La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) subrayó que los hechos delictivos que llevaron a la desaparición del joven y al despertar de la indignación nacional siguen en impunidad, debido a que los policías que presuntamente lo agredieron continúan libres y en activo.
Ciudad de México, 12 de mayo (SinEmbargo).- Marco Antonio Sánchez Flores, estudiante que estuvo desaparecido seis días tras ser detenido y golpeado por policías de la Ciudad de México el pasado 23 de enero, salió del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) este viernes y fue trasladado a otra residencia, donde continuará su tratamiento médico con la supervisión de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
“Se reconoce que a más de tres meses de internamiento hospitalario se ha logrado la mejoría en su condición física, por lo que ahora necesita otra modalidad de tratamiento y nuevos dispositivos de apoyo que garanticen su completa recuperación”, precisó la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
En un comunicado, informó que todavía no se cuenta con las condiciones para que el alumno de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) No. 8 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pueda rendir su declaración ministerial, por lo que las organizaciones buscan que se cumpla con el “Protocolo de actuación judicial en casos de niñas niños y adolescentes” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual establece la protección especial en el proceso judicial evitando su revictimización, que incluiría la declaración videograbada, considerarla como prueba anticipada y realizada por personal capacitado.
“Los hechos delictivos que llevaron a Marco Antonio a estar desaparecido y despertar la indignación nacional sigue en impunidad. Los policías agresores siguen libre y en activo, la investigación local no ha aportado ninguna evidencia sobre lo acontecido los seis días de la desaparición del adolescente y la policía de la ciudad se mantiene en la posición de reducir a un error de protocolos, sin reconocer el actuar delictivo de sus elementos. La Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía sobre Desaparición Forzada tiene abierta una carpeta de investigación con diversas actuaciones”, señaló la Redim.
Marco Antonio Sánchez Flores fue detenido en El Rosario, Delegación Azcapotzalco, el pasado martes 23 de enero, mismo día en el que ya no se supo nada sobre su paradero. Hasta seis días después que el joven fue localizado en Tlalnepantla, Estado de México, a 26.6 kilómetros de distancia del punto en el que policías de la Ciudad de México lo subieron a una patrulla.
Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la capital, anunció esa noche en conferencia de prensa que Marco Antonio se encontraba con vida y que había sido visto por ciudadanos, que dieron anuncio a las autoridades. Ante dicha situación, se le envió una foto a la madre, quien terminó por confirmar que era él.
Ese día también fueron compartidas fotos del menor de edad, en las que se apreciaba una transformación después de su encuentro con agentes policiacos de la capital. Tras la detención y la golpiza, Marco Antonio anduvo por las calles, errático. Las imágenes difundidas por la autoridad mostraban a un chico perturbado, muy distinto al que aparece en las que previamente fueron compartidas por la familia.
El joven que sufrió severos daños físicos y psicológicos ingresó al Instituto Nacional de Pediatría y posteriormente en el Instituto Nacional de Neurología para iniciar su recuperación.
La familia de Marco Antonio Sánchez informó el pasado 2 de febrero que no tenía acceso al expediente clínico del muchacho, pues señalaron que existía “una resistencia para que la familia tenga copia física e íntegra de los resultados, para que la familia lleve sus estudios con cualquier médico independiente”, según declaró Margarita Griesbach, Directora asociada de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia AC.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el pasado 2 de abril medidas cautelares al Estado mexicano por considerar que la integridad, la vida y la salud de Marco Antonio seguían en riesgo. A través de la Segob se realizaron diálogos con las autoridades médicas, las organizaciones defensoras, la familia y el propio Marco Antonio.
En tanto, Edith Flores, la madre del adolescente, denunció a finales de abril que entre las autoridades del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) había presión para dar de alta al joven.
“Después de tres meses, mi hijo más o menos trata de coordinar sus ideas, pero no puede, está mal, no puede salir del hospital. Está bien físicamente, pero mentalmente no, pero al subdirector le urge echarlo”, subrayó.
Desde la explanada de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde encabezó un mitin la mañana del jueves, aseguró que Jesús Ramírez Bermúdez, Subdirector del INNN, informó a un juez sobre la pretensión de entregar a Marco Antonio con sus familiares.
