El líder sindical Muñoz Mosqueda fue asesinado a balazos la tarde de ayer en la zona sur de Salamanca, Guanajuato. Hoy fue hallada una manta donde presuntamente el Cártel Jalisco Nueva Generación se atribuiría el crimen.
Ciudad de México, 12 de mayo (SinEmbargo).– Una manta en la que presuntamente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se adjudicó el asesinato de Gilberto Muñoz Mosqueda, ex secretario nacional del Sindicato de la Industria Petroquímica, Similares y Conexos de la República Mexicana (SIPSCRM), fue encontrada esta mañana en un puente sobre la carretera Salamanca-Valle de Santiago, en Guanajuato.
Muñoz Mosqueda fue asesinado a balazos la tarde de ayer en la zona sur de Salamanca. Tenía 83 años de edad. Aun con vida, después del ataque el líder nacional por casi cincuenta años fue trasladado a las instalaciones de la Cruz Roja de la avenida Faja de Oro, sin embargo al llegar ya había fallecido a consecuencia de las heridas de bala, según confirmaron los paramédicos.
De acuerdo con información publicada en medios nacionales, la manta fue encontrada en el puente que lleva a la División de Ingenierías de la Universidad de Guanajuato, en ella, el grupo delictivo se habría atribuido el asesinato.
El mensaje decía “Te dijimos Gilberto Muños Mosqueda que con la empresa no se jugaba (sic.)”.
El mensaje también contenía amenazas contra el ex Alcalde de Salamanca, Antonio Arredondo, la Presidenta Municipal, Beatriz Hernández y al ex comisario Juan Duarte Ramírez.
PERFIL
Gilberto Muñoz Mosqueda nació en San Juan del Río, Querétaro, el 30 de diciembre de 1935. Hizo una carrera política en Guanajuato, como diputado local y federal, y fue miembro del Senado. Actualmente se desempeñaba también como Secretario General Sustituto de la CTM.
Era hermano de Carlos Muñoz Mosqueda, líder regional de la FROC CTM en Salamanca-Valle de Santiago.
La fortuna de Gilberto Muñoz Mosqueda se estima en más de 90 millones de dólares, tras casi 50 años a cargo del sector química, petroquímica y carboquímica.
En 2004 fue denunciado ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por haber ejercido doble función de patrón de la empresa Soluciones Químicas para el Campo y la Industria y dirigente sindical, y por haber cometido fraude contra los trabajadores por más de 50 millones de pesos.
Ambos amasaron una fortuna a lo largo de estos puestos.
