De acuerdo con el Comisionado, el desvío de recursos en Segalmex, Diconsa y Liconsa asciende a más de 15 mil millones de pesos, es decir, más del doble que la Estafa Maestra.
Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a Diconsa que busque y dé a conocer la información de la compra de 20 mil toneladas de leche en polvo en 2022, relacionada con el desvío de recursos de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) por más de 15 mil millones de pesos.
A través de un comunicado, el INAI le ordenó a Diconsa que presente los papeles de los contratos, los comprobantes de pago, las facturas y los demás documentos que comprueben la compra de 20 mil toneladas de leche en polvo en 2022.
El Comisionado Adrián Alcalá Méndez detalló que este caso se relaciona con el desvío de recursos públicos en Segalmex, Diconsa y Liconsa que, de acuerdo con el reporte de la cuenta pública de 2021 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), asciende a más de 15 mil millones de pesos, esto es, el doble de los recursos públicos desviados en la Estafa Maestra.
“Estas observaciones realizadas a Diconsa incluyen conceptos como falta de toma física de inventarios, salidas sin facturar de mercancía, inventarios faltantes, pagos no acreditados por servicios de subcontratación, adeudos sin recuperar de exfuncionarios, impuestos y productos caducos, lo que ha generado también la presentación de diversas denuncias por parte de la Fiscalía General de la República, la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública”, precisó Alcalá Méndez.
Por su parte, Diconsa se declaró incompetente para conocer la información y sugirió dirigir la petición a Linconsa. Aunado a ello, declaró la inexistencia de los documentos.
Sin embargo, el Comisionado Alcalá señaló que Segalmex, Diconsa y Liconsa tienen el mismo cuerpo directivo, por lo que la información estaría en cualquiera de las tres dependencias, pues están administradas por un solo director. Por lo tanto, el pleno del INAI revocó la respuesta de Diconsa y le instruyó hacer una búsqueda exhaustiva y efectiva de la información solicitada, a fin de proporcionar los documentos de la compra de 20 mil toneladas de leche en polvo.
Este caso se relaciona con el desvío de recursos en @SegalmexDiconsa y Liconsa, que asciende a más de 15 mil millones de pesos: @AdrianAlcala75
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— INAI (@INAImexico) March 12, 2023
FGR OBTIENE 22 ÓRDENES DE APREHENSIÓN
El pasado 9 de marzo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que cuenta con órdenes de aprehensión en contra de 22 personas por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado en el desfalco multimillonario al patrimonio de Segalmex.
En un comunicado, la dependencia dio a conocer que el Juez Federal de Control en turno, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, en Almoloya de Juárez, otorgó las solicitudes para la detención de las 22 personas referidas.
Entre los presuntos responsables hay 12 funcionarios de la paraestatal; cuatro pertenecen a las empresas con las que se coludieron; y seis más fueron los beneficiaros de los recursos de Segalmex que fueron desviados.
“Todo ese grupo de presuntos responsables de los delitos citados, celebraron contratos ilegales y pagos ilícitos por la cantidad de 142 millones 440 mil 883 pesos, por una supuesta adquisición de siete mil 840 toneladas de azúcar, que se utilizarían en beneficio de la población del país y las que nunca pudieron probar que las habían entregado legalmente a dicha empresa estatal”.
El INAI ya había ordenado el pasado 14 de noviembre a Segalmex dar a conocer el número de denuncias interpuestas ante la FGR por la falta de casi 900 millones de pesos pagados a empresas que no prestaron sus servicios o dejaron de hacerlo, lo cual fue detectado en ejercicios de auditoría.
El Instituto de Acceso a la Información había detallado en un comunicado que la dependencia debía indicar el número de carpeta de investigación iniciada; las acciones jurídicas para recuperar los recursos; la cantidad de demandas mercantiles presentadas, señalando el número de expediente y autoridad que conoce del asunto.
Al respecto, también informó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) tenía abiertos 618 expedientes de investigación por presuntas responsabilidades administrativas y que alrededor de nueve mil 500 millones de pesos estaban en proceso de revisión, aclaración, documentación o, en su caso, recuperación.
