La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México hizo un movimiento temerario el domingo 07 por la noche. A partir de una orden cateo -librada por algún Juez con igual capacidad de clarividencia que lxs fiscales- un grupo de la Policía de Investigación irrumpió en una casa de Polanco para encontrar y decomisar “objetos aptos para agredir” que serían utilizados al día siguiente en la marcha del Día Internacional de la Mujer. La intención era diluir una tremenda conjura feminista contra la paz y la tranquilidad que imperan en tiempos de cuarta transformación.

Nada peor que el “derecho penal del enemigo” como aderezo del pánico moral que generan ciertos sujetos, colectivos y movimientos a la clase política. Esta doctrina busca generar un sistema o sub-sistema penal de excepción para ciertos sujetos especiales en la ley. En México el típico demonio o enemigo es el etéreo “crimen organizado”. Quien caiga en esa categoría no goza de ciertos derechos y garantías que el resto de las personas procesadas. No sobra decir que esas personas o grupos, prácticamente exentos de protección legal, son funcionales políticamente para marcar un “ustedes” y “nosotros”. Para los gobiernos de este país (federal y estatales) ese enemigo es, hoy, el movimiento feminista.

Uno de los aspectos puntuales de esta doctrina es la investigación y persecución de los llamados “actos preparatorios”. Bajo la perspectiva del derecho penal del enemigo se busca “prevenir” ciertas conductas castigándolas ante de que se desarrollen y consuman en algún delito más grave. Como ejemplo tenemos que basta con ir a comprar algunos materiales  identificados para fabricación de bombas caseras -por ejemplo, fertilizantes- para convertir a una persona en sospechosa y hasta previsiblemente responsable de estar fraguando actos de terrorismo. En este contexto, cualquier Gobierno presenta como un éxito en la “lucha frontal” contra el terrorismo o el narcotráfico el haber diluido cualquier posibilidad de causar un daño mayor.

Es lo que ridículamente se trató de presentar como una estrategia de “inteligencia” el domingo pasado. Más bien lo que configuró fue una de carácter propagandístico con miras a construir un nuevo enemigo público. Así las cosas, el Gobierno echó manó de las estrategias jurídicas más autoritarias y cuestionables para generar un ambiente de animadversión en contra del movimiento feminista de cara a las manifestaciones de 8 de marzo. No hubo detenidas en ese cateo, pero lo que se buscaba era transmitir la idea de que alguna conspiración contra el “Gobierno de la transformación” se estaba fraguando. Nueve bombas molotov, cinco puntas, cinco marros, seis petardos y “vegetal verde con características propias de la mariguana con un peso aproximado de 18 kilogramos” fue el saldo del exitoso cateo. A decir de las autoridades “el trabajo de inteligencia […] tiene como objetivo, proteger a la ciudadanía y a los asistentes a la marcha de este 8 de marzo”.

El tema no es menor aunque fue prácticamente nublado por los hechos represivos del día siguiente. La FGJ-CdMx utilizó nuestros recursos públicos en desentrañar imaginarias conjuras para darle gusto al Presidente, “demostrando” que sí hay “mano negra” detrás de la movilización feminista. Ajustar la realidad a punta de pistola. Garantizar que la realidad se distorsione y contorsione lo más posible. Faltaba más… La patria es primero y esta es una “lucha frontal” contra el conservadurismo.

Pero el extraño cateo el preámbulo de algo más lamentable. Las tácticas policiales desplegadas el día 08 nos remitieron al mancerismo de 2013-2014. “No hubo detenciones (en la Ciudad de México)”, dicen por ahí. Pero sí hubo encapsulamientos “preventivos”, gases irritantes y hasta proyectiles lanzados desde atrás de la valla policial. También hubo agresiones contra las periodistas que cubrieron la manifestación, desde detenciones arbitrarias hasta agresiones físicas.

Y después las mentiras. Contradiciendo toda la documentación audiovisual, la Subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad capitalina salió a defender el actuar policial y a negar el uso de gases y proyectiles. “Infiltrados”, “actos vandálicos”… que comience la cumbia de la conspiración. Otra vez a distorsionar la realidad y meterla en sus estrechos contornos discursivos para ganar legitimidad y negar la arbitrariedad y el abuso. El mal, siempre, está allá afuera.

Mientras tanto el Gobierno de Aguascalientes acusó a nueve personas detenidas de los delitos de daño a las cosas, lesiones dolosas y resistencia a la autoridad por hechos ocurridos el día de la manifestación. Las detenciones ocurrieron cuando prácticamente la manifestación de seis mil mujeres se había diluido y después de que la Policía E/statal cargó de manera violenta contra ellas. En un video aparece el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal gritando “a chingar su madre” y dando órdenes para reprimir. La estrategia de comunicación fue a misma: justificar la represión caracterizando de manera negativa la protesta y a quienes protestan.

Al día siguiente, 9 de marzo, en la palestra presidencial de las mañanas no se cambió un ápice la actitud. El Presidente que ha recorrido prácticamente todo el país no llamó a atender las demandas de quienes se manifiestan y se centró en los hechos violentos sucedidos afuera de Palacio Nacional. Estos actos, realizados por unas cuantas personas, dotaron de un efectivo artefacto para seguir en la espiral de la conspiración en contra de todo el movimiento.

Además del movimiento feminista, el blanco de la manipulación oficial fue la Brigada Humanitaria Marabunta. Reclamándoles que “no vieron” cómo se intentó quemar a las policías que cercaron el Palacio Nacional, el Presidente les tildo de hipócritas. Sí lo vieron y antes de ello trataron de evitar por todos los medios a su alcance que se escalara la violencia. Pero eso no se dice porque no se ajusta al discurso oficial.

La clase política está atrincherada en sus privilegios, haciendo los énfasis en las formas de protestar pero nunca en la causas. Todos los gobiernos de todos los colores han creado enemigas imaginarias para aventarles dardos discursivos y legales, borrando del mapa sus exigencias, y manteniendo el pacto de impunidad para feminicidas y agresores. Estos días fueron los gobiernos federal, de la Ciudad de México, Puebla y Aguascalientes. El año pasado también fueron los de Jalisco, Guanajuato y Estado de México.

Así las fiscalías que a duras penas resuelven feminicidios y otros actos de violencia contra las mujeres, pueden “descubrir” la preparación de atroces actos vandálicos para el día siguiente (Ciudad de México) o construir una acusación contra 08 manifestantes (Aguascalientes) por pintar bardas. Por su parte, la policía que nunca previene ningún delito ni encapsula a agresores sexuales en la vía pública, mucho menos gasea a feminicidas que se resisten a ser detenidos; fue pertinaz en su violencia para intentar disuadir una y otra vez las manifestaciones mediante actos de uso de la fuerza.

No, el Estado no protege a las mujeres en este país. Las estigmatiza cuando protestan y las reprime. Las persigue cual delincuentes. De ese tamaño es nuestro problema de discriminación y violencia estructural contra ellas. De esa magnitud es el miedo al movimiento feminista.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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