Las 257 granjas porcícolas en la Península de Yucatán han causado deforestación, daño al suelo, contaminación a acuíferos, malos olores, despojo y afectación al ecoturismo de los cenotes. Del total en la zona, 43 están en Áreas Naturales Protegidas, 122 en sitios de atención prioritaria para la conservación de la biodiversidad y solo 22 cuentan con Manifiesto de Impacto Ambiental, revela un informe de Greenpeace.
Ciudad de México, 12 de mayo (SinEmbargo).– A 50 kilómetros del mar en el poniente de Yucatán, entre canto de aves y gallos, Alberto Rodríguez Pisté, portavoz del consejo maya, compartió vía Zoom que durante años los campesinos, apicultores, pescadores y recolectores de sal habían vivido en armonía y respeto con la naturaleza, “porque de ella recibimos todos los beneficios”, pero la paz se alteró ante la instalación en el municipio de Kinchil, sin ser consultados y mediante despojo de ejidos, de un megaproyecto porcícola denominado Granja de Kekén del Grupo Porcícola Méxicano, que llegó a Yucatán en 1992 y concentra 12.1 por ciento de la producción de carne de cerdo nacional.
“Sabemos cuando las abejas están vulnerables en épocas de frío, más tarde nos dan su preciada miel y nosotros la distribuimos para ustedes. Somos productores de alimentos. Si dejamos de trabajar, la gente de las ciudades dejarían de comer”, recordó el maya.
Este martes Greenpeace México presentó el informe “La carne que está consumiendo al planeta”, el cual revela que en la Península de Yucatán hay 257 granjas porcícolas, el 14.2 por ciento a nivel nacional, lo cual ha causado deforestación, daño al suelo poroso, contaminación a acuíferos, malos olores, ruido, despojo y afectación al ecoturismo de los cenotes. Del total de granjas en la zona, 43 están en Áreas Naturales Protegidas, una en un sitio Ramsar (categoría designada a los humedales de importancia internacional), 122 en regiones de atención prioritaria para la conservación de la biodiversidad, 20 en sitios de conservación y solo 22 cuentan con Manifiesto de Impacto Ambiental. También se detectó que cinco de las ocho muestras de agua rebasan la NOM-O01-SEMARNAT-1996 para la protección de la vida acuática.
“Las autoridades están en complicidad con estas granjas. Hemos puesto demandas ante la Semarnat y Profepa y han hecho caso omiso; nos ponen trabas para que la demanda no fluya. Eso nos hace pensar que quienes nos representan como autoridades ambientales están a favor”, acusó Rodríguez.
ABONO AL CAMBIO CLIMÁTICO
La principal autora del estudio, Viridiana Lázaro, informó que a pesar de que hay casos de coronavirus en algunas granjas porcícolas, siguen produciendo. De 2006 a 2018 la producción porcina de la península aumentó 36 por ciento, y solo en 2018 se sacrificaron más de un millón 875 mil animales en la Península (93 por ciento correspondió a Yucatán, 4 por ciento a Campeche y 3 por ciento a Quintana Roo).
“Hay aspersores en el corazón de la selva que vierten agua contaminada de las granjas al suelo (con heces, medicamentos…), y además de contaminarlo está secando la vegetación. Los residuos se infiltran al subsuelo y a los acuíferos porque es muy poroso”, dijo la especialista en agricultura y crisis climática. “Para construir las granjas se han deforestado 10 mil 900 hectáreas de selva en la Península, donde viven el jaguar, el mono araña, el loro yucateco y sirve como sumidero de carbono al absorber gases de efecto invernadero para disminuir calentamiento global, y eso es lo que nos estamos acabando”.
La magnitud de las emisiones de CO2 de las granjas porcícolas en la península de Yucatán equivale a las emisiones anuales de más de 3 millones 600 mil vehículos en México. Asimismo, la utilización de estiércol en las granjas porcícolas produjo lo que equivale a la cantidad de emisiones de CO2 resultado de la generación de electricidad en todo el Estado de México, documenta el informe.
