Es de sobra conocido que algunas personas temen que el Presidente mande al diablo a las instituciones nacionales animado por la desconfianza generalizada que éstas producen. Poco se menciona la desvergüenza y la frecuencia con que las instituciones, particularmente las locales se mandan ahí por sí mismas. Por ejemplo, esta semana el Congreso de Yucatán optó por mandarse públicamente al diablo sin pudor o rubor.

Tras meses de postergar su discusión, una iniciativa para adaptar las leyes locales con el fin de reconocer plenamente el matrimonio igualitario fue votada el miércoles pasado en el Congreso de ese estado. De última hora, el presidente de la mesa directiva (Enrique Castillo Ruz, PRI) anunció al público asistente que el mecanismo empleado para votar esta iniciativa sería “por cédula”; es decir, depositando papelitos anónimos en una urna. 15 diputadas o diputados votaron en contra del matrimonio igualitario y 9 lo hicieron a favor. De esta forma, a escondidas y sin justificación presentable, el Congreso de Yucatán decidió que en ese estado hay ciudadanos de segunda desacatando lo determinado por la SCJN  y desestimando lo recomendado por los organismos defensores de derechos humanos más prestigiados –como la ONU o la CIDH-  

Para entender lo ocurrido esta semana en el Congreso de Yucatán, es necesario notar que en 2016 fue presentada una iniciativa para modificar las normas locales, pero esta fue congelada sin mayor explicación por quienes integraban el Congreso en aquel entonces. En primera instancia, las diputadas y diputados actuales intentaron desviar la atención del tema para evitarlo. Sin embargo, la creciente presión social constituida por un público cada vez más liberal e informado, por medios de comunicación proderechos y por grupos de jóvenes activistas emergentes logró que la actual legislatura local se viera obligada a discutir y a votar esta iniciativa. 

En ese contexto, las diputadas y diputados locales intentaron evadir su responsabilidad de decidir aludiendo a que tendrían que “consultar” al público su opinión sobre este tema. Dado que es fácil ver que los derechos humanos NO son sujetos de consulta, este amago inaceptable tan sólo contribuyó a aumentar la presión hacia los legisladores que, desesperados, propusieron al cuarto para la hora un micrositio en internet para “recabar opiniones” y aclararon que éstas no incidirían en el sentido de su voto. Ante este sinsentido, los reclamos y la presión, con justa razón, tan sólo se intensificaron.

Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN) y Felipe Cervera Hernández (PRI), coordinadores de sus respectivas bancadas, se encontraron entonces ante un dilema. Por un lado, ya sea por convicciones homofóbicas o la cercanía de grupos antiderechos, la Diputada y el Diputado no estaban en la disposición de modificar las leyes para garantizar plenamente el derecho al matrimonio igualitario. Pero Díaz Lizama y Cervera también sabían perfectamente de que su rechazo a adaptar las leyes locales implicaría un costo político enorme. Y es que la ola proderechos en Yucatán ha crecido exponencialmente en los últimos meses. Como consecuencia de este fenómeno, es difícil pensar en alguna persona más desprestigiada en el Congreso local que Díaz Lizama, cuya cercanía con grupos antiderechos -como el FNF- es de sobra conocida. 

Ante el evidente y creciente costo político implicado, la coordinadora panista y el coordinador priista buscaron evitar a toda costa que sus compañeras y compañeros de bancada o sus partidos fueran etiquetados como antiderechos. El mecanismo de voto secreto utilizado el miércoles pasado fue el “as” que acordaron sacarse de la manga para estos efectos. Y es que este mecanismo existe principalmente para votar anónimamente los nombramientos de integrantes de organismos autónomos -lo que es, de suyo, polémico- y, por ende, no cabía su utilización en el caso del matrimonio igualitario. Esto fue señalado oportunamente en la sesión de hace un par de días por la Diputada Silvia López de Movimiento Ciudadano, quien pidió someter a votación el método de votación a utilizarse. 

Sin embargo, Martin Enrique Castillo (PRI), presidente de la mesa directiva, se amparó en la ambigüedad del reglamento y justificó su decisión de utilizar esta herramienta alegando que tiene “la obligación de velar por los diputados” y que la legislación le faculta para privilegiar los intereses generales a los de grupo y para que cada Diputado pueda expresarse libremente evitando “amenazas”. Visiblemente alterada, Rosa Adriana Díaz Lizama exigió públicamente que se “respetara” la decisión de votar secretamente.

Es fácil ver que un planteamiento de esta naturaleza es antidemocrático, mezquino e impresentable. El matrimonio igualitario es, evidentemente, un tema polémico. Basta ver al grupo de mujeres que, arrodilladas con rosario en mano, rezaban en el Congreso para que no se aprobara esta iniciativa casi al lado del grupo de jóvenes activistas con banderas y pancartas para notar la polarización que éste ha generado. Quizás la parte más importante de esta polarización se ha dado en redes sociales, donde tanto las agresiones homofóbicas como la exigencia por el respeto de los derechos de todas las personas alcanzaron nuevos tonos y volúmenes esta semana. 

Sin embargo, a pesar de la polarización, en Yucatán no hay registro de ningún ataque o de algún peligro real para las diputadas y diputados. Lo que sí hay es el derrumbe de una barrera que separaba a personajes encapsulados y no acostumbrados a los reclamos de una parte del público cada vez más informada, integrada principalmente por las personas más jóvenes. En este contexto, el presidente de la mesa directiva del Congreso de Yucatán pareció vivir un arranque involuntario de sinceridad cuando dijo que la razón principal para que el voto fuera secreto era evitar la “presión social” hacia los diputados locales.  ¡Vaya concepción de democracia!

De esta forma, cada representante pasó a depositar su papelito. Rosa Adriana Díaz Lizama, la misma que exigió el voto secreto y posteriormente solicitó que se retirara a medios de comunicación cercanos a la tribuna para que no pudieran registrar la forma en que cada representante votaba, mostró al público el sentido de su voto: en contra, desde luego. Esta vapuleada Diputada plurinominal panista estaba visiblemente envalentonada. Sabía lo que vendría. Apenas unas horas antes lo había insinuado en Facebook a través de un meme de Santa Claus sobre la que escribió “Y que se me aparece Santa Claus en plena primavera. Dirá Jo Jo Jo, O Ja Ja Ja? (sic)”. Finalmente, los votos fueron contados y se anunció que el dictamen había sido rechazado. 

Fue así, contra viento y marea, que los grupos antiderechos yucatecos lograron su objetivo y celebraron su “triunfo” entre gritos, como si algo hubieran ganado. Fue así, decidiendo en secreto que las personas yucatecas LGBTI son ciudadanas de segunda mediante un probable acuerdo avalado por el Gobernador Mauricio Vila, que hubo “Santa Claus”, “Ja Ja Ja” y “Jo jo Jo” para Felipe Cervera y para Rosa Adriana Díaz Lizama. Fue así, ante los ojos de quienes quisieron ver, que el Congreso de Yucatán terminó mandándose al diablo esta semana. 

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Antonio Salgado Borge

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Candidato a Doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Cuenta con maestrías en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y en Estudios Humanísticos (ITESM). Actualmente es tutor en la licenciatura en filosofía en la Universidad de Edimburgo. Fue profesor universitario en Yucatán y es columnista en Diario de Yucatán desde 2010.

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