobre las operaciones de estas empresas”.
Por último, la organización remarcó que la magnitud de los ataques contra las personas que defienden los derechos de todos y todas, y el clima, frente a los daños relacionados con las empresas “demuestra el fracaso de los gobiernos a la hora de proteger los derechos humanos, e ilustra cómo la acción voluntaria de empresas e inversionistas es insuficiente para prevenir, detener y remediar los daños”.
“Pedimos a los Estados que cumplan con su deber de proteger los derechos de las personas DDH y a los actores empresariales que respeten los derechos de las personas DDH adoptando medidas inmediatas en relación con estas recomendaciones”, concluye el reporte.