“Es extremadamente preocupante que sabiendo el daño de la industria la Secretaría de Agricultura sigue interesado en apoyar su crecimiento y su exportación –sin la competencia de China por la pandemia– a otros países en detrimento de los recursos naturales de nosotros los mexicanos y la salud de las comunidades mayas”, acusó Lázaro.
La infraestructura nacional de Kekén está conformada por granjas con 70 mil hembras productivas, dos mataderos y plantas de procesamiento con ventas directas para exportación y mercado interno, capacidad de sacrificio diario de 5 mil cerdos y 180 mil toneladas de carne de cerdo anuales. Y planea seguir creciendo, ya que sus objetivos para 2020 son llegar a 600 tiendas Maxicarne, tener 120 mil hembras en producción y obtener 340 mil toneladas de carne de cerdo al año, documenta Greenpeace México.
Al duplicarse la producción también se duplica la deforestación, la contaminación del agua, la emisión de gases de efecto invernadero, el ruido y el mal olor en la selva maya, un reservorio de biodiversidad que protege el suelo, genera agua para consumo humano y para riego, suministra oxígeno y capta CO2, aporta recursos vegetales y animales y es hábitat de un sinfín de especies de flora y fauna, hongos y microorganismos.
“Extraen grandes cantidades de agua (más de 150 mil litro de agua por día, calculan) que cuando se mezcla con alimentos de cerdos y excremento se devuelve a los acuíferos sin ningún control de las autoridades ambientales. ¿Cuánto pagan por usar el agua, quién les cobran o la usan de manera gratuita? Y nosotros los verdaderos dueños del agua nos la cobran”, aseveró el vocero del consejo maya, Alberto Rodríguez.
“¿QUIÉN VENDIÓ LOS EJIDOS?”
Además de la deforestación, el informe de Greenpeace México documenta casos de despojo a ejidatarios, como Manuel Casanova, un apicultor maya desde niño desplazado por la granja porcícola Kekén del Grupo Porcícola Méxicano.
“Kekén nos está invadiendo los terrenos, ya fui al Ministerio Público, a presidencia municipal, a los comisarios, a asambleas, a Semarnat”, dijo con cubrebocas. “¿Quién vendió los ejidos?, ¿qué autoridad nos puede respaldar? Queremos respuestas prontas, la miel es demandada mundialmente. Te quitan tu tierra porque te la quitan. Todo lo que digo no es mentira”.
De las granjas porcinas identificadas para la península, 86 por ciento se localiza en territorios indígenas hablantes de maya, cuyos habitantes sufren los efectos adversos de la contaminación, impidiendo su derecho a gozar de un ambiente sano y hay quejas de personas que tienen sus parcelas cerca de las granjas, quienes sufren la contaminación de sus tierras y, por añadidura, presiones para que desalojen sus tierras en algunos casos.
Casanova contó que ante el despojo de tierras y, en un ambiente contaminado, la aparición de animales muertos, se han dado enfrentamientos entre los campesinos al intercambiar señalamientos sobre quién vendió los terrenos y quién mató al ganado.
“Soy pobre, vivo del monte y un poco de la pesca. Todo esto está paralizado ahorita. Ahorita en Yucatán no nos quieren ayudar”, aseguró.
La abogada Lourdes Medina, de Indignación AC, concluyó asegurando que los testimonios muestran el despojo que están sufriendo los pueblos mayas por las granjas de cerdos, lo cual es un reflejo de una serie de megaproyectos asentados en la Península de Yucatán que están vulnerando los derechos humanos al medio ambiente y al territorio.
En 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso de una granja porcina ubicada en la reserva geohidrológica en el Anillo de Cenotes en Homún, Yucatán. Las organizaciones y la comunidad afectada denunciaron los impactos, así como de otras granjas porcinas en el estado, al derecho al agua, al medio ambiente sano, a la salud, derechos de la niñez y a una vida digna.
Además, denunciaron irregularidades en la aprobación de las manifestaciones de impacto ambiental. El caso es trascendente, destacó Medina, porque permitiría a la Corte decidir sobre los criterios del principio precautorio en materia ambiental.
