Vecinos del municipio de Lerma afectados por la empresa Autovan-Teya, filial de Grupo Higa, temen que más casas sean destruidas por el paso de la carretera Toluca-Naucalpan. ¿A quién han beneficiado las autoridades del Estado de México?
San Franciso Xochicuatla, Estado de México, 12 de abril (SinEmbargo).– Los habitantes de la comunidad San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México, anuncian resistencia pacífica luego de que ayer por la mañana 700 elementos policiacos arribaran al pueblo con el propósito de demoler una casa, como parte del proyecto carretero Toluca-Naucalpan de Grupo Higa.
Sin orden judicial, representantes del Gobernador del Estado de México, el priista Eruviel Ávila Villegas, se presentaron en el poblado de no más de 6 mil habitantes, ubicado dentro del municipio de Lerma.
En una mañana, la familia García vio esfumarse los bienes que había acumulado durante toda su vida. Alrededor de las 10:30 horas la llegada de la fuerzas de seguridad ya conformaban una valla serpenteada sobre el cerro donde vivía el doctor Armando García, una de las tres autoridades locales.
“Subieron cuatro camionetas 4×4 y nosotros nos quedamos ahí en la casa. Y en eso vimos como una máquina empezó a llegar. Yo me subí al tercer nivel y en eso empezaron a patear la puerta. Se escuchaba mucho ruido “, relató Selene Romero Gil, familiar del afectado, en entrevista con SinEmbargo.
El lugar en la mayoría de habitantes se dedica a la albañilería o al trabajo del campo fue tomado por sorpresa, sin opciones a auxiliar a los miembros de la comunidad afectados.
“Yo venía de trabajar, a eso de las 12 y media, cuando me percaté de que había muchos elementos de seguridad”, dijo Luis Antonio Baltazar Lucas, oriundo del sitio.
Entre 40 y 50 personas, entre ellas niños y ancianos, fueron desalojados a la fuerza, de acuerdo con testigos.
“Nos vinieron a provocar. Y una mujer policía me pateó”, dijo María Isabel Hernández García, miembro del Consejo Supremo, el órgano de autoridad local.
El desplome de la edificación conocida por los lugareños como “El castillo” fue lento.
“Ya no nos dejaron hacer nada mientras la derrumbaban. Después, desde una capilla que estaba arriba de la casa [colina arriba], empezaron a tirar gas lacrimógeno, lo que hizo que la gente corriera”, relató Romero a punto de llorar.
Más de dos horas tardó la maquinaria custodiada por la policía estatal en transformar el paisaje en nada más que escombros. Un hecho que acusaron los vecinos es ilegal, ya que en febrero se interpusieron dos amparos aún no resueltos: el registrado con el número 1117/2015 y también el 1123/2015.
No obstante, una persona que se presentó como Luis Enrique García encabezó las obras de derrumbe tan sólo con el decreto de expropiación, acusaron los vecinos.
¿Y LA CNDH?
Sergio García, hermano de Armando, lamentó el papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que tiempo atrás había otorgado alarmas de pánico por la resistencia pacífica que lleva más de siete meses en contra de la carretera de Autovan-Teya, filial de Grupo Higa.
“Las sonamos pero no llegaron en nuestro auxilio, sino hasta muchas horas después”, dijo a este medio.
Los habitantes apuntaron que esta sería la cuarta casa demolida y que la última construcción fue removida en julio. Sin embargo, en todos los casos anteriores decidieron vender en vez de oponer resistencia.
Esta amenaza a los bienes patrimoniales que siguen en el trazo de la carretera, dijeron, no han querido ser atendidas por las autoridades municipales.
“Desgraciadamente aquí está gobernando el PRI [Partido Revolucionario Institucional] Y sabemos que es Peña Nieto, y aquí nunca ha habido ningún apoyo. Y aquí en la comunidad, Mario Villavicencio, el ex presidente de Bienes Comunales apoyó estas obras a espaladas de la población en el trienio pasado”, dijo Sergio García.
Tras la retirada de los policías al filo de las cinco de la tarde, vecinos y voluntarios llegados de la Ciudad de México ayudaban a la familia afectada a buscar objetos de valor entre los escombros.
“De aquí no nos vamos a ir. Vamos a seguir con el campamento de resistencia pacífica”, dijo Romero. Hasta ahora los turnos de personas en resistencia oscilan entre las 20 y las 50. Familiares aseguraron que esperan que una denuncia interpuesta en la Procuraduría General de la República (PGR) esta tarde provoque la reparación de los daños causados.
Organizaciones civiles nacionales e internacionales condenaron las acciones de “represión y desalojo cometidas” en contra de los pobladores de San Francisco Xochicuautla y exigieron que se respete la suspensión de las obras concedida al pueblo otomí.
“Éste tipo de actos no solo constituyen graves violaciones a los derechos de libertad de expresión, de reunión y protesta, sino que además se enmarcan en un contexto de represión en contra de pueblos indígenas que defienden sus derechos frente a la imposición de megaproyectos en México y de la habilitación de legislaciones que permiten, como en el caso de la Ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México, denominada ‘Ley Eruviel’, habilitar el uso de la fuerza, incluso letal, en contextos de manifestación pública”, señalaron a través de un comunicado las organizaciones que conforman el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS).
El pasado 9 de julio, el Presidente Enrique Peña Nieto firmó un decreto para expropiar casi 38 hectáreas de uso común del pueblo otomí de San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México, para la construcción de una autopista privada, pese a la oposición de la comunidad. Los pobladores consideran que la obra, concesionada a una empresa del Grupo Higa, violaría sus derechos como pueblo indígena, pues no se les consultó sobre el proyecto. La construcción de la obra fue cedida en abril de 2007 y desde entonces la comunidad ha mantenido una resistencia contra el proyecto, en busca de su cancelación definitiva.
