En 2006, cuando Josefina Vázquez Mota estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), se cometió un millonario fraude con los fondos del Programa de Vivienda Rural, que beneficiaría a cerca de 5 mil 500 familias, dice la periodista Marcela Turati en un reportaje publicado por la revista Proceso.
Los partidos crearon al vapor organizaciones fantasma y apuntaron a los presuntos beneficiarios, pero lo cierto es que los recursos se destinaron a las campañas electorales de ese año, incluyendo a la de Felipe Calderón, agrega.
“Dijo el señor que vino hace cinco años que habrá que esperar a que nos den la casa porque dijeron que lo habían robado; quién sabe quién lo robó, pero aquí seguimos esperando”, explica, desde la caseta telefónica de su pueblo, el campesino mixe Fidel Rojas, sostén de una de las miles de familias damnificadas por el fraude del Programa de Vivienda Rural, de la Secretaría de Desarrollo Social, en 2005.
El programa, en vez de beneficiar a los sin techo más pobres, fue canalizado hacia las campañas políticas de 2006, dice Proceso.
Fidel y su esposa Donata trabajaron seis años para construir el cuarto de adobe donde viven con sus dos hijas, lo que les permitió deshacinarse de la casa del suegro. Fantasean con que algún día volverá el señor que les prometió una casa de material, de ésas con cemento colado, grava y tabiques.
Donata Robles López aparece en el padrón que en 2005 presentó la Federación Nacional de Productores Agropecuarios, Forestales y Pesqueros, AC (Fenpa) ante Sedesol para tramitar, a través del diputado panista José Luis Preciado, recursos del Programa de Vivienda Rural (PVR) que nunca llegaron.
Preciado no fue el único legislador tramitador; formaba parte de una camada de legisladores panistas de Sonora, Veracruz, Hidalgo, Oaxaca y Puebla que aprendieron a ordeñar los programas sociales.
Las reglas de operación de Vivienda Rural fueron modificadas justo un año antes de las elecciones de 2006, cuando Josefina Vázquez Mota era titular de la Sedesol. Los cambios permitieron entregar recursos a las organizaciones campesinas que los legisladores de cualquier partido solicitaran, señala el reportaje que aparece esta semana en la revista Proceso 1841.
